La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio al Estado argentino 15 días para que informe sobre el estado situación del sistema de salud en Salta, respecto de las muertes por desnutrición de niños y niñas de la comunidad Wichí y la falta de agua potable. "A nosotros nos pidió que precisemos cuáles son las comunidades que proponemos para las medidas cautelares que le pedimos, junto con el consentimiento de las mismas", dijo a Página/12 el abogado Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos. Durante el mes pasado esa organización elevó cinco informes y una denuncia por la "situación de gravedad y urgencia en Salta, que el 21 de febrero se cobró una nueva vida, la de Ayelén, una beba wichí".
En las próximas dos semanas, el Estado argentino deberá responder por las autoridades salteñas sobre las medidas pertinentes y eficaces que se han adoptado ante la situación de las muertes por desnutrición de niños y niñas en el norte salteño. Asimismo, la CIDH solicitó a Naturaleza de Derechos que informe sobre determinados puntos necesarios para que se adopten las medidas cautelares que se han solicitado al sistema interamericano de derechos humanos. "De nuestra parte consideramos que las acciones estatales están muy lejos de ser las adecuadas, muestra de ello es que luego de varias semanas de declarada la emergencia sanitaria en los departamentos del norte salteño, las muertes de niños y niñas por desnutrición, falta de agua y de un sistema de salud básico, no han cesado", expresaron.
Cabaleiro viajará en pocos días a la comunidad de Misión Chaqueña, en la zona de Embarcación, y otra de la localidad de Los Blancos. Espera poder participar el sábado de una asamblea para marcar los puntos que le exigen al gobierno nacional y provincial, tal como ya hicieron junto a Magdalena Odarda, presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asunto Indígenas). En esa oportunidad firmarían un documento para presentar ante la CIDH. Por otra parte, además denuncian un caso ocurrido durante la gestión de Mauricio Macri por un nuevo conflicto de tierras y despojo.
Ante el dramático panorama que se vive en Salta, la Nación puso el foco de la gestión en la provincia y recorrieron la zona afectada cuatro funcionarios de primera plana: El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; así como la responsable del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz y la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda. El gobierno de la Nación envió a Salta 324 millones de pesos para la compra mensual de 40.000 módulos alimentarios reforzados durante 4 meses, 20 millones de pesos para 20.000 módulos para situaciones crítica y firmó el convenio para entregar 65.000 tarjetas alimentarias por un valor de 330 millones de pesos mensuales.
El ministro Arroyo reconoció que había más de 30 niños wichí internados y más de un centenar con bajo peso, al tiempo que alertó que toman agua contaminada. "El lugar donde estuve yo, en Salta, enfrente está Bolivia y allí resolvieron el problema del agua y mejoraron las viviendas. Eso marca dos cosas: el nivel de deterioro que tiene la Argentina y que es posible resolverlo", dijo Arroyo al marcar el contraste con lo que sucede al otro lado del Pilcomayo. Los funcionarios nacionales coincidieron en su desazón al recorrer la zona y advertir que el nivel de atraso es estructural, por la histórica ausencia de un plan de obras públicas para garantizar condiciones dignas de vida y revertir una situación de pobreza que supera las tres décadas.
Por su parte, la ministra de Salud de Salta, Josefina Medrano, tuvo una polémica y cuestionada frase: "No es de hoy que los chicos mueren en esta época del año". Y el ex gobernador José Manuel Urtubey tras ser cuestionado por haber tenido sus vacaciones en exuberantes destinos dijo: "Me hago cargo de los que no pudimos salvar.
