Carlos Agüero, Norberto Silvestre, Julio César Monasterio y Juan Reynaldo Álvarez fueron condenados ayer a prisión perpetua por el femicidio de la joven Paola Daniela Guantay. Igual pena recibió Griselda Marisel Urzagaste. Una sexta acusada, que era menor de edad al momento de los hechos, fue declarada penalmente responsable y el Juzgado de Menores 3 deberá establecer la pena que le corresponde cumplir.
Los cuatro hombres fueron declarados responsables del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género, por ser perpetrado con ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas. Todos los delitos se consideraron agravados por la participación de una menor de edad. Los cuatro condenados seguirán alojados en la unidad penitenciaria local.
La condena a Urzagaste fue por homicidio doblemente agravado por ensañamiento y la participación de más de dos personas. En su caso, el tribunal, integrado por las juezas Paola Marocco y María Livia Carabajal y el juez Francisco Mascarello, ordenó revocar el arresto domiciliario que tenía, por lo que será detenida en la Unidad Carcelaria 4.
El Tribunal no hizo lugar a la nulidad de la declaración testimonial de una testigo reservada, un planteo realizado por la defensa de los acusados; el rechazo fue ante la "falta de protesta oportuna". Las juezas y el juez tampoco emitieron condena por el delito de tortura que constituía otra de las acusaciones de la Fiscalía.
Se ordenó el examen genético de ADN de Agüero, Silvestre, Monasterio, Álvarez y Urzagaste, para su incorporación al Registro Provincial de Condenados vinculados a delitos contra las personas y contra la integridad sexual.
Asimismo, en aplicación de la nueva normativa sobre derechos de las víctimas, el tribunal hizo conocer a la madre de la joven asesinada, Verónica Guantay, que tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión acerca de los planteos sobre beneficios carcelarios que pudieran efectuar los condenados durante la ejecución de la pena.
Investigarán posibles falsos testimonios
Como había pedido la fiscala Verónica Simesen de Bielke, el tribunal remitió copias de las declaraciones de las testigos María Macarena Chocobar y María Zabala a la Fiscalía de turno para que se investigue si incurrieron en falso testimonio. La fiscala había pedido lo mismo para la hermana de la víctima pero en este caso los jueces no estuvieron de acuerdo.
Asímismo, el tribunal dispuso que se investigue a las dos testigos presenciales, en realidad a una sola de ellas porque la otra ya falleció, por la posibilidad de que hayan incurrido en falso testimonio o incluso hayan participado en los hechos que se juzgaron en el juicio.
El Ministerio Público Fiscal basó buena parte de las acusaciones en las declaraciones de estas mujeres. La fiscala explicó sobre este punto que en la lectura del fallo no quedó claro si el Tribunal estableció que se remita el acta y video de la declaración de la testigo fallecida para que se investigue si la otra testigo presencial cometió falso testimonio o si tuvo participación en el crimen.
"Con perspectiva de género"
"Se hizo justicia", sostuvo la abogada querellante Gabriela Rodríguez tras el fallo. "Nosotros sostuvimos hasta el último momento la acusación, coadyuvando también la acusación del Ministerio Público Fiscal. Consideramos que el Tribunal falló acorde al sostenimiento de esa acusación que fue en base al elemento probatorio que trajimos a este juicio. El Tribunal falló con perspectiva de género, consideramos que hubo un claro femicidio", expresó la letrada ante Salta/12. Rodríguez y el también abogado Pablo Del Pino, ambos de la Fundación Cintia Fernández, representaron la querella de la madre de Daniela Guantay.
Rodríguez dijo también que el juicio tuvo resonancia nacional debido a que se habló de femicidio en contexto de la criminalidad organizada planteando en los alegatos el modelo de protocolo de la ONU sobre muertes violentas de mujeres por razones de género y el protocolo UFEM (Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres) al que Salta adherió a fines de 2019.
Por su parte, Verónica Guantay manifestó que seguirá luchando para que no haya otra víctima como su hija. Consideró que el Estado se tiene que hacer cargo de que la Policía no le haya tomado la denuncia a tiempo por la desaparición de la hija. Y adelantó que es probable que se inicie una causa civil.
La madre dijo que hubo mucha participación de amistades, de vecinos y vecinas y de gente que no conocían que se acercó a la Fiscalía a declarar lo que sabían y habían escuchado. "Nos favoreció bastante la búsqueda de la verdad y de la justicia. Estoy muy agradecida con la Fundación Cintia Fernández que me aportó su abogada y abogado, han estado siempre desde el primer día, mañana se cumplen tres años (de la desaparición de Daniela)", sostuvo Verónica.
El hermano de la víctima, Luis Guantay, también manifestó su conformidad por la sentencia: "Ahora solo falta la menor de edad, la única a la que van a sentenciar aparte el mes que viene. Está bien la condena que les han dado a todos y es lo que esperábamos", expresó.
Organizaciones sociales acompañaron a la familia en el juicio, y este jueves se concentraron fuera de la Ciudad Judicial.
El referente de la agrupación Azul y Blanca, Daniel Velazquez, consideró que se está haciendo justicia. "El vacío va a seguir siempre porque Daniela nunca va a regresar pero de algún modo la justicia actuó en consecuencia y estamos felices por el veredicto. Ahora queda seguir acompañando en el proceso a Vero, a la familia. Agradecemos a la abogada y al abogado, a los testigos, a la gente que vino a acompañar casi todo el mes".
Respecto a la joven que era menor de edad y para la que falta sentencia, Velazquez dijo que esperan que el Juzgado de Menores le dé la máxima condena porque también ha sido declarada culpable y partícipe del crimen.
En la causa, el Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta presentó un amicus curiae. La letrada Gloria Cruz dijo que el escrito fue aceptado y compulsado por las partes aunque no fue leído al finalizar los alegatos. Sobre la condena, la abogada consideró que en base a lo colectado por la Fiscalía y la querella, "todo hace presumir que no era otra la condena que merecían estas personas".
Al analizar este femicidio, Cruz consideró que se cometió en un contexto "bastante conflictuado, atravesado por un montón de vulneraciones (prostitución, narcotráfico) y que ameritaba tener una lectura distinta al común de los delitos. Rita Segato dice que esta clase de femicidios tiene dos destinatarios: primero para los pares en cuanto a que 'si hacés esto, pasa esto' otro y para las mujeres en el sentido de que estamos en un estado de sujeción en el que todos se arrogan el derecho de disponer de la mujer como objeto, dispusieron del cuerpo de Daniela como objeto y determinaron que merecía la muerte".
Cruz planteó además que los y las imputadas son "personas vulneradas desde el nacimiento en un contexto socioeconómico nefasto, la mayoría son hijos e hijas de personas que son adictas. Estamos hablando de una condición sociocultural muy precaria y sin duda coadyuva en todas estas situaciones". Respecto a participación de las mujeres en el hecho criminal, también la letrada evaluó al contexto como un factor un determinante: "las mujeres tienen múltiples vulnerabilidades, con la situación económica y la condición de género es muy poco probable que escapen a esta suerte, para poder consumir muchas veces son prostituidas. Al Estado le compete que estas estructuras se modifiquen para poder contener a todo un estrato social que está vulnerado, es una lucha larga", afirmó.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán en los primeros días de marzo.
