En el cierre de la semana más conflictiva del gobierno de Mauricio Macri no llegaron a la Casa Rosada buenas noticias: las organizaciones que impulsaron a fines del año pasado la ley de emergencia social ratificaron para la semana que viene una serie de medidas de fuerza en respuesta a la lentitud oficial para poner en práctica esa norma, que recién fue promulgada ayer. Disconformes con la reglamentación que firmó ayer el presidente, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie decidieron levantar la asamblea popular que planeaba hacer el lunes en Plaza de Mayo y proceder directamente con un plan de lucha que comenzará el miércoles, en coincidencia con los tres meses de la sanción de la norma.
La emergencia social “sigue sin implementarse”, denunciaron ayer desde las tres organizaciones. Por eso, decidieron realizar la semana que viene “una jornada nacional de lucha con manifestaciones y ollas populares en distintos puntos del país contra la política económica neoliberal adoptada por el gobierno nacional que destruye puestos de trabajo, transfiere la riqueza hacia los ricos, castiga a los trabajadores, empobrece al pueblo, multiplica la indigencia y endeuda a las generaciones futuras”. La medida de fuerza contempla unos trescientos cortes de ruta en todo el país, incluyendo los accesos a la ciudad de Buenos Aires.
La ley impulsada desde los movimientos sociales y acordada entre el gobierno y sectores de la oposición en diciembre, luego de una protesta que incluyó a la CGT y la CTA, contempla la declaración de emergencia y asigna 30 millones de pesos a políticas sociales hasta 2019. Después de reposar durante casi 90 días en el despacho presidencial la norma fue promulgada ayer, casi en coincidencia con la difusión de nuevos datos sobre pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la UCA que contemplan un marcado aumento de la cantidad de argentinos que cayeron en el último año bajo la línea de subsistencia.
Para la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, la ley “tiene que ver con reconocer la existencia de la economía popular”. Stanley, que es la interlocutora del gobierno nacional con estas organizaciones y otras agrupaciones de base, aseguró que a partir de ahora y con la puesta en práctica de la ley se comenzará a darle “visibilidad, acompañamiento y contención a cada uno de los trabajadores informales que hoy generan sus propios ingresos”, que hoy conforman “casi el 40 por ciento de los trabajadores en la Argentina”. El objetivo de la norma, estableció la funcionaria, pasa por “con reconocer la existencia de la economía popular y que sea parte del plan productivo nacional”.
Sin embargo, la promulgación de la ley no alcanzó para calmar los ánimos y las organizaciones sociales denunciaron en una conferencia de prensa que el gobierno “incumplió todos los compromisos asumidos con los trabajadores en la Argentina” y “todas las medidas paliativas acordadas” previamente. Juan Grabois, referente de la CTEP, luego de que trascendiera la publicación de la norma en el Boletín Oficial dijo que se trata de “una reglamentación trasnochada que no resuelve los problemas” planteados al gobierno. “Este modelo económico y el cinismo político nos obliga a salir a la calle a luchar”, concluyó el referente.
“El miércoles 15 de marzo, a tres meses de la sanción de la ley de emergencia social que al día de la fecha sigue sin implementarse, los movimientos y trabajadores de la economía popular realizaremos una jornada nacional de lucha con manifestaciones y ollas populares en distintos puntos del país contra la política económica neoliberal adoptada por el gobierno nacional que destruye puestos de trabajo, transfiere la riqueza hacia los ricos, castiga a los trabajadores, empobrece a nuestro pueblo, multiplica la indigencia y endeuda a las generaciones futuras”, señalaron las organizaciones en la conferencia.
La ley de emergencia social, sancionada el 14 de diciembre, creó el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, además del Registro Nacional de la Economía Popular, ambos en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. El texto define a la economía popular como “toda actividad creadora y productiva asociada a mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social, con el objeto de generar y/o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo o el familiar”.
El anuncio de un plan de lucha no implica romper el diálogo con el gobierno nacional, aseguraron los representantes de las tres organizaciones en la conferencia de prensa. De hecho, sigue en pie una nueva reunión con Stanley y su equipo, agendada para el próximo jueves, un día después de la jornada de protestas. Desde Desarrollo Social aseguran que la cita sigue en pie pero que no habrá grandes novedades en ese cara a cara porque los tiempos de implementación de la ley son los previstos desde el principio de las negociaciones. Además, prometieron que en la reunión presentarán una propuesta para avanzar en la conformación del Consejo de la Economía Popular que quieren consensuar con las organizaciones.
