El embarazo adolescente tiene un costo económico alto para el país: medido en dinero esta problemática significa casi 32.000 millones de pesos en un año. De ese monto, la mayor parte (68 por ciento) es atribuible a la pérdida de ingresos generados por las brechas que enfrentan las mujeres que fueron madres “tempranas” en el mercado laboral: tener un hije o más antes de los 20 años afecta notablemente la posibilidad de terminar sus estudios secundarios, acceder a la universidad e insertarse en el mercado de trabajo. El 32 por ciento restante corresponde a los costos que afronta el Estado tanto en términos de gastos directos en atención médica –la maternidad temprana incluye más riesgos-- como de ingresos que deja de percibir por impuestos.

Los hallazgos surgen de un novedoso estudio que presentó ayer el ministro de Salud, Ginés González García, un rato antes de anunciar el primer caso de coronavirus. El ministro GGG destacó que “el embarazo adolescente es un tema serio”, aunque “no es nuevo”, se mostró conmovido por haberse enterado de que “47 chicas menores de 19 años ya tienen 6 hijos o más” y adelantó que va a “trabajar con toda la fuerza en la prevención de estos embarazos” y sobre todo, para que “ocurran menos donde más ocurren”, es decir, en las comunidades más vulnerables del país.

¿Cómo se calculó?

El estudio fue elaborado durante el segundo semestre de 2019, en el marco de un proyecto de cooperación entre la oficina local del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA) y el Plan nacional de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia de Argentina (ENIA). Se hizo con la Metodología de análisis de las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente, llamada por sus siglas Milena 1.0, que desarrolló la oficina regional de UNFPA para América Latina y el Caribe y que se está aplicando en otros países. Consiste en comparar las trayectorias de las mujeres que fueron “madres tempranas”, antes de los 20 años, con quienes lo fueron después, hasta los 29 años. Las consecuencias socioeconómicas consideradas son cinco: 1) el nivel educativo alcanzado; 2) participación laboral y empleo; 3) ingresos individuales; 4) atención médica de la gestación, el parto, el puerperio y los recién nacidos; y 5) ingresos fiscales percibidos por el Estado a través de impuestos.

¿Cuánto pierde el Estado?

La cifra impacta: el costo para el Estado asciende a $ 31.626.266.854, para el año 2018. Llega a casi 500 millones de dólares, calculado a la cotización de hoy. El estudio ofrece otro costado de este problema.

En la actualidad, hay casi 900 mil madres “tempranas”: 874.715 mujeres tuvieron su primer hijo en la adolescencia, entre los 10 y los 19 años, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares. Tal vez el dato más dramático es que 7 de cada 10 embarazos de chicas de 15 a 19 no fueron intencionales y 8 de cada 10, entre 10 y 14 años, recordó la directora nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, Valeria Isla. Y destacó la importancia de la educación sexual integral para la prevención. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández anunció que el programa de ESI será relanzado por el Gobierno y tendrá un lugar clave en su gestión.

El informe muestra la desigualdad de oportunidades educativas y laborales que enfrentan las madres “tempranas” y revela que:

· Las mujeres que fueron madres adolescentes registran una menor probabilidad de terminar sus estudios secundarios. Sólo el 38 por ciento de ellas los completó, contra el 55 por ciento de quienes dieron a luz por primera vez en edad adulta.

· Las mujeres que llegan a la maternidad después de los 20 años tienen 3 veces más chances de finalizar estudios terciarios que quienes lo hicieron antes de esa edad.

· Además, quienes fueron madres adultas tienen 5 veces más probabilidades de lograr un título universitario que las adolescentes. Solo el 1 por ciento de ellas alcanzó ese nivel.

El estudio calculó una “pérdida social” equivalente a 21.512 millones de pesos, monto que representa el 0,15 por ciento del PBI y surge de considerar la brecha en los niveles de actividad, empleo y remuneración que se registra entre madres “tempranas” y “adultas”.

“Esta situación les resta capital simbólico para conseguir un trabajo”, sintetizó Federico Tobar, asesor regional en insumos de salud reproductiva de la oficina para América Latina y el Caribe de UNFPA. También destacó que entre 7 y 8 de les llamades Ni-Ni, jóvenes que no estudian ni trabaja, en realidad son mujeres que permanecen en sus hogares desarrollando tareas de cuidado de sus propios hijos o familiares. Es decir, realizan trabajo pero no remunerado. También participó de la presentación del informe Mariana Isasi, oficial de enlace de UNFPA Argentina. Además, contaron detalles de los hallazgos Julia Frenkel y Javier Curcio, ambos consultores para aplicación de la metodología MILENA en Argentina.

¿A cuánto asciende el impacto fiscal y el gasto en salud?

“No solo las mujeres resultan afectadas económicamente por haber sido madres tempranas dejando de percibir ingresos, también el Estado deja de recaudar impuestos debido a esa brecha de ingresos” entre unas y otras, señala el informe. Esto se traduce en menos ingresos por impuestos para la Nación, debido a la actividad productiva disminuida de las mujeres. Solo por el IVA y el impuesto a las Ganancias, se estimó que el Estado dejó de percibir en 2018 $ 2.517.372.468.

En relación al gasto en salud relacionado con la atención del embarazo, parto y puerperio en adolescentes, se estimó en 90.677 por cada madre menor de 19 años. Con la prevención, el sector público se ahorraría 5318 millones de pesos cada año, teniendo en cuenta que el 70 por ciento de esas gestaciones no fueron intencionales.

El informe apunta a sensibilizar sobre esta problemática tanto a la población en general como a decisores políticos desde otra perspectiva. “Busca que las chicas puedan tener la capacidad de decidir”, sintentizó Isasi.