“Se trató de un control vehicular y se solicitó documentación de viaje al conductor. Carecía de ella y decidió retornar a su origen”. Esa fue ayer la justificación oficial de la Policía de Salta tras impedir la noche del martes que más de 40 personas que viajaban desde la comunidad wichí Misión Salim, en Embarcación (en el departamento San Martín) siguieran su camino a Salta Capital. Tenían la intención de participar de una marcha que saldrá este jueves a las 9 desde el Mercado Artesanal bajo la consigna “Ni una muerte más de niños wichi por hambre. No al pago de la deuda externa”.
“Anoche a eso de las 23 salimos de Salim. Y a las 23.40, antes de llegar a Embarcación, se presentó un oficial, Marcos Posadas, que dijo que no podíamos viajar por orden de su superior”, contó a Salta/12 Leonardo Simplicio, cacique de la comunidad. Afirmó que Posadas les dijo que “no teníamos nada que hacer en Salta”. Ellos entienden que sí por la falta de políticas públicas en salud y educación, y de políticas que les permitan producir a pequeña escala, y también por falta de asistencia. De hecho, el sábado último una mujer perdió en el vientre a su hija con 8 meses de gestación por falta de atención médica y demora de la ambulancia.
Simplicio contó que el oficial Posadas advirtió al chofer del colectivo de la empresa, José Cabrera, de Orán, que en caso de continuar con el viaje lo iban a multar con $50 mil. Según se pudo saber, la empresa se encarga de llevar a trabajadores del Ingenio San Isidro y realiza viajes especiales, aunque cuenta con coches viejos.
Ante la advertencia el chofer decidió volver hasta la comunidad, donde quedaron los 25 adultos y los casi 16 niños de 7 meses a dos años que iban con ellos. Todos viajaban para participar de la marcha de hoy. Anoche, según indicaron referentes de algunas organizaciones, estas personas esperaban volver a tener movilidad para viajar y llegar hoy a participar de la marcha.
Desde las organizaciones sociales sostuvieron que los policías también “reclamaron a padres que viajaban con sus hijos una autorización del juez de paz, exigencia que no existe en ninguna normativa”.
Para el diputado del Partido Obrero (PO) Claudio del Pla, este operativo "forma parte de una decisión política del gobierno de (Gustavo), Sáenz para impedir que se conozca, que su operativo en la emergencia sociosanitaria tiene carácter superficial”.
En esa misma línea el legislador denunció que los recursos aplicados “son completamente insuficientes, no existe una política para que se instalen médicos de dedicación exclusiva, ni un servicio de salud con carácter permanente" y que "los planes de acceso al agua potable solo alcanzan a una minoría de las comunidades. Exigimos el cese de este operativo ilegal y que Sáenz levante la orden de impedir a las comunidades que viajen hasta Salta para participar de la movilización”, sostuvo.
Más cortes y reclamos
Los reclamos en las poblaciones indígenas es tan extendidos como su territorio. Este miércoles en la entrada de la comunidad Tierras Indígenas, sobre la ruta nacional 34 dentro del departamento San Martín, distintos caciques de parajes del municipio de General Ballivián (Cuchuy y Corralito, entre otros), decidieron manifestarse durante todo el día. Reclamaron porque no les llevan agua a comunidades que están a 40 kilómetros de Ballivián. Aunque esta municipalidad se encargaba de esa provisión, referentes de la protesta afirmaron que ahora les dijeron que insistan ante la provincia.
El martes, en tanto, cortaron la ruta 81 miembros de las comunidades Las Llanas y El Cardonal, ubicadas en el límite de los departamentos San Martín y Rivadavia. El cacique de Las Llanas, Carlos Centeno, afirmó que el reclamo es por la concreción de un pozo ya comprometido. Pero sumaron el pedido de una sala de auxilio, dado que están a 15 kilómetros del Centro de Salud más cercano, en el pueblo de Fortín Dragones.
En el sistema de salud provincial, estas poblaciones están comprendidas en el área operativa de Embarcación, donde había solo 3 ambulancias funcionando. Este déficit los termina perjudicando. “Nunca se hizo presente un médico en la comunidad”, agregó Centeno. Los manifestantes también solicitaron ampliar la escuela N° 4233, que cuenta con tres aulas para 70 alumnos. Por aula hay dos docentes, dado que son cursos plurigrado. “A veces separan con cortinas el espacio” para que los chicos estudien, afirmó el cacique. Pero “vemos que nuestros hijos no aprenden”.
El corte se levantó tras el compromiso de iniciar el pozo de agua el 26 de marzo. Si hasta esa fecha no hay respuesta “vamos a volver al corte”, dijo Centeno. Sucede que por ahora los miembros de la comunidad toman “agua con salitre” y el cacique estimó que todos están afectados por este consumo. Y añadió que hay tres niños de su comunidad internados en el hospital de Tartagal porque están desnutridos.
