Como estaba previsto, este lunes declaró en el juicio de la obra pública vial de Santa Cruz la dirigente de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic. Es un proceso que va de desastre en desastre y en el que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es la principal imputada. Zuvic fue la cuarta política en declarar como testigo. Los tres anteriores --los diputados de Cambiemos Juan Carlos Morán y Fernando Sánchez y la ex candidata Margarita Stolbizer-- no aportaron ni una prueba ni un mínimo dato, sólo fueron opiniones, en general tomadas de los medios.
Con Zuvic ocurrió lo mismo: dijo que lo que denunció sobre las obras viales lo sabía por dichos, que tuvo una fuente secreta y que de ese testigo sólo se acordaba el apellido, Sánchez. En realidad, la parlamentaria del Mercosur firmó una denuncia sobre obras públicas a partir de declaraciones de Leonardo Fariña, a las que citó textualmente. O sea que tampoco tuvo elementos concretos ni sobre licitaciones, incumplimientos, sobreprecios o redeterminaciones de obras. El dato demoledor es que está declarando un testigo por lunes y se supone que la lista es de 180. Si no se desiste de buena parte, el juicio va camino a demorarse cuatro años. Desde antes del inicio de las audiencias están pendientes numerosos planteos ante la Corte Suprema, entre ellos uno según el cual 49 de las 51 obras ya fueron evaluadas y son cosa juzgada.
Como anticipó la vicepresidenta en su vehemente declaración, el proceso tiene un nítido contenido político. Hasta ahora casi no hubo testimonios ni argumentos técnicos, referidos a hechos concretos. Y el expediente en sí mismo, se inició con una denuncia del ex titular de Vialidad, Javier Iguacel, militante macrista, a partir de una auditoría que ni siquiera encontró irregularidades de relevancia: la conclusión fue que no se pagó ningún tramo que no se hubiera construido, que los atrasos fueron los lógicos de las obras en todo el país y que no se pudieron determinar sobreprecios. La denuncia sostiene que se construyeron demasiadas rutas en Santa Cruz --los presupuestos y las obras se votan en el Congreso-- y que es irregular que empresas de Lázaro Báez hayan ganado, licitaciones mediante, 51 de las 81 obras que se hicieron. Tal vez los aportes a la acusación vengan del propio Iguacel, que está convocado para declarar el lunes 9 de marzo, aunque tiene el antecedente de haber pedido una postergación hace un mes.
Zuvic fue llamada a declarar pese a que su denuncia es anterior a la que se trata en el juicio oral. Ella simplemente se sumó en 2013 a otra denuncia previa de Elisa Carrió, de 2008, pero sostuvo que escuchó a Fariña en televisión y entonces se presentó en la justicia transcribiendo los dichos del arrepentido. El expediente del juicio recién se inició en 2016, ni bien asumió Macri, y por encargo del propio ex presidente. Un dato sorprendente es que Zuvic se refirió a la obra pública de Santa Cruz en general y el juicio trata sólo de las obras viales, pero aún así la convocaron.
A lo largo de la declaración de este lunes, la testigo se manejó con versiones: que Lázaro Báez no es un testaferro de Nestor Kirchner, sino que es un empleado del fallecido ex presidente y de su esposa, Cristina. Que la plata de los sobreprecios --algo que no pudo detallar-- iba a coimas y que el dinero lo recaudaba Néstor. Todo, supuestamente, lo supo por dichos de su fuente, cuyo nombre no pudo precisar y que es --según dijo-- un testigo protegido en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Se le recordó entonces las maniobras con arrepentidos y testigos protegidos que aparecieron en la causa de Dolores, que instruye Alejo Ramos Padilla, y en la que la propia Zuvic está imputada por armado de causas falsas. La parlamentaria contestó que a ella nadie la notificó de que está imputada y que no cree en algunos periodistas. La noticia de aquella imputación la publicó el diario La Nación.
Zuvic es una ladera de Carrió, fue elegida para su banca en el Mercosur por Juntos por el Cambio, es santacruceña, ex esposa del líder y eterno candidato del radicalismo, el multimillonario Eduardo Costa, la figura de Cambiemos en la provincia sureña. O sea, fue una testigo política, con posturas tomadas de antemano y que no tienen que ver con los hechos en sí mismos.
El juicio oral, si el rumbo es el actual, parece un barco destinado al naufragio. Sucede que declara un testigo por semana, lo que permite un cálculo sencillo: si declaran unos 40 testigos por año --están las ferias judiciales, de verano e invierno, y muchos lunes feriados--, sólo la parte de los testigos tardaría más de cuatro años. Es algo insostenible y contrario al espíritu de justicia. En 2024 pocos se acordarán lo que ocurrió en 2016 cuando se hizo la denuncia y, además, es un escándalo que los imputados tengan que pagar abogados durante todo ese tiempo.
A esto se agrega que antes de que empezara el juicio, la Corte Suprema le hizo saber al tribunal --Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu-- que lo mejor era esperar que el máximo tribunal se pronuncie sobre distintos planteos. En ese momento, hubo un conato de frenar el juicio, pero se produjo una descomunal presión política-mediática para que no se suspenda y se publique la foto de Cristina sentada en el banquillo de los acusados.
Los medios sacaron la foto y aún así Cambiemos perdió las elecciones en primera vuelta. Y ahora está pendiente que la Corte resuelva. Por ejemplo, el juez Julián Ercolini recibió en 2011 una denuncia sobre 49 de las 51 obras cuestionadas en este juicio. Se declaró incompetente porque consideraba que debía investigarse en la justicia federal de Santa Cruz. Tras una apelación, el fiscal anti-K Germán Moldes estuvo de acuerdo con enviar el expediente al sur. La causa se instruyó allí y un año después se archivó por inexistencia de delito. Las defensas argumentan que, por lo tanto, el juicio trata sobre hechos que ya fueron juzgados.
