Los sacerdotes de las villas de emergencia de la región metropolitana de Buenos Aires advirtieron hoy que la decisión del Gobierno de endurecer las normas migratorias tendrá “consecuencias discriminatorias” e incentivará “el racismo y la xenofobia”. El cuestionamiento de los curas villeros al giro impuesto por la administración de Mauricio Macri se da en momentos en que, tal como anticipó hace dos semanas PáginaI12, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se apresta a analizar los cambios realizados en la materia, que fueron defendidos por la canciller Susana Malcorra. “No plantea una Argentina xenofóbica”, dijo y adelantó que funcionarios macristas irán a defender en la audiencia que el 20 de marzo habrá en la CIDH el decreto que dictó Mauricio Macri.
Los curas villeros cuestionaron en un documento que los cambios a la normativa migratoria se hayan hecho por medio un decreto de necesidad y urgencia, “salteando la discusión legislativa, espacio apropiado para el tratamiento de un tema tan delicado”. “Estamos muy preocupados por las consecuencias discriminatorias de la medida implementada desde el gobierno nacional, y por su consecuente incentivación del racismo y la xenofobia en nuestro pueblo”, sostuvieron en el texto.
Los sacerdotes también expresaron su rechazo a “la estigmatización del migrante, identificándolo con el delito, responsabilizándolo del problema de la droga, la inseguridad y de todos los aspectos negativos de la sociedad”. “El problema no es la inmigración, el problema es el delito”, aseguraron y recordaron que el papa Francisco ha dicho que “ningún pueblo es criminal o narcotraficante o violento”.
Malcorra defendió los cambios hechos por Macri. Según dijo, plantean “una Argentina en línea con lo discutido en el Mercosur y que necesita asegurarse que los crímenes transnacionales son evaluados de una manera muy especial”. Además, trató de restarle importancia al tratamiento del tema en la CIDH y lo atribuyó a “una presentación por parte de algunos sectores que es inexacta”.
Inexacto es lo que dijo Malcorra. Como adelantó este diario, la CIDH decidió de oficio, es decir por iniciativa propia, abordar el caso. Lo hará el 20 de marzo y al día siguiente analizará las políticas que impiden el acceso al asilo implementadas por Donald Trump.