La “dreamer” (soñadora) argentina, Daniela Vargas, detenida por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), tras hablar en una conferencia de prensa sobre la situación migratoria de su familia,fue liberada ayer bajo una orden de supervisión. Pasó diez días en prisión por el cambio de la política migratoria que impulsa el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Vargas, de 22 años, oriunda de Córdoba fue liberada ayer por la tarde del Centro de Detención para Inmigrantes Lasalle, en el estado de Lousiana, a unas cuatro horas de Jackson, Mississippi, donde residía Vargas hasta que fue detenida. En ese mismo lugar su padre y su hermano aún esperan una posible deportación a Argentina. “Esperamos que Daniela pueda regresar con sus amigos y su comunidad en Mississippi en breve para continuar con su vida cotidiana y seguir sus sueños”, señaló un comunicado firmado por su abogada, Abigail Peterson, del estudio Elmore and Peterson. 

“Con los escritos presentados ante la Justicia, en relación a la razón y a la forma en la que fue arrestada, continuaremos llevando a cabo el esfuerzo por asegurar los derechos de Daniela, como el derecho a la libertad de expresión”, continúa el comunicado. Los abogados de Vargas no especificaron si la liberación implica que no será deportada. 

Según los abogados, funcionarios de Inmigración y Aduana aseguraron que Vargas sería liberada bajo una orden de supervisión, aunque no revelaron los términos de la orden. Un portavoz del ICE, Thomas Byrd, confirmó en una entrevista telefónica al diario The New York Times que Vargas había sido liberada. Pero se negó a proporcionar más detalles sobre su caso específico. Dijo que los términos de una orden de supervisión pueden incluir un requisito para chequearse periódicamente con un oficial de inmigración. Otros términos incluyen un requisito para obtener documentos de viaje, de acuerdo con el sitio web de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

“Daniela Vargas ya está libre. ¡Gracias a todos por lograr esa victoria! Pero la lucha continua”, escribió en la red social Twitter ayer Marianela Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Derecho Migratorio, que defiende a los inmigrantes en Estados Unidos y trabaja junto a la defensa de la argentina. “No pararemos hasta que Dany esté a salvo, fuera de su detención y reunida con sus seres queridos y de nuevo junto a la comunidad que luchó por su liberación”, tuiteó Hincapié.

La “dreamer” había sido detenida el 2 de marzo por agentes de inmigración en la ciudad de Jackson, en Mississippi, minutos después de que denunciara en una conferencia de prensa la detención de su padre y de su hermano en un operativo del ICE. Vargas y su familia abandonaron la provincia de Córdoba en la crisis del 2001 y, aprovechando que por entonces los ciudadanos argentinos no necesitaban una visa especial, viajaron a Estados Unidos sólo con sus pasaportes y una autorización automática para quedarse tres meses como turistas. Nunca se fueron y nunca pudieron regularizar su situación, excepto la más joven de la familia, Daniela. Ella aprovechó la iniciativa impulsada en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para dar un marco legal a jóvenes inmigrantes sin papeles que llegaron de muy niños con su familia, el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). La prensa y el propio Obama rápidamente bautizaron a estos jóvenes como “dreamers”.

“No entiendo por qué no me quieren aquí. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Es decir, no es mi culpa haber sido traída aquí, no conozco nada más que estar aquí y no lo había reconocido hasta que estuve en una celda. Yo fui traída aquí. No elegí estar aquí. Y apenas conocía a mi otro país. Siento fuertemente que pertenezco aquí y que debería tener la oportunidad de estar aquí, hacer algo bueno y trabajar en esta economía”, dijo Vargas, ya detenida, en un comunicado que su abogada, Abigail Peterson, publicó en el diario online Huffington Post.

Su papá Daniel y su hermano Alan, también cordobeses, fueron detenidos el 15 de febrero cuando iban a trabajar. En esa ocasión, oficiales del ICE esposaron a Daniela, quien fue rápidamente liberada por estar amparada por el Programa DACA, una de las pocas políticas inmigratorias de Obama que Trump prometió mantener. Vargas dejó vencer el plazo de renovación de su status de DACA porque no tenía los 495 dólares necesarios para pagar el trámite. De hecho, no hacía mucho había tenido que abandonar sus estudios en la Universidad del Sur de Missisipi para convertirse en profesora de matemática por la misma razón. El trámite para renovar el status de DACA por dos años representa más del 40 por ciento del salario mínimo de un empleo de tiempo completo. Finalmente, Vargas logró reunir el dinero y presentó los papeles. Al día siguiente, su familia fue detenida y ella comenzó una lucha pública por evitar su deportación. 

Hace unas semanas, Trump dio la orden de priorizar los arrestos y las deportaciones de los inmigrantes sin papeles que tengan cualquier tipo de antecedentes judiciales, inclusive una infracción de tránsito. Sus abogados remarcaron ayer que Vargas no entra en esa categoría. En su defensa los abogados de la joven cordobesa argumentan que las autoridades estadounidenses no deberían castigarla por violar un beneficio migratorio (como el que gozaron los ciudadanos argentinos entre 1996 y 2002) ya que sólo tenía siete años cuando viajó a Estados Unidos y excedió su estadía legal de tres meses. 

El martes, grupos de derechos civiles y de inmigrantes anunciaron que presentaron una petición en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Louisiana para detener la deportación de Vargas. El Centro de Derecho para la Pobreza del Sur, el Centro Nacional de Ley de Inmigración, la firma Elmore y Peterson en Mississippi y el despacho jurídico de William Most dijeron en la petición que el gobierno había violado su debido proceso y los derechos de la Primera Enmienda. 

Informe: Florencia Garibaldi.