El Gobierno no tiene un cronograma definido acerca de la docena de proyectos de ley que el presidente Alberto Fernández anunció en su mensaje de apertura de la Asamblea Legislativa. Lo que está claro es que el de Interrupción Legal del Embarazo tiene prioridad y que el Gobierno va a trabajar fuerte a favor de la aprobación. El Ejecutivo lo plantea como un asunto de salud pública, en el que las creencias deberían quedar a un lado. Las perspectivas en Diputados son muy buenas, en el Senado no está definido, como en la anterior ocasión. Como ya hubo un debate extenso en el que se escucharon todas las posiciones, la idea es que ahora sea más corto y concreto. A la reforma judicial, el otro proyecto que generó gran repercusión, le están dando las últimas puntadas y estaría listo en breve.

Varios proyectos están listos o le faltan detalles, algunos están más verdes. Quedará a resolución del Presidente cuándo y de qué manera se van enviando al Congreso, si individualmente o en forma de paquete. En el caso del Consejo Económico y Social es casi un hecho que quedará para abril, cuando el Gobierno ya tenga definida la renegociación de la deuda, puesta como línea divisoria para todo lo que tenga que ver con discusión económica. La ley de Hidrocarburos ya está definida y podría ser remitida al Parlamento, con la idea de reactivar la llegada de inversiones a Vaca Muerta. Viene a responder a los planteos de funcionarios y empresarios extranjeros que le piden al Gobierno que flexibilice el cepo cambiario como condición para invertir. Se les permitiría remitir utilidades en base a un porcentaje de lo que se invierta directamente aquí. 

Pero, en el inicio de la Semana de la Mujer, la prioridad estrá puesta en torno al aborto. A diferencia de la actitud de Mauricio Macri, que habilitó el debate y luego jugó discretamente en contra de su aprobación, Alberto Fernández elaboró un proyecto y el Ejecutivo empujará para que salga. Ayer la secretaria legal de la Presidencia, Vilma Ibarra, se reunió con el ministro de Salud, Ginés González García, para terminar de definir la redacción de la iniciativa. 

Para los sectores religiosos que rechazan el proyecto, el Gobierno preparó también el Plan de los 1000 días, para garantizar la atención y cuidado de las mujeres embarazadas y de sus hijos en los primeros años de vida. Igual, no será sencillo. La Conferencia Episcopal ya convocó a una misa y movilización contra el aborto en Luján en coincidencia con el Día de la Mujer. Además, el propio jefe del bloque del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, reiteró su postura contra la iniciativa. "Está claro que vamos a tener que conversar. Trataremos de que no haya otros que quieran imitarlo", explicaban en la Casa Rosada, aunque aceptaban la idea que se trataba de un tema transversal, en el que cada uno tenía su opinión personal.

La vuelta de Malvinas

El mensaje de Alberto Fernández marcó la vuelta del reclamos por la soberanía sobre las islas Malvinas en la agenda oficial, algo que durante los años de Macri había quedado relegado a lo meramente formal. Anunció tres proyectos en los que trabajó la secretaría de Malvinas que encabeza Daniel Filmus que también están listos para su tratamiento. Justamente ayer llegó al país la vicecanciller del Reino Unido, Wendy Morton, para reunirse con su par Pablo Tettamanti, encuentro del que también participó Filmus. Morton quiso saber sobre los tres iniciativas. 

Una, crea el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas del que participarán representantes del oficialismo y de la oposición, especialistas, académicos, ex combatientes y demás sectores involucrados para establecer medidas que garanticen la continuidad de los reclamos de soberanía. Otro proyecto demarcará el límite exterior de la plataforma continental de conformidad con lo establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que reconoció un extenso territorio marítimo para jurisdicción argentina.

Con todo, la iniciativa sobre la que la vicecanciller Morton mostró mayor preocupación tiene que ver con la ley de Pesca, que actualiza las sanciones para aquellos que pesquen ilegalmente en aguas nacionales. La explotación pesquera es el principal ingreso de las islas, que permite a los kelpers mantener un elevado nivel de vida. La sanción, establecida en tiempos de la convertibilidad, había quedado fijada en un monto ridículamente bajo y no servía para desalentar a los buques pesqueros que se entrometían en aguas argentinas. El nuevo monto va a ser móvil, basado en el valor del combustible, y apuntará a las empresas, no sólo a los buques. Así, las empresas que pesquen en Malvinas no podrán hacerlo en aguas argentinas, lo que desalentará a varios.