Colalao se caracteriza por sus paisajes en tonalidades terracota y sus altas montañas que coronan el valle. Atravesada por la RN 40, que une al territorio nacional desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, en los últimos años se comenzó a desarrollar una incipiente industria vitivinícola. Los 1.800 habitantes que viven en la comuna rural cuentan con un Centro de Atención Primaria de la Salud, una escuela, una iglesia, una comisaría y una oficina municipal. No hay estación de servicio, la más cercana está en Cafayate, a 32 kilómetros cruzando a la provincia vecina de Salta.

La tranquilidad del pueblo esconde secretos que durante muchos años fueron silenciados.

Son cuatro chicas las que decidieron dejar de callar y denunciar al único médico generalista del pueblo, Eugenio Heliodoro Guantay, por abusos sexuales. Una de ellas es menor de edad.

Durante 20 años fue director del único centro de asistencia sanitaria del pueblo. Aprovechó su lugar de poder y privilegios para abusar de las jóvenes en la intimidad del consultorio. Un consultorio del Estado.

Las acusaciones contra el médico van desde manoseos en sus partes íntimas, indicaciones de que se quiten la ropa por completo, hacer que las pacientes le toquen el pene, apoyarlas y ofrecerles dinero a cambio de sexo. A más de una denunciante les ofreció trabajos domésticos en estos contextos.

"Los médicos son los encargados de recomponer la salud. No solo abusó de su poder y de la confianza que las jóvenes depositaban en él como efector de salud, sino que además funcionó como barrera de acceso a la atención sanitaria. ¿Cuántas chicas dejaron de asistir al CAPS tras haber vivido una situación de abuso por parte de Guantay?", sostuvo Jimena Gómez Roselló, la abogada a la que recurrieron las jóvenes a través de una vecina del pueblo que es trabajadora social.

El pueblo no cuenta con una oficina que pueda orientar o contener a las víctimas de violencia de género. Generalmente deben viajar hasta Amaicha del Valle, a 32 kilómetros para encontrar asistencia. La mayoría no realiza denuncias, o si las realiza nunca llegan a ser ratificadas.

En el caso de Guantay, el miedo de muchas mujeres a denunciar era enfrentarse a una persona poderosa y con dinero. Ninguna de las víctimas tenía la posibilidad económica de poder acceder a un abogado o abogada que la defendiera.

“Estamos frente a un caso de violencia de género e institucional, ya que un agente del Estado, en cumplimiento de sus funciones, violenta a un sector específico de la comunidad: mujeres adolescentes o jóvenes, en condiciones vulnerables. La situación se agrava si tenemos en cuenta las asimetrías de poder de las partes. 

"Por un lado un hombre adulto, universitario, médico y director, con un sueldo importante. Por el otro adolescentes mujeres, algunas sin secundario completo, ninguna con estudios superiores, en calidad de pacientes y enfermas, todas en situaciones económicas muy desfavorables: no tendrían recursos para enfrentarlo. Sin embargo A. se sale de esta ecuación, sostenida por un contexto político y feminista que envía un mensaje de credibilidad y apoyo a las víctimas", expresó Gómez Roselló.

"Como querella sostenemos que se trata de un caso de abuso sexual agravado por ser el acusado agente del Estado y estar en cumplimiento de sus funciones. La impunidad con la que se manejaba el imputado es muy grave, dañando silenciosamente el tejido social de la comunidad de Colalao del Valle, y en particular a las jóvenes, de manera alarmante". La causa está caratulada como abuso sexual simple, pero la querella peleará para sea agravado.

Actualmente, la causa se encuentra en la Cámara Penal, Sala II, a cargo del Fiscal Dr. Marranzino, con pedido de elevación a juicio por parte de la fiscalía III de Monteros a cargo de la Dra. Eugenia Posse. Desde que se hizo público el caso se comenzó a movilizar el expediente.

También se encuentra asentada formalmente la denuncia en el Siprosa, dónde se abrió un sumario administrativo para investigar su desempeño laboral. En ese expediente declararon otras chicas de la comunidad en el mismo sentido que las denunciantes.

Un año y cuatro meses después, el organismo estatal aplicó una sanción disciplinaria al médico, dejándolo sesante.

El Estado responsable

“Esta denuncia evidencia el rol del Estado frente a esta violación de derechos. No se trata únicamente de agresiones sexuales aisladas, sino que da muestras de que en la comunidad no existe ningún tipo de contención para las víctimas de violencia de género y que el derecho de acceso a la justicia es completamente desconocido por las víctimas e ignorado por el Poder Ejecutivo provincial, municipal y comunal”, sostuvo Gómez Roselló.

"Queremos que la sentencia sea ejemplificadora como mensaje para la comunidad y reparadora para las cuatro denunciantes en particular. Apelamos a una mirada integral de la justicia tucumana, como fue tratado por ejemplo el caso Lucia. Teniendo en cuenta la transformación cultural y política que venimos atravesando los últimos años, la implementación de la Ley Micaela, por ejemplo, parece insostenible que la justicia hoy resuelva un caso de estas características sin una mirada integral del conflicto, con perspectiva de género y con una respuesta en relación a la serie de derechos vulnerados de las víctimas", finalizó la abogada.

Una sentencia reparadora para las víctimas no solo será una condena para Guantay, sino cambios culturales en el pueblo para que ninguna otra mujer pase por lo mismo. Para que ninguna mujer calle un abuso, una violencia. Políticas públicas, presencia del Estado, campañas de sensibilización, charlas y capacitación.

Tucumán, la provincia donde el Estado vulneró los derechos de la niña Lucía, encarceló a Belén por un aborto espontáneo, dónde funcionarios del gobierno fueron acusados de encubrimiento por el femicidio de Paulina Lebbos, con una legislatura que tiene 15 años de mora por no adherir a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y dónde la cruzada en contra de la Ley de Educación Sexual Integral es la vanguardia, es una de las tres provincias que se niega a adherir a la Ley Micaela que prevé la capacitación en perspectiva de género en los tres poderes del Estado.

Las consecuencias evidentes de estas negligencias quedan impresas en los cuerpos de las niñas, las mujeres y las trans.