El Frente de Todos logró dictamen favorable para el proyecto de ley que modifica el régimen de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial y del cuerpo diplomático. Tras cinco horas de exposiciones y debate el oficialismo logró las firmas necesarias para avalar el proyecto y lo dejó en condiciones de ser tratado en el recinto en la sesión especial que comenzará hoy a las 11.

En ese contexto Juntos por el Cambio anunció, pese a que el oficialismo le realizó numerosas modificaciones al proyecto, que no dará quórum debido a que no fue incluida una clausula transitoria que le permite a los jueces en actividad jubilarse con la ley vigente más allá del momento en el que decidan acceder al beneficio.

El oficialismo contó con el respaldo de dos diputados aliados: el cordobés Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) y el misionero Diego Sartori (Frente Renovador de la Concordia). Desde el Frente de Todos esperan que tanto estos diputados como el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce José Luis Ramón, y los representantes de los partidos de izquierda den quórum para el inicio de la sesión.

Más allá de presentar un dictamen de minoría Juntos por el Cambio le pidió al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que incluyan en el proyecto del oficialismo "una cláusula transitoria para que los magistrados que están en condición de jubilarse lo hagan con el régimen vigente, más allá de cuando decidan hacerlo". Según el macrismo al mantenerse los privilegios de los jueces que ya están en edad de jubilarse se evitaría una catarata de renuncias. Massa sostuvo la posición de su bloque y les negó la modificación.

Así las cosas, el principal interbloque opositor, que presentó un dictamen de minoría al igual que el Frente de Izquierda, no dará quórum. Igualmente, el Frente de Todos contaría con el número requerido para abrir la sesión. El panorma en Juntos por el Cambio es complejo. La conducción del espacio se niega a votar a favor e insiste con mantener una postura en común, aunque por lo bajo, muchos diputados tienen voluntad de acompañar.

Desde el oficialismo explicaron que la cláusula que propone la oposición no es necesaria porque ya está incluida en el artículo 33 de la ley vigente, la 24018, y en los fundamentos del proyecto que mandó el Ejecutivo. “Los magistrados que hasta el día anterior a la promulgación de esta ley cumplan con los requisitos de la normativa actual vigente, conservarán sus derechos. No están afectados. Eso está en el mensaje de elevación con toda claridad", aclaró el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, que estuvo en el plenario.

Otro de los especialistas que estuvo en la reunión fue el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Si bien el funcionario sostiene que los magistrados y diplomáticos "cumplen una tarea especial y deben tener derechos desiguales respecto al resto", sostuvo que es necesario revisar "cuánta desigualdad a favor de los jueces es necesaria para que cumplan correctamente con su trabajo". Por su parte, el titular de la Anses, Alejandro Vanoli definió a este proyecto como un "un modesto avance" para terminar con las desigualdades del sistema jubilatorio.

En más de cinco horas de discusión en el plenario de comisiones liderado por el entrerriano Marcelo Casaretto, los diputados implementaron algunas modificaciones al texto que mandó el Gobierno. Uno de los principales cambios es que de los 30 años de aportes requeridos para poder jubilarse, se exigirán 10 continuos de aportes en la Justicia o 15 en forma discontinua, en lugar de 20 años como lo establecía el primer proyecto. Además, la edad jubilatoria de las mujeres se mantendrá en 60 años, mientras que la de los hombres será de 65, de manera escalonado. Con respecto al cálculo del primer haber, será el 82 por ciento del promedio de los haberes de los últimos diez años actualizado al valor del salario correspondiente.

Por la comisión también pasaron los representantes de jueces y magistrados. Entre los más destacados, estuvieron Julio Piumato, representante de los empleados de Justicia, Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura y Marcelo Gallo Tagle, de la Asociación de Magistrados, entre otros.

Informe: Antonio Riccobene