Un nuevo escándalo volvió a empañar la investigación por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel Salvo: tras la resolución judicial de realizar un tercer peritaje, los peritos no saben dónde está el proyectil que acabó con su vida el 25 de noviembre de 2017, tras la incursión del Grupo Albatros de la Prefectura en Villa Mascardi, en territorio recuperado por la Lof Lafken Winkul Mapu. Tampoco aparecieron los dos subfusiles de los principales imputados que aquel día dispararon a la víctima por la espalda, por lo cual las querellas evalúan realizar una denuncia penal porque habría sido violada la cadena de custodia. Como si esto fuera poco, el Ministerio Público Fiscal había acudido al procedimiento sin un perito de parte.

"Esto no hace más que agravar la responsabilidad internacional de Argentina en el hecho. Más allá de que seguimos siendo optimistas respecto de dilucidar las responsabilidades, podemos concluir que es una vergüenza y un incumplimiento de los compromisos internacionales la forma en que se ha tratado la investigación", dijo a PáginaI12 Sebastián Feudal, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa junto a la representante de la familia Nahuel Salvo, Natalia Araya.

La falta de los elementos a ser sometidos a peritaje quedó registrada en un acta, que da cuenta de los elementos recibidos en el Ministerio Público de la provincia norteña, y donde no figuran las dos armas y el proyectil, según estableció el portal En Estos Días.

"La APDH se presentó como querellante en la causa luego de un año de ocurrido el hecho porque el transcurso del tiempo estaba jugando en contra de la investigación, no estaba siendo eficiente, un hecho que según el derecho internacional es una grave violación a los derechos humanos, hay agentes estatales y el poder central involucrados en la muerte de un manifestante que estaba ejerciendo un derecho político reconocido por la Constitución", agregó Feudal.

El abogado enfatizó que "estos son elementos objetivos que no nos cansamos de remarcar, y pareciera que nadie de la estructura político judicial de la Argentina lo comprende. En esa ineficiente y negligente investigación en el día de hoy se ha producido un escándalo: al momento de producirse una tercer pericia no aparecen dos armas subfusil, una asignada al principal sospechoso Javier Francisco Pintos y otra al prefecto Obregón".

En diálogo con este diario desde Bariloche, Feudal expresó: "Tampoco se encuentra en el lugar donde se iba a hacer la pericia la bala extraída del cuerpo de Rafael Nahuel, con el agravante de que los tres elementos estuvieron en custodia de la Gendarmería Nacional al momento de hacer la segunda pericia. Las responsabilidades de la custodia son claras, es el juzgado y a quienes hayan sido asignados para esa custodia". En este sentido evalúan la denuncia penal correspondiente.

Hoy debía realizarse en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de la Provincia de Salta esa medida de prueba para determinar la procedencia del proyectil que acabó con la vida del joven mapuche. El nuevo peritaje fue ordenado por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, luego de dos procedimientos con resultados contradictorios. El primero fue realizado por peritos independientes de la Policía de Río Negro -Roberto Nigris y Karina Uribe- y arrojó como resultado indubitable que el proyectil que mató a Nahuel salió del subfusil MP5 que portaba el cabo primero Francisco Javier Pintos, uno de los cinco integrantes del Grupo Albatros que ingresó a la comunidad Lafken Winkul Mapu el 25 de noviembre de 2017.

A pesar de la contundencia del peritaje realizado por los prestigiosos profesionales, el por el entonces juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó un segundo informe y lo encargó a la Gendarmería Nacional, una fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich, al igual que la Prefectura, investigada en la causa. Como no podía ser de otra manera, ese peritaje no pudo determinar de qué arma salió el disparo letal. Así, el 20 de febrero la Cámara Federal de General Roca dictó la falta de mérito de Pintos y ordenó la medida que se acaba de frustrar de manera escandalosa.

Este calificativo utilizó la APDH en un comunicado en el que denunció "el faltante de una prueba clave en la pericia prevista en la ciudad de Salta, para la continuación de la causa que investiga el asesinato de Rafael Nahuel. En el acta respectiva del día de la fecha consta la presencia de la defensa y su perito como de nuestra querella con la perito de parte Agustina Oberti, estando ausente la fiscalía demostrando su falta de voluntad de profundizar la investigación pese a que había ofrecido esa prueba".

Por otra parte detalló que "individualizados los elementos a periciar no se encontró la bala que produjo la muerte de Rafael Nahuel ni las armas MP5 correspondiente a Obregón y Pintos, lo que a nuestro entender es de suma gravedad teniendo en cuenta que dichos elementos estuvieron en manos de la Gendarmería Nacional para su peritaje, y cuya guarda es responsabilidad del juzgado federal interviniente siendo fundamentales para la continuación de la causa".