Los anuncios del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso prometen un año muy activo para el Parlamento. La serie de leyes que el Presidente afirmó que enviará al Congreso aun no tienen fecha ni una agenda organizada, aunque el proyecto sobre la despenalización y legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que elabora el Ejecutivo sería uno de los primeros en llegar al Congreso .

La IVE cruza transversalmente a todos los bloques políticos con posturas a favor y en contra. El propio jefe de la bancada de senadores del FdT, el formoseño José Mayans, reiteró su rechazo a la legalización del aborto: “Voy a votar a favor de la vida”, dijo y sostuvo que “matar a una persona es un crimen”. De todas maneras, afirmó que se respetarán las posturas de diputados y senadores a la hora de votar.

Aunque a diferencia de 2018 donde la ley de la IVE se frustró en el Senado, esta vez estará en discusión un proyecto del propio Ejecutivo que trabajará para convertirlo en ley. En el Gobierno confían en encolumnar al grueso de sus legisladores y en sumar una importante adhesión entre la oposición para conseguirlo.

La lista de proyectos anunciada incluye las leyes de Educación Sexual Integral y prevención del embarazo, que a pesar de cierta resistencia cosecha menos rechazos; y el Plan de los 1000 días para el cuidado integral de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas, que alinearía al grueso de los legisladores.

Pero también hay otras iniciativas más conflictivas: la reforma judicial que amplía el fuero federal porteño y el contencioso administrativo junto al paso del sistema acusatorio que diluye el poder que acumulan los jueces de Comodoro Py; la ley de desarrollo de hidrocarburos y minería; la creación del Consejo Económico Social, cuya conformación e integración excedería el tiempo de un mandato presidencial, necesitarán de trabajosos consensos especialmente en la Cámara de Diputados donde el oficialista Frente de Todos no tiene mayoría propia.

Por ahora la oposición parlamentaria prefiere afirmar que esperará conocer la letra fina de cada iniciativa para tomar postura. Aunque no cabe duda que la principal bancada opositora de Juntos por el Cambio centra una especial preocupación en la reforma judicial. Dentro de alianza que gobernó hasta diciembre pasado, los opositores más ultras sostienen que se trata de “una avanzada contra la justicia”, mientras que los moderados admiten la necesidad de un cambio pero insisten en consultar a los propios jueces a los que se les limitarán sus poderes. En el debate para eliminar las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático, los primeros a arrastraron al resto a deslegitimar el proyecto que ahora el Senado convertiría en ley.

Otra suerte y respaldo se augura para la ley que reafirmará la extensión de la plataforma marítima para preservar los recursos naturales –petroleros e ictícolas--, que irán de la mano con el reclamo diplomático por la soberanía de Malvinas y las islas del Atlántico Sur. A pesar que las iniciativas tiran por tierra el acuerdo marco que la Cancillería macrista firmó con el Reino Unido y que abría paso a la “cooperación” sobre la explotación de esos recursos.

En tanto, Diputados arrancará la semana próxima con el debate en comisión del proyecto de la Economía del Conocimiento, que enviará el Gobierno para reemplazar la ley aprobada durante el último año del Gobierno de Cambiemos y que otorgaba beneficios impositivos a las empresas del sector.