Tres recursos de casación deberán ser analizados por los jueces de la Sala IV del Tribunal de Impugnación en la causa por la muerte de cuatro brigadistas en la localidad de Guachipas. Familiares piden que se revise la sentencia del juez Diego Rodríguez Pipino y que los tres ex funcionarios de Defensa Civil sean condenados por homicidio culposo. Por otro lado, la Fiscalía de Estado también presentó un recurso porque la provincia se niega a cumplir la condena del magistrado que le ordena pagar un resarcimiento económico a las familias.
En dicha causa fue condenado Víctor César Dagun, de 69 años, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, a la pena de un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el término de dos años. Se rechazó la calificación subsidiaria de homicidio culposo.
Los otros imputados, Víctor de Jesús Ola Castro, de 63 años, y Roberto Durnelli, de 60 años, fueron absueltos por el beneficio de la duda del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y se rechazó también en su caso la calificación de homicidio culposo.
El 27 de octubre de 2014 Mauricio Valdez, Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín y Matías Daniel Vilte fueron enviados al cerro conocido como “El Acheral”, a apagar un incendio. Al día siguiente sus cuerpos fueron encontrados incinerados.
El papá de Mauricio Valdez, Omar Valdez, contó a Salta/12 que presentaron el recurso de casación en diciembre antes de la feria judicial y el martes de la semana pasada les notificaron que ya pasó al Tribunal de Impugnación. "Nosotros estamos pidiendo que se les dé la pena que se merecen a los imputados, no la sentencia vergonzosa que dio el juez Rodríguez Pipino. Estamos viendo la posibilidad de iniciarle un jury (al magistado) por haber incumplido en sus funciones", sostuvo Valdez.
"Pedimos que se revise la sentencia penal, que sea por homicidio culposo y no por incumplimiento de los deberes de funcionario público para todos los imputados. Hubo cuatro muertes y son responsables de haber enviado a los muchachos a morir sin los elementos necesarios para combatir el incendio. Para mí fue un asesinato", afirmó.
Valdez sigue marchando los viernes junto a la Comisión de Familiares Contra la Impunidad reclamando justicia por el hijo. Contó que pedirá audiencia con el gobernador Gustavo Sáenz y dijo que espera del nuevo gobierno "que no tape las cosas como lo hizo el anterior".
Daño material y moral
El juez Rodríguez Pipino había rechazado la demanda civil en contra de Ola Castro, Dagun y Durnelli. En cambio, el magistrado hizo lugar a la acción civil instaurada en contra de la provincia de Salta y en consecuencia condenó al Estado provincial a pagar $9 millones por la muerte de Valdez y $6 millones por la muerte de Vilte, en concepto de reparación por daño material y moral.
Aún no se les pagó nada a los familiares. En representación de la Fiscalía de Estado, los abogados Alberto Daud y Pablo Cuéllar Medina, apelaron la sentencia del juez.
"La Provincia no pagó nada, están dando vueltas. Veremos qué se resuelve y si realmente empiezan a hacer el pago que corresponde. Mis nietos necesitan de ese dinero, no digo que va a ser de gran ayuda pero les va a servir para poder salir adelante, (ayudará) a pagar sus estudios, su alimentación y vestimenta. Espero que el Tribunal haga que se cumpla lo que estaba en esa sentencia", sostuvo Valdez.
Los recursos fueron presentados ante el mismo juez de Garantías 4, Rodríguez Pipino, que ordenó la elevación y radicación ante el tribunal revisor.
Hay dos recursos de casación de las familias. Por un lado las querellantes y actoras civiles Rossana del Valle Chávez y Valeria Soledad Montenegro hicieron la presentación con representación de los abogados Fernando Teseyra y Marcelo Arancibia. Por otro lado, la querellante Olga Graciela Fabián y los querellantes Omar Valdez y Pedro Martín Albarracín, apelaron con el abogado Rodrigo Franco Anachuri.
