La muerte del atleta olímpico argentino Braian Toledo, de 26 años, quien falleció tras perder el dominio de su moto al impactar con un lomo de burro cerca de la ciudad bonaerense de Marcos Paz, puso en debate el uso de esos obstáculos que sobresalen como montículos del pavimento para obligar a los conductores a reducir la velocidad. Para algunos, son una herramienta que está justificada siempre y cuando estén bien construidos y señalizados, para otros, hay que eliminarlos porque, habiendo otras formas de intervenir las calles para bajar la velocidad, son elementos nocivos que rompen coches, funcionan como trampas para motociclistas y ciclistas, y como barreras para vehículos de emergencia. Para unos, hay un vacío legal que habilita su implementación, para otros, son directamente inconstitucionales. Para muchos, la proliferación de estos reductores, sin ninguna estandarización, son otro ejemplo de los problemas que surgen de la falta de unificación de criterios producto de la superposición de leyes provinciales con resoluciones municipales y la ley Nacional de Tránsito, a la que muchas provincias no adhirieron. Sin embargo, casi todos coinciden en que el problema es la velocidad y la falta de educación vial.

La muerte del joven deportista disparó la polémica sobre la legalidad, la normativa y la utilidad de los lomos de burro a la hora de hacer que los conductores reduzcan la velocidad. En el caso del que se llevó puesto Toledo sobre la ruta provincial 40 y que lo lanzó contra dos palmeras con las que impactó, había sido colocado pocos días antes por la Municipalidad. El licenciado en Seguridad Vial y Transporte y titular de la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales (ADISIV), Axel Dell'olio, estuvo en el lugar y explicó a Página/12 que “si bien todo indicaría que no iba a 40 kilómetros, que es la velocidad máxima en esa zona, y estaba señalizado 100 metros antes y con el cartel con la máxima velocidad en su lugar, el lomo tenía seis días y ya mostraba un alto desgaste porque los autos que pasan le dan con el chapón. Estaba pintado de amarillo con pintura látex, no con pintura reflectiva con microesferas de vidrio que se "encienden" cuando alumbran las luces. Estaba opaco y de noche no se ve”.

Para el especialista el problema es que, además de ser un método que desaconseja, en la provincia de Buenos Aires no hay una norma que regule la aplicación de los reductores de velocidad. “En la ley 13.927, vigente desde 2008, no están mencionados, si lo estaban en la 11.430 que fue derogada. En este caso, la ruta es provincial, pero como pasa por el ejido urbano, el intendente es el que dispone si los instala o no, y también quién debe hacerse responsable cuando algo sale mal”. “Muchos intendentes lo hacen porque levantan pavimento, lo reprocesan y lo meten como lomo de burro. A la gente le gusta, el usuario medio lo pide sin medir consecuencias, cuando hay otras opciones para achicar la calle, como el concepto que se implementa en el mundo de zona calma o zona 30 para reducir a 30 kilómetros la velocidad, donde apaciguás la calle mediante ciclovías, tachas reflectivas, delineadores de plástico y chicanas”.

Dell'olio remarcó que romper las calles para colocar badenes o montar lomos de burro significa que “no pudiste explicarle a la gente cómo se usa la vía pública. Le estás diciendo que fracasaste”.

Con otra perspectiva, el presidente de Luchemos por la Vida, Alberto Silveira, dijo a este diario que los lomos de burro “son herramientas eficaces para reducir la velocidad, que es la primera causa de muerte de los peatones, que son los más vulnerables en el tránsito”. No obstante remarcó que “tiene que estar bien hechos, señalizados con anticipación y debidamente iluminados”. “Por eso apoyamos su uso en zonas de mucho paso de peatones, en proximidad de escuelas y lugares donde en la práctica hay exceso de velocidad y sean necesarios para asegurar que no se superen los límites”.

Aunque su definición no existe en la Ley Nacional de Tránsito, y a falta de estandarización, los lomos de burro, que también reciben el nombre de rompemuelle, policía acostado o policía muerto o lomadas, entre otras denominaciones, y a los que muchos mecánicos deben agradecer su sustento, vienen en variadas formas y tamaño: altos y redondeados, bajos y abombados, amesetados, cortos y largos. Muchas veces son instalados como respuesta espasmódica de un intendente ante un reclamo vecinal por la repetición de accidentes, pero no hay en general una planificación de su implementación.

La cuestión legal

Según el experto en seguridad vial Fabián Pons, que preside el Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam), “no hay ningún vacío legal. Lo que se ve es producto de las consecuencias de tener el tránsito federalizado. La resolución 422 (2002) de la Dirección Nacional de Vialidad prohíbe en forma explícita los lomos de burro. En la ley 24.449 de la provincia de Buenos Aires, el artículo 23 prohíbe cualquier obstrucción de la vía. Pero Nación puede promulgar una ley, después las provincias pueden adherir o no. Y además, está la autonomía municipal, que puede aceptar o no lo que dice la provincia. En Córdoba, por ejemplo, se aceptan los lomos de burro y se le da un diseño. Después cada municipio termina haciendo lo que quiere. No hay vacío legal sino anarquía”.

Los reductores de velocidad son para Pons “un insulto a nuestro nivel cultural, es decir son tan estúpidos que no son capaces de controlarse, de respetarse, por eso tenemos que poner esto. Lo que hay que hacer trabajar en educación vial y tener controles con sanciones ejemplificadoras, que hoy no existen. Estos reductores son un sinsentido que los hemos aceptado porque es la única forma de que respetemos la velocidad. Mientras apelamos a un falso federalismo, la gente se muere".

Las críticas

Desde otra óptica, el abogado civil Nicolás Zullo, que publicó hace unos años en Internet un trabajo teórico sobre la inconstitucionalidad de los lomos de burro, sostuvo que “lo único previsto por la ley es la señalética horizontal, que son las cintas fluorescentes”. El artículo, con una perspectiva que trata sobre las libertades personales y la responsabilidad individual por sobre los controles externos y extremos, muestra que este tipo de reductores, en definitiva, "son una expresión de la forma en que nos tratamos como sociedad".

Entre las principales críticas contra los lomos de burro que releva en el escrito Zullo figuran: que “promueven o facilitan el daño ambiental, debido a que las constantes e innecesarias paradas y aceleraciones de los vehículos consumen más combustible y aumentan la polución; aceleran el desgaste y dañan a los vehículos, especialmente cuando estos obstáculos están mal construidos, con poca o nula señalización; congestionan el tránsito, y muchas veces derivan la circulación a vías alternativas que no los contienen; no salvan más vidas. No se ha demostrado estadísticamente que la construcción e instalación de estos obstáculos contribuya significativamente a la reducción de accidentes, como tampoco existe registro de los accidentes que ha provocado su instalación debido a la mala construcción, falta o falla de señalización”.

Además, como explicó a este diario el abogado, “obstaculizan la circulación de vehículos de emergencia (camiones de bomberos, ambulancias, patrulleros). Por este motivo, en Italia se prohibieron. Pero en el país, la proliferación que hubo es alarmante. Pero tenemos rutas nacionales, rutas provinciales y caminos municipales, y en los tres niveles de responsabilidad cada agencia, departamento u organismo decide qué hacer con estos dispositivos. La excusa en muchos casos es que se hace en lugar de instalar semáforos que son más costosos. Y se hacen sin tener un estándar y sin reglamentarlos cuando en el mundo se implementan otros mecanismos”.