Alberto Fernández anunciará el prometido proyecto de reforma judicial en medio de un clima de máxima tensión con jueces y juezas nacionales derivado de la modificación del régimen jubilatorio especial del que gozan. Son dos cuestiones que podrían parecer ajenas entre sí, pero que se conectan: ambas se relacionan con formas de acumulación de poder de quienes imparten justicia. En la línea de los cuestionamientos al sistema judicial que hizo el día que asumió la Presidencia, Fernández promoverá ahora una reforma que diluya la concentración de decisiones en manos de jueces federales al fusionar fueros y competencias. La reacción corporativa del Poder Judicial ante los cambios o nuevas políticas, como la de estos días, no es novedosa y es propia de un aparato de esencia conservadora. Pero quedó en evidencia que la respuesta es más virulenta cuando se trata de cuestiones que afectan el bolsillo y los privilegios. Uno de los argumentos más insólitos que se escucharon en la semana es que el recorte jubilatorio condiciona la independencia judicial, como quien amenaza con que podrá tomar represalias. En el fondo, es la misma lógica de los abusos propios la guerra judicial o lawfare desplegada durante el gobierno de Mauricio Macri.

--Al final la culpa de todo esto la tienen ustedes--, le dijo un camarista de Comodoro Py a un diputado de Juntos por el Cambio muy consustanciado con los temas judiciales. Se lo espetó cuando se avecinaba el debate en el Congreso, para recriminarle que fueron macristas y radicales quienes habían comenzado a agitar la reforma del régimen de jubilaciones de privilegio en diciembre último cuando se debatían los cambios en el sistema previsional general y los aumentos. De hecho, el diputado radical Alejandro Cacece llegó a presentar un proyecto que proponía directamente la eliminación de las jubilaciones de privilegio y que los funcionarios de los tres poderes tuvieran un mismo régimen. El interbloque opositor, sorprendentemente, advirtió previo a la sesión del jueves último, que no daría quórum porque “el oficialismo pretende cooptar al Poder Judicial disfrazándolo de una ley anti-privilegios”.

Ya en los días previos jueces y fiscales agrupados en asociaciones varias refunfuñaban frente a los micrófonos de los medios que no habían sido escuchados por el Gobierno antes de impulsar el cambio en las jubilaciones. Sin embargo, en simultáneo, algunos de ellos llamaban a los despachos de manera insistente, con alegatos de defensa personal y colectiva. “Si hacen esto voy a tener que dejar mi cargo en el Consejo de la Magistratura”, lo escucharon despotricar en un acto sincero a Ricardo Recondo acerca de su temor a perder esa porción de poder. Es el mismo que dijo que los jueces “viven al día”. También levantó el teléfono el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz: “Si no nos van a consultar nada, mi posición es que piensen en modificar también los aportes de los que ya están jubilados”, sugirió, en una posición –además—contraria a la de otros supremos que cuestionan modificaciones de carácter retroactivo. La ministra Marcela Losardo cintureó con elegancia en las últimas dos semanas en los grupos de whatsapp donde sus amigas del Poder Judicial se mostraban en llamas.

Con furia acumulada de la semana en la que se votó finalmente el nuevo modelo, el fiscal federal Carlos Rívolo, titular de la Asociación de Fiscales, se quejó ante Infobae por la celeridad del tratamiento de la nueva ley y lanzó una advertenciaz: “Esperemos no soprendernos mañana con el proyecto de reforma judicial”.

La gran reforma

El Presidente puso la cuestión judicial en el centro de su agenda desde el día en que asumió. Frente a la defensa desenfrenada de la familia judicial por las jubilaciones, reaccionó con furia y la intención de doblar sus apuestas. El viernes último Fernández reforzó su idea: “Soy abogado y enseño Derecho. La Justicia necesita una revisión. Llegamos a un punto en que las cosas no están funcionado bien”. Combinaba el concepto de una reforma general con otra que implica sacar al Poder Judicial de su burbuja. “La justicia, en términos económicos, se aleja del resto de la Argentina”, dijo.

Quizá la frase que mejor sintetiza su objetivo, y que surgió en su primer mensaje, es “nunca más a los sótanos de la democracia”. Aludía, como precisó, a la justicia contaminada por los servicios de inteligencia, los operadores judiciales y los ataques de los medios, las decisiones judiciales que siguen “los vientos” políticos, “las persecuciones indebidas y las detenciones arbitrarias”. Después de aquel discurso inaugural pronto se supo que, con el objetivo de desterrar aquel modus operandi, Fernández pensaba recuperar un viejo proyecto de Gustavo Beliz, que quedó trunco cuando dejó su cargo de ministro de Justicia del gabinete de Néstor Kirchner. Beliz proponía descentralizar Comodoro Py y debilitar su poderío histórico, concentrado en doce despachos de jueces/juezas. En otro tiempo era locuaz ante los medios, pero desde su regreso a la función pública, en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, guarda en un extremo bajo perfil.

Todo indica que los ejes de la reforma serán anunciados ante la Asamblea Legislativa y que el proyecto será presentado la semana entrante. En la Casa Rosada nadie cuenta los detalles, pero ya el propio Fernández dijo que se trata de una reforma integral de los tribunales federales, que no serían solo los porteños. En las últimas semanas Fernández, Beliz, Losardo y la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra analizaron esquemas posibles de fusión del fuero penal federal con otras competencias y jurisdicciones. La intención es que la decisión sobre delitos federales ya no quede concentrada en unos pocos juzgados que, además, fueron protagonistas de los abusos de los últimos cuatro años. La reforma, además, está pensada de la mano de la aplicación, finalmente, del sistema acusatorio, que apuntará a volver al sistema judicial más dinámico, oral y con mayor protagonismo de las y los fiscales. El Código Procesal Penal vigente, de hecho, prevé este sistema, pero el macrismo demoró su puesta en marcha, cuando gozaba de vínculos de complicidad con varios jueces, como el fallecido Claudio Bonadio, y porque hubiera complicado –entre otras cosas— las detenciones arbitrarias masivas.

Alberto Fernández tiene en mente, como escribió Mario Wainfeld en este diario el domingo último, la creación de un Consejo para el fortalecimiento institucional del Poder Judicial, inspirado en el Consejo para la Consolidación de la Democracia de Raúl Alfonsín. Su idea es que lo integren juristas reconocidos y con variada filiación política, que hagan diagnósticos, generen debates y propuestas. Algunos de los nombres que suenan son León Arslanian, Federico Pinedo y Ricardo Gil Lavedra.

Todavía es un enigma si Fernández promoverá alguna modificación del Consejo de la Magistratura, con el que ha sido crítico, al igual que con la Corte Suprema. Sobre esta última se enfocó el viernes en el manejo económico: “¿Cómo puede ser que tengan un plazo fijo de 40.000 millones de pesos? Ese es ahorro de la Corte, lo que les sobra de presupuesto. Explíquenmelo, yo no lo entiendo. Tienen los sueldos que tiene y ahorran 40.000 millones de pesos”. Los entendidos olfatean algún anuncio también sobre la distribución presupuestaria.

En la Corte aguardan los anuncios y han sido cautos con la cuestión jubilatoria. El régimen aprobado, además, los dejó a salvo.

Los privilegiados

“Los jueces vivimos al día”; “esto condiciona la independencia judicial”; “no es un sistema de privilegio”; “es el fin de la carrera judicial”; “se vaciará el Poder Judicial” porque vendrán renuncias en masa; “el oficialismo quiere vacantes para poner a sus jueces”; “traerá inseguridad jurídica para inversores y acreedores externos”. Estos fueron algunos de los planteos de jueces, juezas, fiscales y sus asociaciones al calor de la discusión sobre la reforma jubilatoria.

“Los que colonizaron la justicia fueron ellos”, respondió Fernández en alusión al macrismo. “Yo ni siquiera estoy buscando que algunos de los jueces que ellos pusieron tengan que jubilarse. Es asombroso lo que hicieron, jueces de tribunales orales los volvieron camaristas, hicieron lo que quisieron con la Justicia. Manejaron el Consejo de la Magistratura de modo patético y ahora vienen a explicarme a mí. Pero tienen un problema conmigo, de este tema sé. Lo único que estoy tratando de hacer es mejorar la justicia”, insistió el Presidente.

Un breve repaso de lo que Diputados votó como nuevo sistema jubilatorio judicial: por empezar, el cálculo del 82 por ciento móvil para determinar el haber jubilatorio del Poder Judicial no será sobre el último sueldo sino sobre las últimas 120 remuneraciones (diez años) actualizadas por el régimen general. Es probable que se establezca un índice, como para los docentes y científicos. Quedó intacta la cláusula que dice que para jubilarse como juez/jueza se requieren 10 años de ejercicio o 15 discontinuos. La edad será 65 años para los varones y 60 para las mujeres. El aporte subirá del 12 % al 18 %.

Tanto la Asociación de Magistrados, como la de Fiscales, la Federación Argentina de la Magistratura e incluso el presidente del Consejo, Alberto Lugones, insistieron con sus críticas. La Unión de Empleados de la Justicia (UEJN), que lidera Julio Piumato, obtuvo una conquista: que el proyecto aprobado incluyera a prosecretarios y jefes de despacho, que habían quedado afuera. Aún así, siguen cuestionado la suba del aporte y dicen tener un cálculo propio que indica que con el 15 % de aportes el sistema es sustentable. Justicia Legítima fue el único espacio que explicitó que no pondrá obstáculos.

El titular de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, se quejó de que el oficialismo no fundamentó sus cálculos. Pero, ante la consulta de Página/12 introdujo el tema de mayor discordia tras la aprobación en comisión: la pérdida de estado judicial cuando un juez o jueza se jubilan, por la modificación de artículo 16. En el momento que se leyó en las comisiones de Presupuesto y Seguridad Social cómo quedaba el texto, a los jueces presentes se les desorbitaron los ojos y comenzaron a protestar. La pérdida de estado implica que los jubilados ya no podrán ser convocados/as para subrogar juzgados vacantes (con lo que además cobraban un 30% más de la jubilación), que –advierte Gallo Tagle—ya son un 25 por ciento. Lo mismo dice Lugones, que además calcula que podría haber 150 renuncias en breve. Un paréntesis al respecto: todo el mundo judicial y político sabe que las vacantes crónicas son fruto de las roscas interminables entre jueces y legisladores del Consejo de la Magistratura que negocian cargos de manera constante.

Las otras cuestiones que vienen con la pérdida del estado judicial que abrirán polémica: los jubilados judiciales pagarían ganancias como cualquier hijo de vecino; y perderían la obra social del Poder Judicial. Se generará la discusión, además, por la aplicación a quienes ya están jubilados de antes. El llamado “estado judicial” proviene de una ley de tiempos del régimen de Juan Carlos Onganía, fue reforzada sobre el final de la última dictadura cívico militar y ratificada en democracia.

Hasta ahora renunciaron 24 jueces y juezas para jubilarse con el viejo régimen y el número de fiscales sería de 17, pero no está en firme. El previsionalista Miguel Fernández Pastor dice que ese apuro no tiene sentido porque “el artículo 161 de la ley 24241 dice que si una persona cumple con los requisitos de una ley al momento de ser derogada, se jubila con esa ley, de modo que quienes hoy tenga 60 años y 30 de aportes se van a jubilar igual con el régimen anterior; la discusión sobre este punto fue una mera chicana”.

Durante las exposiciones en comisión, el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, mostró algunos datos ilustrativos. El haber medio actual de jubilados del Poder Judicial es de 293.107 pesos; el de quienes pertenecen a poderes judiciales de las provincias transferidas a la ANSES, es de 198.504; el del servicio exterior (que entra en esta reforma) es 335.934 pesos. Una jubilación promedio del régimen general es de 20.575 pesos. El sistema jubilatorio es deficitario y quedó desmantelado tras el gobierno de Macri. En el caso del Poder Judicial en particular el sistema recauda 8.872 millones de pesos pero gasta 18.786 millones, por lo que tiene un déficit de 9.914 millones, que sostiene el resto del sistema.

También mostró Vanoli que el Estado deja de recaudar 421 millones de pesos mensuales de impuesto a las ganancias por la exención de la que goza el Poder Judicial. Y que en la mayoría de los países de la región el Poder Judicial no tiene un régimen especial de jubilaciones.

La semana próxima promete gran revuelo. Más jueces y juezas amagan con presentar renuncias mientras la discusión pasa al Senado, donde nuevamente las asociaciones y gremios intentarán llevar su posición. También anuncian que si el esquema se mantiene intacto habrá catarata de reclamos judiciales. La clave a futuro estará en lo que haga la Corte. Nada nuevo bajo el sol, mientras se cocina la gran reforma.