“El municipio deposita la basura que recolecta en los domicilios en un vertedero que se encuentra en la ribera del río”. Respecto a las cloacas, “el procedimiento que aplica (el municipio), es a través de un camión atmosférico, con el cual efectúa el vaciamiento de los pozos ciegos de los domicilios de los vecinos y luego realiza el vertido de estos residuos en crudo directamente en el río”.

Estas afirmaciones surgen del informe de la Auditoría General de la Provincia (AGP), que evaluó el cumplimiento de la ley provincial de Medio Ambiente 7070 en el municipio de El Tala (ubicado en el departamento La Candelaria, en el sur de la provincia), durante 2016. En ese ejido urbano desde 1986 “está fuera de servicio la red cloacal que tenía el municipio y actualmente se está gestionando su reactivación. Los vecinos cuentan con un sistema de pozo ciego, realizado por ellos mismos”. Respecto de la “disposición de residuos”, el informe de la AGP indica que “en el camino que lleva desde el pueblo hasta el vertedero se observan basurales clandestinos donde la gente del lugar arroja basura”.

30 causas

Aunque preocupa, la realidad hasta aquí expuesta en Salta es más común de lo que parece. Sin tomar este informe de la AGP, desde la Procuración General de la provincia se informó que en las fiscalías hay al menos 30 causas por daños ambientales referidas a basurales.

El viernes que pasó se convocó a los fiscales a cargo de actuaciones referidas a la gestión de los residuos y su impacto en el ambiente y que en su mayoría se originaron con la información recabada por la Relatoría Ambiental de la Procuración General de la Provincia, a cargo de Sebastián Lloret.

“Lo novedoso es que es la primera vez que desde la Procuración se pide llamar a todos los fiscales a fin de contrastar acciones y criterios de trabajo”, dijo Lloret al ser consultado por Salta/12 respecto del encuentro. Para ello se contó con la presencia de miembros que componen el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), desde donde se expusieron ejemplos, criterios y problemáticas que involucran los basurales.

En el encuentro se recordó que la gestión de residuos domiciliarios “recae bajo la competencia de los municipios, los que están habilitados y monitoreados por la administración pública provincial”. La provincia se rige por un Plan Estratégico Provincial diagramado conforme las pautas mínimas exigidas por la Nación.

Contrariaramente a lo que sucede en la realidad de muchos municipios, se indicó que la ley dispone que “los rellenos sanitarios no pueden estar en cursos de agua y sí deben ubicarse en sitios alejados de ciudades o pueblos”. Además, deben cumplir con requisitos como: estudios de impacto ambiental y social (EIAS), con participación social previa en audiencias públicas. También, indicó la Procuración, deben realizarse mediante métodos apropiados que prevengan y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.

Responsabilidades sin compartir

El marco ideal que establece la ley se aleja de la realidad de los municipios. En diálogo con Salta /12, el abogado Luis Segovia, especialista en derecho ambiental y representante de vecinos en la causa que se sigue por el vertedero San Javier (donde se trata la basura de la capital salteña y alrededores), hizo su análisis de la situación.

Por un lado, entendió que podrían imputarse presuntas irregularidades financieras a los municipios cuando se trata de cumplir con la ley ambiental. Sin embargo, afirmó que también se debe observar la capacidad económica de las comunas para cumplir con las obligaciones que se previeron desde el año 2004, cuando surgió la ley nacional 25916, que dispone cómo hacer el tratamiento de los residuos.

Puso de ejemplo la condena ya ratificada por la Corte de Justicia de Salta en 2018 contra el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo. En la condena se disponía que en un plazo prudencial se instrumente un programa de tratamiento de residuos en ese municipio. Cornejo terminó su gestión sin cumplirla.

Para Segovia, el problema pasa no solo por no querer, sino por no contar con los fondos para hacerlo. “Hay una disparidad de criterios de la provincia para ayudar a los municipios” con la disposición de sus residuos. En opinión del abogado, muchos de esos criterios dependen del ánimo y simpatía de turno del gobierno provincial con el jefe comunal de turno. Los fondos nacionales e internacionales son canalizados por el administrador provincial hacia los municipios. En manos de la provincia queda solo el “monitoreo” o “asesoramiento” de las acciones, y los administradores provinciales se despegan de responsabilidad alguna por la contaminación que generan los basurales a cielo abierto.

“A los municipios aislados y sin recursos les va a resultar imposible”, generar el tratamiento de residuos, pues es una realidad que incluso sucede en aquellos municipios adonde el dinero sí llegó, sostuvo Segovia. Señaló al caso de Cafayate, ciudad turística y cabecera del departamento homónimo en los Valles Calchaquíes. Recordó que el año pasado se inició una investigación judicial porque se habían incendiado residuos que habían sido mal gestionados. “Cafayate sí recibió fondos que la provincia obtuvo de Nación”, dijo Segovia, quien reconoció que durante la gestión del kirchnerismo a nivel nacional fue cuando más dinero se envió a las provincias para el tratamiento de residuos. “Valió que cuenten con una de las plantas más grandes de gestión en un consorcio que involucra a Cafayate, Animaná y San Carlos”, sostuvo. Pero, a su entender, la gestión de residuos de todos modos se hizo mal.

El diputado provincial con mandato cumplido Arturo Borelli había presentado en 2019 un proyecto con el objetivo de crear un consorcio metropolitano de la capital salteña donde la provincia fue incluida con responsabilidades compartidas. “De hecho, es lo que funciona hoy en Buenos Aires”, dijo el abogado.

Como asesor de Borelli, Segovia recordó que se hizo una reunión en la Cámara de Diputados con el fin de tratar el proyecto con los responsables de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Los funcionarios se negaron a la posibilidad de un trabajo de colaboración con los municipios “y se rasgaron las vestiduras hablando de la autonomía municipal”, contó. “No quisieron reconocer que (la política respecto de los basurales), fue un fracaso a nivel de las competencias”.

Mientras tanto, la preocupación mayor es la contaminación de las napas de aguas subterráneas, en donde los límites de las jurisdicciones se terminan por diluir.