El ministro de infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, denunció que después de perder las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, cortó el pago de todos los servicios públicos en todas las escuelas, hospitales y edificios públicos. En ese marco la deuda con Edenor, que no es la única, alcanza los 1700 millones de pesos.

Simone, en diálogo con AM750, detalló que se encontró con el “ministerio parado” y especificó que “en agosto se cortaron todos los pagos de infraestructura, servicios y a proveedores". Para el funcionario "eso generó una paralización en toda la obra pública que ya venía muy ralentizada" y terminó con "una situación crítica porque hay mucho por terminar y pocos fondos para hacerlo”.

El ministro bonaerense explicó que la deuda por las obras que están paralizadas asciende a 11 mil millones de pesos y que, en tanto, el monto de los pagos pendientes es de 5 mil millones. Además, Simone aseguró que hay obras en curso por 50 mil millones y que son las que se tendrían que haber terminado entre 2018 y en 2019.

El funcionario subrayó que “en la subsecretaría de Energía vinieron de Edenor a decirnos que se le debía la luz de las escuelas y de todos los edificios públicos desde agosto”. Al respecto, Simone afirmó que “fue un denominador común el corte de pagos para llegar a diciembre”, y agregó: “Edenor nos reclama 1700 millones de pesos, por el corte de pago de factura y porque la Provincia en 2017 se comprometió a pagar la luz de los asentamientos y no lo hizo”.

El gobernador, Axel Kicillof, mencionó durante la apertura de sesiones de la legislatura bonaerense que se está investigando a las empresas que fueron beneficiadas con los tarifazos. Con respecto a eso el ministro de Infraestructura explicó: “Encontramos una absoluta falta de control a las empresas prestadoras de la distribución de la energía". Dentro de ese contexto, en el que los funcionarios se encontraron con "una estructura desarmada" comenzaron a fortalecer "los organismos de control". Además, el Gobierno provincial firmó un acuerdo con las principales distribuidoras por 180 días para en qué habían invertido". 

Dentro del esquema irregular en el que convivían la administración de Vidal y las empresas de energía, el Gobierno de Kicillof auditó los controles y descubrió que no se realizaron controles físicos sobre los avances de las obras y que los fondos se entregaban contra una declaración jurada de avances financieros. Por eso en la actualidad se está realizando una relevamiento para constatar si lo declarado se ajusta a la realidad. 

Por otra parte, Simone anunció que la intención es desdolarizar las tarifas y buscar otro sistema de actualización que puede ser por índices de precios mayoristas y minoristas.