Un impacto dispar es el que generó en Comodoro Py la reforma judicial anunciada por el Presidente ante la Asamblea Legislativa. Página/12 consultó a jueces, fiscales y abogados que habitan el edificio de Retiro. El único denominador común fueron las dudas sobre la letra chica de la ley que aún no se conoce. Mientras algunos jueces celebraron la ampliación de magistrados porque consideran que va a “alivianar el trabajo”, otros plantearon sus reparos por la implementación y la articulación con el sistema acusatorio. Por un lado, opinaron que para toda reforma hace falta plata. Por el otro, advirtieron que el argumento de la falta de presupuesto es sólo una excusa para no avanzar con los cambios, ya que se trata de una “decisión política y administrativa”.

Fusionar la Justicia Federal penal con parte de los tribunales ordinarios y el fuero penal económico, para ampliar la cantidad de jueces que instruyan las causas por corrupción; unificar el fuero contencioso administrativo con el civil y comercial; la implementación en todo el país del sistema acusatorio; la creación del Consejo para Afianzar la Administración de Justicia y la revisión de los recursos extraordinarios ante la Corte Suprema son algunos de los lineamientos generales de las modificaciones que se vienen. Aún sin los detalles del mega proyecto, este lunes en los pasillos, ascensores y despachos de Comodoro Py fue, sin dudas, el tema excluyente.

“En lo operativo va a estar muy bien porque nos va a alivianar el trabajo”, dijo un juez con asiento en el cuarto piso. Sin embargo, advirtió que “hay que esperar” los detalles del proyecto para evaluar el verdadero impacto. En contraposición, uno de sus colegas opinó que se van a sumar las causas de los otros fueros, por lo que no está garantizado que se vayan a descomprimir los juzgados.

Tras el discurso de Alberto Fernández, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, aclaró que “los delitos graves, de corrupción, trata de personas, lavado de dinero ya son federales, pero la lista se va a ampliar. No es sólo corrupción” y señaló que “las causas que ya existen seguirán en manos de los mismos jueces que las instruyen ahora”. Para Losardo, “la Justicia Federal va a tener mayor posibilidad de avanzar más rápido en las causas y trabajar de una manera más eficiente y eficaz”.

Desde su oficina en el tercer piso y mate de por medio, otro de los magistrados opinó que lo que más va a lograr depurar el poder de Comodoro Py va a ser la implementación del sistema acusatorio en todo el país. “El sistema actual es ineficiente y permite la corrupción”, consideró. Muy crítico del sistema vigente, explicó que los procesos actuales son “largos, secretos, poco transparentes” y recién se logra ver si la instrucción está bien o mal hecha cuando se llaga al juicio oral. El nuevo esquema, que va a incluir la oralidad en los procesos y les dará más trabajo y responsabilidad a los fiscales, “limitaría las arbitrariedades”.

Si bien se cree que los fiscales van a ganar más poder con el sistema acusatorio, muchos de ellos resisten el cambio. Es que en la actualidad no rinden cuentas ni son evaluados por su desempeño y tienen los márgenes suficientes para impulsar o demorar causas o para imputar o no. Además, salvo que el juez haya delegado en ellos la investigación, sólo pueden solicitar medidas probatorias. Con el Acusatorio, los y las fiscales serán los responsables de producir la prueba, investigar, alegar y ganar los casos. “Ahora van a tener que ponerse a estudiar y trabajar en serio”, advirtió un funcionario. En el mismo despacho señalaron, además, que debe haber un direccionamiento de la política criminal “para que los fiscales no hagan lo que quieran”.

“El verdadero problema son los poderes fácticos”, opinó otro de los jueces, al señalar que la ampliación de los magistrados federales no necesariamente va a garantizar que no se cometan irregularidades. Según analizó, “si un grupo económico, un medio de comunicación o alguien muy poderoso toca la puerta de un juzgado, los jueces deben tener herramientas, espalda y respaldo de todo el sistema para resistir las presiones”.

En medio de la heterogeneidad de opiniones, la Asociación de Magistrados no se pronunciará hasta tanto se conozca el detalle de los proyectos del Ejecutivo. Al contrario de lo sucedido con la iniciativa para terminar con las jubilaciones de privilegio, en la que fue unánime y veloz el rechazo desde los tribunales, en este caso aún no hay posturas firmes ni mucho menos unificadas.

“Esto no cambia nada”, opinaron en otra fiscalía, desde donde sugirieron “cambiar la filosofía de la denuncia penal como arma política”. ¿Y cómo se podría implementar?, preguntó este diario. “Poniendo algún tipo de penalidad. Que paguen las costas si la denuncia no prospera. Que no les salga gratis”, respondieron.

Un abogado penalista de amplio recorrido celebró la medida al afirmar que cumplirá con el objetivo de diluir el poder de Comodoro Py. “Es una forma no traumática, es decir, sin juicio político, de licuar ese poder”, dijo. No obstante, puso reparos al alertar que el macrismo “colonizó también la justicia ordinaria”.

Otra de las incógnitas tiene que ver con la federalización de los tribunales orales ordinarios. El último antecedente se ubica en el intento del macrismo de elevar a ese rango al TOF 9, pero la Corte frenó la polémica medida, que buscaba formar un tribunal a medida de la persecución de ex funcionarios. Las dudas se plantean porque ese precedente podría dar por tierra con parte del proyecto. 

Sin embargo, otro experto penalista consultado por Página/12 consideró que aquel intento fue vía Consejo de la Magistratura. Y que en este caso sería por una ley del Congreso y para todos los tribunales orales, lo que ubicaría a este punto de las modificaciones en condiciones de prosperar.