La Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos de Salta (UCU) presentó un amparo colectivo contra la Universidad Católica de Salta (Ucasal). Esto se dio a raíz de los continuos reclamos que expresaron estudiantes autoconvocados por los aumentos en las matrículas y cuotas anunciados para el periodo lectivo 2020.
El amparo exige la declaración de nulidad de estas subas, una medida cautelar para que los alumnos puedan rendir exámenes y cursar el período, y el pago de 5 millones de pesos por violar la ley de Defensa del Consumidor.
La representante de la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos de Salta (UCU), Ivana Cresini, manifestó a Salta/12 que el amparo se presentó ante “la falta de respuesta” de las autoridades de la Ucasal. “Pedimos que se declare la nulidad de los aumentos del ciclo lectivo 2020 porque no se cumplió con el deber de información anticipada frente a un aumento de más del 30%”, expresó.
Por su parte, la delegada estudiantil Ángeles Cimino dijo que se trata de “un reclamo serio” ante las autoridades universitarias que “no prestaron atención” al pedido. El amparo se presentó ayer y quedó a cargo del juez de la Sala II del Tribunal de Juicio, Ángel Amadeo Longarte.
De la misma manera que se pide la nulidad, se solicita una medida cautelar a favor de los alumnos de grado y posgrado que cursen de manera presencial y virtual. Esto para que puedan inscribirse en los turnos de exámenes y hagan el correspondiente ciclo lectivo con los montos que se manejaban antes del aumento.
La UCU Salta sostiene que la Universidad “lesionó el deber de información”. Ya el 19 de diciembre, la entidad había intimado a la Ucasal para que presente la documentación certificada en la que se demuestre que los aumentos en la matrícula y las cuotas mensuales se informó con antelación a los alumnos.
Según Cresini, la respuesta de las autoridades de la Universidad fue que la información había circulado en el plazo estipulado. Sin embargo, la abogada dijo que “los chicos se enteraron de los aumentos de oído”. En tanto, Cimino afirmó que el único anuncio fue “por un transparente que estaba pegado en (la Facultad de) Veterinarias” y que los mismos estudiantes se encargaron de visibilizarlo a través de las redes sociales.
“Ese aumento no es legal”, aseveró la estudiante de abogacía. Y agregó que, no les "mandaron nunca la información de los aumentos anuales” y que “en diciembre recién avisaron”. Este medio intentó comunicarse con algún vocero de la entidad educativa, pero no obtuvo respuesta.
El amparo también solicitó que la institución abone 5 millones de pesos por haber infringido el artículo 8 bis de la ley 24240. Allí se establece que “los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”.
Cimino reiteró que los aumentos “no se tienen que aplicar en ningún momento”. En caso de hacerlo, “tendrán que ver los medios idóneos y seguir todo lo que establece la legislación nacional”. “Los aumentos están vigentes, pero con este amparo se busca que se retrotraigan”, sostuvo.
En los primeros días de diciembre el estudiantado se anotició sobre el incremento del 45% en las cuotas mensuales más una matrícula de $20 mil para 2020. Las cuotas pasarían de $7.950 a $11.500. Ante el revuelo que ocasionaron las marchas, manifestaciones y acampes de los estudiantes, el arzobispo Mario Antonio Cargnello salió a justificar los aumentos.
También los diputados de la comisión de Educación se reunieron con las autoridades de la institución educativa. Allí se presentó un plan de pago. La propuesta de flexibilización por parte de la Universidad disponía congelar el monto de la matrícula a valor de 2019 hasta el 31 de diciembre, y un 15% de descuento en la matrícula de 2020, en tanto se abonara entre el 1 y 24 de enero pasado.
Además, plantearon un “pago parcial” de la matrícula. En este ítem se dejaría disponer el monto de cada pago al estudiante, pero tendría que cancelar hasta el 30 de abril. Si se tiene el 50% de abonado, se podrá cursar y rendir los exámenes de las carreras.
Por último, ofrecieron que se la pueda pagar en 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del banco Macro, y 10 cuotas con la tarjeta del banco Ciudad.
En la reunión con los legisladores provinciales se dijo que existiría una reunión entre las autoridades educativas y el cuerpo de delegados estudiantil. Sin embargo, Cimino afirmó que "nunca se concretó algún encuentro". "Yo traté de contactarme con ellos, pero nadie me responde", finalizó la estudiante. Los alumnos también plantearon la necesidad de impulsar la creación de centros de estudiantes en las distintas facultades de la Ucasal.
