Desde Santa Fe
El modus operandi del grupo Vicentin en la provincia escandalizó ayer a la Legislatura. El informe del director del Banco de la Nación Claudio Lozano sobre el “trato privilegiado” que tenía el grupo, la impunidad con la que se movía y la “protección política” del gobierno de Mauricio Macri impactó tanto en los legisladores de todos los bloques que antes que terminara el plenario, decidieron crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que se votará hoy sobre tablas, posiblemente por unanimidad. En su relato de casi tres horas, Lozano describió el entramado societario de Vicentin, sus ganancias fabulosas y cómo el Banco Nación le otorgó el conocido crédito por 18.000 millones de pesos (300 millones de dólares), violando su propias normas y mintiéndole al Banco Central, que ahora la empresa no quiere devolver. Una de las pruebas de ese “trato privilegiado” –dijo Lozano- es que mientras Vicentin dejaba de pagarle al Banco, tenía al mismo tiempo una cuenta en la sucursal Reconquista de la entidad que, entre agosto y diciembre de 2019, acumuló 795 millones de dólares (más del doble de la deuda) que debían garantizar el crédito. El presidente del Banco Javier González Fraga y el directorio “podrían haber ejecutado” esas garantías y recuperar esos 300 millones de dólares, pero no lo hicieron. “Nunca fueron ejecutadas”. Y mencionó otra de las “pruebas”: el trato directo del presidente de Vicentin Alberto Padoan con Macri, cuando los funcionarios de línea del banco “intentaban poner en caja” al grupo, González Fraga los desplazaba de las tratativas. Y así, Lozano señaló en la primera fila de responsables políticos al propio Macri, a González Fraga, a un santafesino que integraba el directorio del Banco: el ex diputado de la Ucedé Carlos Castellani, a Padoan y al otro directivo imputado en la causa penal: Gustavo Nardelli.
Lozano informó a un plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados (Asuntos Constitucionales, Asuntos Laborales y Presupuesto y Hacienda) sobre la situación de Vicentin. La convocatoria la impulsó el diputado Rubén Giustiniani, quien ayer presidió la sesión que se realizó en el hall de la Legislatura. Hace tres semanas, la comisión de Asuntos Laborales había citado al vicepresidente de Vicentin, Alberto Macua –uno de los que pidió la convocatoria de acreedores que se tramita ante el juez de Reconquista, Fabian Lorenzini (Civil y Comercial Nº2)- y al ministro de Trabajo, Roberto Sukerman.
“Hay que investigar qué pasó con Vicentin”, les dijo Lozano a los legisladores. El grupo “no ha podido explicar nada” del default privado más grande de la Argentina. “Los acreedores extranjeros no le creen”, “han puesto en marcha una investigación a nivel mundial en el sistema financiero para descubrir la ruta del dinero. Piensan que ese dinero (que ellos dicen que no tienen) está en alguno lado. No pueden entender qué pasó con Vicentin, que no ha dado ninguna explicación razonable al respecto”.
En esa línea, Lozano expresó otra inquietud. “Si la convocatoria de acreedores” que tramita el juez de Reconquista “se transforma en un concurso formal y tradicional, si eso es así, estamos fritos. Hay que aportar todos los elementos políticos, jurídicos y legales que se puedan para demostrar que acá hubo ilícitos”. “Demostrar que ésta es una maniobra fraudulenta. Nosotros podemos plantear que es un robo, pero hay que probarlo. Si no, no avanzamos. Una comisión investigadora obliga a que la investigación exista”, planteó.
Según Lozano, la Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe debería investigar el entramado societario de Vicentin, que incluye empresas off shore. Y la Afip poner la lupa en la Aduana de San Lorenzo, que intimó al grupo por “subdeclaración de exportaciones”. La fuente de Lozano es el balance de la propia empresa de 2018, que reconoce esos planteos de la Aduana. “Todas las intimaciones e investigaciones hay que ponerlas arriba de la mesa”. “Si esas maniobras se demuestran y la Aduana aporta las pruebas es otra discusión. Ya hablamos de otra cosa. Pero si no hacemos eso” el concurso será una formalidad.
El diputado peronista Luis Rubeo propuso constituir una comisión investigadora. Y antes de que Lozano se fuera de la Legislatura ya tenía, las firmas de Giustiniani, su colega Agustina Donnet, el jefe del bloque del PJ Leandro Busatto, Gabriel Real (PDP) y Esteban Lenci, ex secretario privado del ex gobernador Antonio Bonfatti, entre otros. Giustiniani adelantó que la investigadora "va a ser aprobada" en la sesión de hoy "creo que por unanimidad".
Rubeo le preguntó a Lozano por el vínculo Macri-Vicentin. Y quiénes eran los directores del Banco Nación que aprobaron el crédito a la empresa junto con González Fraga. En la primera respuesta, Lozano mencionó “a Gustavo Nardelli, que estuvo por ser candidato a gobernador de Santa Fe” por el macrismo. “Hubo algunas denuncias y no lo fue. Más relación directa que esa, imposible”, contestó.
“La nómina de los directores del Banco se la mando después”, prometió. “Uno era Castellani, que formó parte del directorio, que tenía relación directa con Vicentin y firmaba todas las cosas con Vicentin ahí adentro”, destapó Lozano.
