Alberto Fernández comenzó su gestión reformando la Ley de Ministerios con un Decreto de Necesidad y Urgencia. Las novedades más salientes fueron: 1) la creación de dos nuevas carteras (Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat) y 2) la elevación de rango de otras cuatro áreas: Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Cultura; Ciencia, Tecnología e Innovación y Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Como se sabe, la persona elegida para encabezar el flamante Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat fue Maria Eugenia Bielsa. La arquitecta urbanista rosarina enfrenta múltiples desafíos en esta materia.

Los especialistas estiman un déficit habitacional cercano a los 3,8 millones de hogares. La vida cotidiana en los asentamientos precarios es una de las facetas más dolorosas de esta problemática multidimensional. El término “villas miseria” fue utilizado por primera vez en una novela de Bernardo Verbitsky (“Villa Miseria también es América”, publicada en 1957) para describir a los barrios de lata que “que forman costras en la piel del Gran Buenos Aires”.

A comienzos de la década del '70, la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) estimaba que 104.420 personas residían en las villas de Capital Federal. Para 1975, la CMV estiró la cifra a 179.322 habitantes. El tercer gobierno peronista (1973-1976) había diseñado una política de construcción de viviendas populares en el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. El proyecto oficial preveía construir 815.000 viviendas en el trienio 1974-1977. La ejecución del programa quedó en manos del lopezreguismo que, precisamente, mantenía una sorda disputa con los responsables del Plan Trienal.

La “solución” de la dictadura militar fue impulsar una erradicación forzosa de las “villas”. El entonces Intendente de la Ciudad de Buenos Aires brigadier Osvaldo Cacciatore, diseñó un plan en tres etapas: 1) congelamiento de la población villera (impedir nuevas radicaciones), 2) desaliento (“incentivos” para trasladarse) y 3) erradicación. La cantidad de habitantes en esos asentamientos se redujo de 224.335 a 40.533 personas.

La mayoría de esas familias engrosaron las villas del conurbano bonaerense y, a comienzos de los '80, algunas participaron de la toma de tierras. A partir de entonces, la regularización dominial de los terrenos ocupados pasó a ser una de las asignaturas pendientes de la democracia, más allá de algunos programas puntuales (por ejemplo: el Plan Arraigo de los '90).

El 10 de octubre de 2018, el Congreso Nacional sancionó la Ley de de Integración Sociourbana de barrios populares con el apoyo de las fuerzas políticas mayoritarias. La norma suspendía los desalojos en los 4400 barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y facilitaba la regularización dominial de esos lotes.

“El nuevo régimen es un sistema de normalización de la propiedad para unas 900 mil familias que viven en villas y asentamientos precarios de la Argentina. La ley, largamente discutida en las comisiones del Congreso, fue promovida por el Papa Francisco a través de las organizaciones sociales y su principal activista, Juan Grabois, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular”, explicó el consultor Ignacio Zuleta en su libro El Papa peronista.

“Según los datos del relevamiento de barrios populares, el 93,5 por ciento no cuenta con acceso formal a la red de Agua Potable y el 98,5 por ciento no tiene red cloacal. La red de energía eléctrica formal no llega al 71,6 por ciento, mientras que el 98,8 por ciento no accede a la red de gas natural”, precisa la secretaria de Integración Socio Urbana (área del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat) Fernanda Miño. La flamante funcionaria vive en La Cava, cerca de los “miserables de la tierra” y muy lejos del Cardenal Newman

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