El gobierno brasileño y las autoridades regionales del país pusieron en práctica la dura retórica del presidente Jair Bolsonaro contra los derechos humanos a lo largo de 2019. Esa es la principal conclusión del informe anual de la organización Amnistía Internacional, en el capítulo dedicado exclusivamente a Brasil. Para Amnistía, el país es escenario de un "aumento del número de homicidios cometidos por policías" y de una "grave crisis en la Amazonia" que afectó principalmente a las comunidades indígenas. También citó los intentos del gobierno brasileño de restringir las actividades de las organizaciones no gubernamentales, así como el aumento de homicidios y amenazas contra defensores de derechos humanos. En la misma sintonía, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acusó a Brasil de dar "marcha atrás" en materia de protección del medio ambiente, y destacó su preocupación ante el aumento de "ataques e incluso asesinatos contra defensores de derechos humanos, muchos de ellos líderes indígenas".
De acuerdo con Amnistía, las autoridades brasileñas "no ofrecieron una respuesta adecuada a una amplia gama de violaciones de derechos humanos". Por el contrario, "mantuvieron un discurso abiertamente contrario que incluía declaraciones dirigidas a debilitar el sistema interamericano de derechos humanos".
La organización señala en ese sentido los decretos de seguridad pública que contienen una definición de defensa propia "muy general e imprecisa" que podría usarse para justificar excesos por parte de los agentes del Estado, las normas que flexibilizaron las leyes para la posesión de armas, o las medidas que bloquearon la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura militar brasileña (1964-1985).
En relación al accionar de la fuerza policial, Amnistía critica el discurso de mano dura adoptado por las autoridades federales y regionales, especialmente en Río de Janeiro, donde 1.249 personas murieron a manos de efectivos entre enero y julio de 2016. La cifra significa un 16 por ciento más respecto a 2018, de acuerdo con una investigación presentada por la Fiscalía del estado fluminense.
Amnistía atribuye además el aumento de muertes a manos de agentes al consentimiento del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel , quien autorizó "intervenciones policiales militarizadas que se caracterizaban por altos niveles de violencia policial, crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos". Todo bajo la excusa de una "guerra contra las drogas".
Crisis ambiental
En otro de los apartados, Amnistía denuncia la falta de políticas públicas "coherentes" por parte del gobierno para frenar la creciente deforestación y los incendios que el año pasado amenazaron a la selva amazónica, donde ardieron alrededor de 435 mil hectáreas en los primeros ocho meses según datos de la ONG Instituto Socioambiental.
Para la ONG, esos incendios afectaron a los medios de vida y la salud de poblaciones rurales y urbanas, especialmente comunidades indígenas y de afrodescendientes que viven en la región. "Los devastadores incendios en la Amazonia eran el síntoma de una crisis mayor de deforestación ilegal y confiscación de tierras", resalta el estudio.
La legislación brasileña contenía disposiciones "firmes" para la protección de los territorios de los pueblos indígenas y las reservas medioambientales, pero Bolsonaro "ha tratado activamente de socavar dichos mecanismos de protección", remarca Amnistía. De hecho, el mandatario cumplió con su promesa de campaña de abrir la Amazonia para ampliar la explotación agricola y minera sobre el territorio.
A lo largo de 2019, el presidente se encargó de denigrar a las organizaciones ambientalistas. Por ejemplo, el 21 de agosto en una declaración a periodistas en el contexto del aumento del 82 por ciento de los incendios forestales en la Amazonia, acusó a las organizaciones de la sociedad civil de ser responsables de esos incendios: "Entonces, puede estar habiendo acción criminal de esos `oenegeros´ para llamar la atención contra mi persona, contra el gobierno de Brasil. Esta es la guerra a la que nos enfrentamos".
Según el Consejo Indigenista Misionero, entre enero y septiembre de 2019 se registraron 160 invasiones de territorios indígenas, frente a los 109 de todo 2018 y los 96 de 2017. Los homicidios de indígenas también aumentaron, pasando de 110 en 2017 a 135 en 2018, y Amnistía ve una tendencia al alza que hace temer por "cifras sin precedentes" en el balance final de 2019.
"Importantes retrocesos"
Pero Bolsonaro no solo recibió críticas de parte de Amnistía. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acusó al gobierno brasileño de retroceder en materia de medio ambiente y derechos humanos. Bachelet habló en el marco del 43° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
"La protección de nuestro medio ambiente es fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos", declaró Bachelet. En ese sentido, la comisionada lamentó "los importantes retrocesos en las políticas de protección del medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas" en Brasil. Para Bachelet, en la tierra de Bolsonaro están proliferando "ataques e incluso asesinatos contra defensores de derechos humanos, muchos de ellos líderes indígenas" en un contexto de retroceso de las políticas de protección de las minorías.
