Como cada año, este verano el Ministerio de Economía bonaerense ha publicado la actualización del Coeficiente Único de Distribución (CUD) que es la forma de distribuir los recursos provinciales (que provienen de la coparticipación federal y del propio sistema tributario provincial) a los 135 municipios bonaerenses.

La provincia de Buenos Aires distribuye a sus municipios un 22 por ciento de sus recursos: 16,14 por ciento por la ley de coparticipación provincial y el resto a través de distintos fondos paralelos.

El CUD es un juego de suma cero: si unos tienen algunas décimas de más, otros tendrán de menos. Está compuesto por una serie de variables de tipo proporcional (como la población y la superficie) y redistributivas (inversa de la capacidad tributaria provincial). El componente decisivo que imprime su sesgo a la distribución es el Régimen de Salud que representa un 37 por ciento en el CUD. Es devolutivo, ya que reparte fondos según la oferta sanitaria municipal, privilegiando, inexplicablemente, la alta complejidad y con una profunda opacidad de los datos que lo vuelve muy difícil de auditar. Además, es el único que tiene una característica dinámica según las estadísticas que los establecimientos de salud municipales informan a la provincia.

En 2019, Buenos Aires transfirió por coparticipación a sus municipios unos 122 mil millones de pesos (7.058 pesos anuales per cápita, en promedio). La Matanza (el municipio más poblado con 2,2 millones de habitantes) es el que menos recursos per cápita recibió en 2019 (4.003 pesos anuales). Les siguen Tres de Febrero, Ezeiza, Ituzaingó y General Rodríguez (todos integrantes del AMBA) que percibieron entre 4.050 y 4.195 pesos anuales.

En contraposición, los que mas recibieron per cápita son Pila, General Guido, Tordillo, Púan y General Lamadrid (entre 2 mil y 15 mil habitantes) y el valor se situo entre 40.000 y 50.000 pesos anuales.

Las grandes ciudades del interior, como Mar del Plata (4.488 pesos), La Plata (5.112) y Bahía Blanca (5.413) también se ven perjudicadas con este mecanismo de asignación.

Dentro del Conurbano Bonaerense, San Isidro, Vicente López y Malvinas Argentinas (por su estrategia de especialización sanitaria), reciben entre el doble y el triple por habitante que otros municipios de esa misma región, en otra muestra de la enorme inequidad existente.

Una distribución que se ajuste a la situación actual debe contemplar dos cosas: 1) dotar a los municipios de mayores recursos en función de las nuevas responsabilidades que han asumido en los últimos 30 años y 2) cambiar la fórmula de reparto por otra que: a) asigne un alto peso a la población y distribuya una parte según la población con NBI; b) modifique la actual “inversa de la capacidad tributaria” por la “inversa del PBG per cápita neta de la recaudación municipal”; c) deje de tener en cuenta la superficie municipal (los servicios públicos locales se encarecen a mayor densidad poblacional no a más superficie); y d) revea el peso y sesgo del componente de salud para realizar un cambio de enfoque en este aspecto, privilegiando las necesidades (la demanda) en lugar de la oferta.

El gobierno bonaerense está lidiando con las tremendas consecuencias que dejó la gestión de María Eugenia Vidal. Sin embargo, en los años por venir, debería colocar en la agenda la reforma del régimen de distribución de recursos a los municipios. Es necesario encarar una reforma para que los bienes y servicios públicos locales cubran un piso homogéneo que garantice accesibilidad, calidad y cantidad para todos los habitantes del suelo bonaerense.

* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.