El Senado sancionó la Ley de Góndolas, que buscar limitar la concentración de la oferta de las compañías líderes en el sector del consumo masivo, en favor de pequeñas y medianas empresas. La iniciativa fue originalmente presentada por legisladores de Juntos por el Cambio a comienzos del año pasado, cuando eran oficialismo. Luego se unificó a los proyectos del Frente Renovador. En esta última etapa fue impulsada por el Frente de Todos. Entidades que representan a las pymes defienden la iniciativa, mientras que entre los supermercados hay fuerte rechazo y no descartan recurrir a la Justicia para evitar su aplicación.

El objetivo de la Ley de Góndolas es desconcentrar la oferta de productos de primera necesidad en las grandes cadenas de supermercados. Esto es, que se amplíen las posibilidades de consumo por fuera de las dos o tres (o a veces solo una) marcas dominantes. La mayor competencia permitiría evitar abusos de precios y dar más oportunidades a las pymes.

"No va a solucionar todos los problemas, pero es un paso que nosotros consideramos positivo", dijo el senador Jorge Taiana, del Frente de Todos. En el mismo sentido, Ana Almirón, la legisladora por Corrientes en representación del oficialismo, señaló que "es una deuda pendiente, en un momento económicamente complejo". En cambio, Ernesto Martínez, senador de Cambiemos por Córdoba, dijo que la ley "es puro marketing y no sirve absolutamente para nada". En Diputados, el proyecto fue acompañado por 180 legisladores, con apenas un voto negativo y 18 abstenciones. En el Senado, hubo 56 votos positivos y 4 abstenciones.

La principal herramienta que prevé la ley es el control sobre la góndola en los supermercados, con topes para la participación para una sola empresa y mínimos obligatorios para pymes y economía popular. Establece que un solo proveedor o grupo empresario no puede acaparar más del 30 por ciento de la góndola. El dictamen de minoría por parte de la oposición buscaba elevar ese porcentaje hasta el 45 por ciento. En tanto, el 25 por ciento de la góndola debería destinarse a artículos que producen empresas pymes y un 5 por ciento, a la economía popular. Al mismo tiempo, debe haber un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto por góndola.

La norma establece que el plazo máximo de pago para los proveedores pymes sea de 60 días. Además, define que en las islas de exhibición y anaqueles contiguos a las cajas se deberán presentar en un 50 por ciento del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales o por cooperativas y mutuales. También regula a las sucursales virtuales de los supermercados.

Las entidades que representan a las pymes manifestaron apoyo a la iniciativa. “Hace tiempo que desde CAME veníamos pidiendo esta ley. Las pymes van a estar ayudadas por la regulación del 25 por ciento de góndola. También es importante que el plazo de sesenta días para el pago. Otro beneficiario es el consumidor, que va a tener más opciones, lo cual implica más competencia y menores precios. Esperemos que se pueda controlar, que se cumpla y que haya sanciones para los que infrinjan la ley”, indicó a este diario Pedro Cascales, de CAME. Por su parte, Marcelo Fernández, presidente de CGERA, dijo que “si esto se puede aplicar y los supermercados lo cumplen, va a ser beneficioso para las pequeñas y medianas industrias porque permite aumentar la participación en categorías en donde antes no había chances”.

Por el contrario, los supermercados presentan un fuerte rechazo a la ley. “Se supone que la ley busca generar nuevos incentivos a la producción, pero solo regula los últimos efectos. Y ese mecanismo es insuficiente porque el canal del supermercado representa sólo el 30 por ciento de la venta minorista. En cambio, va a traer muchos problemas, porque hay categorías centrales en donde las primeras marcas van a estar permanentemente desabastecidas porque la oferta no va a alcanzar y en cambio las pymes pueden no satisfacer al cliente o ser insuficientes”, dicen los supermercados.

Hay varios segmentos de consumo masivo que están muy concentrados. Se destaca el caso de panificados, en donde la empresa Bimbo suele ocupar cerca del 80 por ciento de la góndola. Ese porcentaje es explicado, en cervezas, por dos empresas, CCU y Quilmes. En harinas y pastas, Molinos Río de la Plata y Molinos Cañuelas acaparan casi toda la oferta, y azúcar lo hacen Ledesma y Chango. También están muy concentradas yerbas y lácteos. Todos los actores del sector de consumo masivo coinciden en advertir que es difícil controlar la aplicación de la ley, porque va a requerir medir a diario los porcentajes de góndola y saber a qué categoría pertenece cada empresa.