Con jueces y fiscales en pie de guerra se inició formalmente el debate en Diputados por las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y el servicio diplomático. Enviados del Poder Ejecutivo defendieron la medida, mientras que representantes de los funcionarios judiciales buscaron frenarla o modificarla, bajo la amenaza de una eventual paralización de la Justicia por la catarata de renuncias que habría en caso de aprobarse la ley. 

Entre los argumentos expresados en el plenario de Comisiones que se llevó a cabo en Diputados, los magistrados advirtieron que se vería afectada la seguridad jurídica para los acreedores e inversores extranjeros. “Si el Constituyente le dio al Poder Judicial ciertos beneficios, por algo habrá sido”, lanzaron. Según los jueces, el fin de los privilegios va a dejar un Poder Judicial “devastado” y significará “el fin de la carrera judicial”. En tanto, la organización Justicia Legítima -que no formó parte de las exposiciones ante el Plenario- se erigió como una de las únicas voces que respaldó la iniciativa, atenta a “la situación de emergencia” del país. Pero reclamó modificaciones para evitar una posible “anulación jurídica”. Por su parte, los dos sindicatos del sector rechazaron la eliminación del régimen especial para los escalafones más bajos, mientras que se mantiene para los cargos de alto rango, lo que tornaría al sistema “más elitista aún”.

Las organizaciones que nuclean a magistrados y fiscales, que calificaron al proyecto de inconstitucional, por entender que afecta la intangibilidad de los sueldos e insistieron en que afecta derechos adquiridos y la independencia de los magistrados.

La Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), la Federación Argentina de la Magistratura, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), afirmaron que no se trata de un sistema de privilegios sino de carácter “especial” y que su derogación provocará un agravamiento del déficit; rechazaron el incremento del porcentaje de aporte; advirtieron que podría verse afectada la carrera judicial y que el nivel de renuncias entre jueces/as y fiscales ascendería al 50 por ciento de los funcionarios en actividad.

Inseguridad jurídica

Uno de los argumentos más insólitos que se escucharon durante el debate hizo hincapié en la falta de seguridad jurídica que podría generar el cambio. El fiscal de Comodoro Py, Raúl Plee dijo que está en juego la “seguridad jurídica para los acreedores y a los inversores externos”. Marcelo Gallo Tagle, de la conservadora Asociación de Magistrados fue incluso más allá, al afirmar que el privilegio se debe mantener porque “estamos generando una inseguridad jurídica enorme con la gente que quiere venir del exterior a invertir al país, con los que quieren dar trabajo”.

En tanto, casi todos los oradores amenazaron con un éxodo masivo del Poder Judicial en caso de avanzar la nueva ley, lo que generaría un mayor déficit del sistema, ya que la mitad de los funcionarios dejarían de estar activos, por lo que habría menos aportes. “Si se concretan las renuncias nos vamos a quedar con la mitad de los prestadores del servicio de justicia”, advirtió Plee. “Hay mucha gente valiosa, honesta e idónea que se está yendo”, agregó Gallo Tagle. Lo que señalaron es que quedarán la mitad de los jueces y fiscales “sobrecargados con la cobertura de los que renuncien”, por lo que –según dijeron- podría empeorar aún más el servicio de justicia. En tono apocalíptico, Plee agregó que el proyecto “nos está dejando un Poder Judicial casi devastado” y que “estamos generando un régimen jubilatorio incierto, por lo que la carrera judicial va a desaparecer”.

Otro de los ejes que fue unánime entre los expositores fue la negativa a considerar a las jubilaciones del sector como un privilegio. Estamos con un sinnúmero de aportes mucho más alto que en otros sistemas”, dijo Gallo Tagle. Por su parte, Néstor Fasciolo, juez de la Cámara Federal de Seguridad Social consideró que el régimen “no fue establecido por capricho, es especial y no de privilegio” y agregó que “se trata de un Poder del Estado” y que “fue establecido este régimen de carácter especial, en garantía de la independencia de los Señores Magistrados”. 

Por su parte, el Presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones buscó aclarar que los sueldos de 700 mil pesos que trascendieron están referidos a ex ministros de la Corte y ex Procuradores de la Nación. En tanto, más conciliador que sus colegas, dijo: “busquemos una alternativa que nos permita mejorar el sistema y equiparar hacia arriba y no hacia abajo”.

La palabra de los trabajadores

Aunque con diferencias internas, tanto Marieta Urueña Ruso, del Sitraju, como Julio Piumato, de la UEJN advirtieron que el proyecto saca del régimen especial sólo a las categorías más bajas, lo que provocará una “mayor concentración de poder” y un “achicamiento de la pirámide”. Ambos dirigentes sindicales advirtieron que “se haría más elitista el régimen especial, porque solo lo podrían recibir los cargos superiores”.

Una voz en el desierto

Justicia Legítima se pronunció en en un comunicado a favor de la propuesta del Poder Ejecutivo. Pero, al mismo tiempo, reclamó que se consulte a los afectados y discutir la letra chica para –según dicen- evitar que la iniciativa sea derribada luego en los tribunales.

“Nuestro punto de partida es que el país está al borde del abismo”, dice el texto de jueces y fiscales de esa organización. Describe “el grave deterioro sufrido” por el Poder Judicial durante el gobierno de Macri y menciona la utilización de los tribunales con fines de persecución política al afirmar que “eso que hoy en el mundo se llama lawfare, tuvo en nuestro país un escenario muy destacado”. 

Luego de fijar postura respecto de la situación de la Justicia en general, afirmaron que esa entidad “no tiene ni pondrá obstáculos a lo que los representantes del pueblo decidan en la situación de emergencia que el país se encuentra”, pero advierten que “el proyecto debe ser discutido por los sectores involucrados”.