El primer intento del kirchnerimo por acotar las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos resultó derrotado. Fue en mayo de 2012, cuando el entonces titular de la Anses, Diego Bossio, se presentó en el Congreso para advertir que esos sistemas previsionales generaban una desigualdad mayúscula con el resto de los jubilados y provocaban un desequilibrio fiscal cada vez más importante. La jubilación media de los jueces en ese momento se ubicaba en 22.077 pesos, contra los 2.233 pesos del haber medio del régimen general. La diferencia era prácticamente de 10 veces. El lobby de la corporación judicial, sin mayores grietas entre progresistas y reaccionarios, logró en aquella ocasión torcerle el brazo al gobierno y la iniciativa quedó en la nada. Fue una victoria muy redituable para los sectores que defienden la desigualdad social.

Ocho años después, cuando el Frente de Todos vuelve a la carga con el tema, la distancia entre los haberes de los jueces y el resto de los jubilados se ha estirado de 10 a 14 veces. Los primeros pasaron a ganar 293.107 pesos como ingreso medio (la jubilación se multiplicó por 13 en esos ocho años), mientras que los del régimen general quedaron en 20.575 pesos (la suba fue por 9 en relación a 2012). La ampliación de esa brecha de manera tan notable demuestra que efectivamente era necesaria la reforma de las jubilaciones de privilegio en 2012 para evitar que la desigualdad se siguiera agigantando. Si la ley se hubiese aprobado aquel año y los jueces hubieran conservado la distancia de ganar “solo” diez veces más que la jubilación media general, entonces en este momento cobrarían 205.750 pesos de jubilación, no los 293.107 pesos que perciben en realidad. Son unas 200 pizzas que se apropiaron los jueces, en términos de Prat Gay.

Esta evolución regresiva debería motivar alguna clase de autocrítica por parte de quienes se opusieron a la reforma de los regímenes de privilegio a principios de la década pasada. Pero el caso expone cuánto cuesta arrancar avances en materia distributiva.

Ni siquiera la cuestión fiscal movilizó a economistas y sectores de la oposición en este debate. No se puso énfasis en el exceso del gasto público para pagar las jubilaciones de jueces y diplomáticos, ni en ninguno de los otros dogmas neoliberales que se usan habitualmente para cortar derechos a las mayorías populares. A Juntos por el Cambio en esta ocasión lo sensibiliza no afectar derechos adquiridos. Esa es su preocupación principal, que se mantengan los beneficios extraordinarios para los jueces y diplomáticos por el mayor tiempo posible. Es una actitud loable. Garantizar derechos, aunque sean privilegios para unos pocos en un escenario de emergencia social. Por eso el PRO, la UCR y la Coalición Cívica reclaman la inclusión de un artículo que diga taxativamente que ningún integrante del sistema judicial perderá los derechos adquiridos. Esa defensa conmovedora contrasta con el desprecio que mostró el gobierno de Mauricio Macri en relación a los derechos adquiridos de la inmensa mayoría de los argentinos durante su gestión.

El régimen de jubilaciones especiales para los jueces ocasionó un déficit al Estado de 9.914 millones de pesos el año pasado, ya que los aportes de los beneficiarios de esa caja no alcanzaron a cubrir los gastos que ocasiona pagar haberes tan altos, de 293 mil pesos en promedio en diciembre último. Esos 9.914 millones de pesos que tuvieron que detraerse del presupuesto general para tapar el agujero de los jueces hubieran alcanzado para pagar 704 mil jubilaciones mínimas del sistema público de reparto (de 14.068 pesos en diciembre). En este punto también se observa lo grave que fue no haber aprobado la reforma de las jubilaciones de privilegio en 2012. En aquel año, el déficit del sistema previsional judicial resultó de 433 millones de pesos, lo que equivalía a 257 mil jubilaciones mínimas de 1687 pesos. Es decir, el impacto en términos distributivos creció exponencialmente los últimos ocho años. Se pasó de utilizar los recursos equivalentes a 257 mil jubilaciones mínimas en 2012 para pagarles más a los jueces a 704 mil haberes mínimos en 2019.

El Ministerio de Trabajo proyectó una agudización del problema hacia adelante si no se acotan los privilegios de los magistrados y demás miembros del Poder Judicial. En 30 años, estimó, el déficit fiscal que se produciría por sostener sus jubilaciones pasaría de los 9914 millones de pesos de 2019 a 27.937 millones.

Más allá de la cuestión presupuestaria, los jueces tampoco encuentran auxilio en otro argumento usual de los sectores conservadores para defender sus intereses: la comparación con “el mundo”. Argentina debe hacer lo que se hace en el mundo, dicen, en referencia a los países centrales de Occidente. En ese sentido, la legislación comparada les juega en contra. En España, país de referencia para la estructura jurídica argentina en materia previsional, no existe un régimen especial para los jueces. El tope de ingresos es de 2600 euros mensuales, según destacó la diputada Mirta Tundis en la sesión de la Cámara baja. En Brasil, ya analizando la situación en la región, tampoco existe un régimen especial para el Poder Judicial. En Colombia los jueces se jubilan dentro del régimen general, y las prestaciones no pueden superar el equivalente a 25 salarios mínimos. En México los jueces están incluidos en el sistema previsional del conjunto de los trabajadores del Estado. En Uruguay sí se aplica un sistema especial, con 70 años como edad mínima para el retiro.

Los mismos conceptos que involucran al Poder Judicial se pueden aplicar para los jubilados del Servicio Exterior. En su caso, el haber medio era de 27.560 pesos en 2012, en tanto que en la actualidad alcanza a 335.934 pesos. Es decir que la jubilación de los diplomáticos se multiplicó más de 12 veces, contra 9 veces de la jubilación media del régimen general. En consecuencia, en 2012 su ingreso era equivalente a 12 haberes medios del sistema de reparto (de 2233 pesos), mientras que ahora son más de 16 veces (con una jubilación media general de 20.575 pesos).

Frente a tanta desigualdad, la voluntad política que muestra el gobierno de Alberto Fernández para retomar una antigua disputa de su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, refleja la continuidad de los procesos políticos. Algo similar se observa en relación al debate por la suba de retenciones para la soja. Son disputas que exigen una fuerte unidad del campo popular para poder avanzar. Es de esperar que esta vez sea una lección aprendida.