Un ex funcionario macrista sospechado por el negociado de los peajes fue designado como asesor en Autopistas Urbanas (AUSA), la empresa estatal de autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Ricardo Stoddart, ex jefe del Servicio de Asuntos Juridicos de la Dirección Nacional de Vialidad del macrismo. Junto al ex titular de ese organismo Javier Iguacel benefició a Ausol SA -cuya accionista era el grupo Socma- con la renegociación del contrato, sin licitación, de la concesión de la Panamericana. Un dato sorprendente es que Stoddart cobra mediante factura y está inscripto en la categoría más baja del monotributo.

La historia de Stoddart incluye un importante recorrido en el sector privado. El antecedente más reciente lo ubica como socio de Marval, O'Farrel & Mayral, el estudio que representó jurídicamente a Autopistas Del Sol S.A. y al Grupo Concesionario del Oeste, hasta el 10 de diciembre de 2015, cuando pasó al otro lado del mostrador. Ya como funcionario público, debió representar los intereses del Estado en la renegociación de los pliegos para los holdings de los que él formaba parte y que consiguieron amplios beneficios.

Además, fue el autor en abril de 2016 de la denuncia contra Cristina Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Esa demanda fue la que originó la única causa contra la actual vicepresidenta que hoy está en juicio oral. El abogado ya declaró como testigo de la acusación en el juicio, donde habló de beneficios especiales para Santa Cruz y de falsas compulsas en las licitaciones. Sin embargo, al mencionar supuestos sobreprecios fue refutado por las defensas.

Ahora, la empresa AUSA, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le dio cobijo en el Departamento de Asesoramiento Legal, Contratos y Transparencia Corporativa. Según pudo confirmar PáginaI12, cobra mediante factura. El dato más sorprendente es que está inscripto en el monotributo, categoría A. De esta manera, Stoddart pasó de ser la máxima autoridad jurídica en Vialidad Nacional y socio de uno de los estudios jurídicos más importantes de Buenos Aires a convertirse en un simple monotributista.

AUSA es una sociedad anónima cuyo accionista principal es el Estado porteño e integra el Sector Público de CABA. Se dedica al cobro de peajes y al mantenimiento de las autopistas, por lo que funciona como una constructora vial, según señala en su página web. De hecho, AUSA llevó adelante varias obras viales en CABA como puentes, construcción de varios pasos bajo nivel, el Metrobús de la autopista 25 de Mayo, entre otras.

Complicado

Stoddart figura en el expediente que investiga posible defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública a través de las empresas de peajes. Tal vez, el ejemplo más claro, concreto y visible del copamiento del Estado en manos de las empresas en la era Macri, con el agravante de que el propio ex presidente de la Nación era accionista del grupo empresario que se benefició.

Ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, Stoddart fue mencionado por una ex empleada de carrera de Vialidad Nacional. Julieta Ripoli era la jefa del área de Jurídicos hasta que fue desplazada por el macrismo. La mujer participó de unas cinco reuniones en total en las que se negoció la prórroga de los contratos sin licitación y la entrega de 500 millones de dólares para Ausol. En condiciones normales su tarea habría sido la de redactar los términos de los acuerdos velando por los intereses del Estado. Sin embargo, en este caso sólo podía redactar en la computadora lo que los abogados de las empresas le dictaban o le llevaban ya escrito en un pendrive. De esos encuentros participaba Ricardo Stoddart. Ripoli le contó en su momento a PáginaI12:  “Era increíble ¡Estaba renegociando el contrato en nombre del Estado con sus ex colegas! Era una renegociación contractual que interesaba directamente al poder político de turno”. Ante la Justicia, la abogada dio los detalles de una de esas negociaciones: “Una vez Stoddart (ex Ausol, hoy Vialidad) le dijo a los empresarios: “Yo sé que a ustedes lo que les interesa es esta torta, esta torta y esta torta”. Como diciendo: “Estamos acá para ver cómo nos dividimos económicamente el contrato”. Ése era el abogado que supuestamente defendía los intereses del Estado”.

Ése es el hombre que hoy presta servicios para la empresa estatal dependiente del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Ausa

El origen de Ausa se remonta a las épocas al Ex Intendente de facto de la Ciudad de Buenos Aires, Osvaldo Cacciatore. Inicialmente fue un consorcio privado de empresas, pero en el año 1985 la Ciudad de Buenos Aires compró el paquete accionario con recursos del presupuesto público, haciéndose cargo de las deudas.

Al asumir Mauricio Macri la Jefatura de Gobierno Porteño mediante la Ley N° 3.060 del año 2009 le permitió a AUSA la ejecución de obras públicas por el plazo de 20 años. En Octubre de 2018 la Legislatura porteña de manera exprés determino extender 20 años más el plazo de concesión, hasta 2049. En su momento, desde la oposición advirtieron la falta de controles sobre el manejo de la caja y el cumplimiento de las obras.