La Fundación Volviendo a Casa presentó un amicus curiae (amigo del tribunal) para ser incorporado en el trámite en el que el fiscal penal Pablo Cabot, de Tartagal, investiga de oficio la muerte de 13 niños y niñas entre el 1 y el 27 de enero. La ONG también repudió la exposición y celebración del gobernador Gustavo Sáenz de una adolescente de 14 años que fue madre.

El amicus fue presentado por la presidenta de la Fundación, Isabel Soria, con representación legal de Carlos Antonio Romano, ante el procurador General de la provincia, Abel Cornejo. "Ahora el fiscal Cabot va a incorporar el informe que se le presenta desde la Fundación y que hizo un experto internacional de los derechos de niños, niñas y adolescentes como es doctor Romano", indicó Soria a Salta/12.

Romano explicó que es necesario investigar "la posible comisión de delitos o responsabilidades administrativas y civiles; y si ello apareja la violación por nuestro país y (la provincia) de obligaciones suscriptas en tratados y convenciones respecto de niñas y niños y a la par en razón de la comunidad indígena". 

En el amicus se hacen recomendaciones al Ministerio Público y se esgrimen argumentos basados en instrumentos legales que rigen en Argentina. Romano consideró que se debe investigar el proceso de contaminación y/o desertificación de aguas. También, "si existió un proceso de desplazamiento de la comunidad indígena, titularidad y adquisión de tierras y la legalidad de tala en los bosques del Norte de Salta".

El abogado recomendó "solicitar el dictado de medidas declarativas y precautorias que abarquen a toda la población salteña, particularmente en mérito a la sucesiva implementación de la agricultura en Salta, su relación con las napas de agua, la agricultura, la alimentación, la infraestructura base y la atención básica de la salud". Sugirió pedir previamente informes a diferentes reparticiones salteñas "con el fin de procurar un diagnóstico preciso". 

Soria sostuvo que hay niños y niñas que han muerto y siguen muriendo de hambre y de sed, consideró que alguien es responsable y dijo que quiere que se determine quién es. Es responsabilidad "de todos como sociedad pedir explicaciones", sostuvo.

Romano recordó que los pueblos indígenas son sociedades originarias, diversas y con identidad propia que forman parte integral de las Américas y que se les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Señaló la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas, sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos. 

El abogado sostuvo que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente. También se refirió a la agricultura basada en transgénicos y al riesgo muy grave que presenta el uso de plaguicidas para la salud y el medio ambiente. "Sigue existiendo una falta general de conciencia sobre el peligro que suponen ciertos plaguicidas, la cual se ve exacerbada por los esfuerzos de la industria para restar importancia al daño provocado y por la autocomplacencia de los gobiernos, que a menudo afirman, llevando a engaño, que los marcos regulatorios y la legislación vigentes ofrecen protección suficiente", aseguró. 

Romano también habló de la necesidad de que el gobierno garantice el derecho a la consulta y participación de los pueblos originarios.

Niña madre

La presidenta de la Fundación Volviendo a Casa también criticó la exposición que hizo el gobernador Gustavo Sáenz la semana pasada de una adolescente de 14 años que fue madre.

"Anoche a las 24 horas desde el hospital de Alto la Sierra se solicita con urgencia la derivación de D., una niña de 14 años con embarazo de riesgo y signos de preclampsia al hospital de SVE (Santa Victoria Este). Las ambulancias no podían realizar el traslado por el estado de las calles y rutas. Finalmente un camión del Ejército la traslada con el doctor Guayamuya arribando a SVE a las 3.45. Desde ahí es trasladada al hospital de Tartagal donde hace unas horas fue mamá. Gracias al Ejército Argentino por el compromiso, a los médicos y enfermeros y a Dios por sobre todas las cosas", posteó en Twitter el gobernador.

Soria interpretó que Sáenz evidenció desconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, aún siendo abogado, y opinó que lo que hizo "es repudiable, violento y desafortunado". 

La referenta consideró que al celebrar la maternidad en una chica de 14 años, el gobernador está violando derechos de niños, niñas y adolescentes. Soria entendió que el embarazo de esta chica que es menor de edad es producto de abuso sexual. Ante "todo niño o niña que vive una situación de abuso, lo primero que se debe hacer es investigar cuál es la realidad, qué es lo que pasó y denunciar el hecho. Hay que ver las irregularidades que existen en la atención de salud, en cuanto a los caminos, el abandono y la violencia institucional para que la menor (de edad) tenga que ser trasladada en un camión del Ejército", planteó.

Soria expuso que no es motivo de celebración sino una obligación de las instituciones del Estado garantizar la atención sanitaria. En el caso de la niña madre de Alto La Sierra dijo que había una situación de riesgo de vida y enfatizó que "todo el contexto está mal".  

La referenta consideró que aunque el novio de la adolescente tenga 18 años, "ella sigue siendo menor de edad, es un delito". Sostuvo que Sáenz está naturalizando un abuso sexual y que debería retractarse de su publicación. También planteó que el equipo de gestión del gobierno de Salta debe adecuarse a los protocolos. Repudió la exposición de medios de comunicación que, reproduciendo información del Gobierno, han difundido el nombre y apellido de la chica y los intentos por contar la historia como "un cuento de hadas. No es normal ni natural  que una niña sea madre, tiene que estar jugando y en una escuela", afirmó. El propio gobierno de Salta difundió un informe de una trabajadora sanitaria que daba detalles de una conversación con la nena sobre su situación tras haber dado a luz. Además de identificarla con nombre y apellido y de contar detalles de su vida privada, se publicó una fotografía de la niña. 

"Si no conocés tus derechos, no podés decidir", puntualizó Soria sobre la falta de garantías, de aplicación y de información de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la provincia.