La Unidad de Delitos Económicos Complejos investiga una denuncia realizada por el intendente de la ciudad de General Güemes, Sergio Salvatierra, contra la gestión de la ex intendenta Alejandra Fernández.
El fiscal penal Leandro Flores investiga la denuncia contra Fernández por irregularidades detectadas en la auditoría interna realizada en el municipio sobre el manejo de fondos del centro cultural, el faltante de archivos y la adulteración de documentos públicos.
El secretario de gobierno municipal, Marcelo Lazarte, confirmó a Salta/12 que la denuncia es contra la ex intendenta y sus funcionarios debido a la cantidad de irregularidades que encontraron apenas asumió Salvatierra.
El funcionario aseguró que se encontraron con un municipio vaciado y con más de $113 millones de deuda a proveedores, deudas con gremios, con la ART de los trabajadores y un juicio por más de $60 millones a una empresa fumigadora.
Entre las irregularidades se encuentra el manejo del dinero del Centro Cultural municipal constituido como cine e “inscripto en el INCAA”. Según la denuncia, desde la Dirección de Cultura del municipio, a cargo de Mónica Valdiviezo, nunca se depositó ni se registró lo facturado por el cobro de entradas que ascendería a $890 mil.
“Ese faltante es sólo del año 2019, se calcula que sumando los años anteriores la suma está por encima del millón y medio de pesos sólo por la entradas del cine”, manifestó Lazarte.
A su vez, agregó que el monto se puede verificar porque el mismo secretario de hacienda de la gestión anterior, José Luis Cardozo, había solicitado mediante nota formal a la directora de Cultura en diciembre de 2019 que “pague la deuda que tiene el cine por la venta de entradas o la ingrese a las arcas del municipio, algo que nunca sucedió y nunca hubo un justificativo al respecto”.
Ese mismo faltante luego se constató a través de la auditoría que realizó la nueva gestión.
Otro de los puntos que se incluyen en la denuncia es sobre la adulteración de documentos públicos, el secretario de gobierno de General Güemes informó que descubrieron cómo manipularon y se elaboraron resoluciones mellizas para incorporar funcionarios públicos a la planta permanente del Estado.
“Hay una resolución del año 2018 que incorpora a una persona a planta permanente, y los primeros días de diciembre de 2019, a punto de concluir su gestión, utilizaron la misma resolución para incorporar a 15 funcionarios que debían abandonar sus funciones”, dijo Lazarte.
Si bien no quiso adelantar los nombres “porque constan en la denuncia penal que tiene el fiscal en sus manos”, se supo que serían todas personas de alta jerarquía de la gestión de Fernández, entre ellos integrantes del área de acción social y la cooperadora asistencial.
“Como el primer documento era de agosto del 2018 no fue fácil descubrir que eran dos resoluciones idénticas, sólo se supo la verdad porque el ingreso que le dio alguien de personal administrativo a la última resolución trucha, tiene un sello del 2 de diciembre del 2019”, aclaró el integrante del ejecutivo de General Güemes.
Lazarte ratificó que todas las pruebas ya están en manos del fiscal interviniente.
Sin registros
Otra de las anomalías denunciadas tiene que ver con la falta de registros sobre el uso de los fondos públicos, en los documentos presentados a la justicia consta un pedido del Banco Central al Banco Macro para que solicite al municipio cuál fue el destino de $20 millones extraídos entre junio y noviembre del 2019.
“A nosotros nos llegó ese pedido del banco, pero lamentablemente no existe ningún tipo de registro de qué se hizo con ese dinero. El dinero se extraía pero no se registraba en ningún tipo de caja diaria. Por lo que no podemos contestar dicho pedido”, sostuvo el funcionario municipal.
Por último, añadió que el total de la deuda del municipio asciende a $113 millones. “Entre la deuda a proveedores y cheques emitidos a terceros con fecha de pago posterior al 10 de diciembre y sin siquiera el respaldo consignado de la inversión (unos $50 millones)”.
Y por otro lado, la municipalidad debería afrontar el pago de unos $63 millones “de un juicio a una empresa fumigadora y que ya está en una instancia prácticamente de sentencia y que no sabemos cómo vamos a afrontar”, declaró Lazarte.
El fiscal Flores comunicó que ya dispuso la recepción de testimoniales de quienes realizaron la auditoría, la remisión de documentación y otras medidas que permitirán esclarecer lo sucedido.
