“El campo somos todos”, pregonan los representes de las corporaciones agropecuarias en busca de empatía, algo que no practican tranqueras adentro. La Mesa de Enlace prepara un lockout patronal en contra de un aumento de retenciones de tres puntos para 14.484 productores de soja de más de mil toneladas, un sector de holgadas ganancias, frente a 40.406 productores de menor escala, a quienes se suman los de otros cultivos y economías regionales, los más castigados en los últimos años, que tendrán disminuciones de hasta el 50 por ciento para diversificar la canasta exportadora. “En el aceite de girasol, la harina de trigo o el maní, la disminución permitirá un ingreso adicional de entre 20 y 60 millones de dólares anuales para los exportadores”, señala un informe de Proyecto Económico. La medida incluye una reducción significativa en los derechos de exportación de 22 productos de las economías regionales, que abarcan 651 posiciones arancelarias. Esta mejora beneficia particularmente a regiones pampeanas, NEA, NOA y Patagónica.

El gobierno introdujo una serie de modificaciones en los derechos de exportación a la soja y los productos de las economías regionales, que previamente se había discutido con los actores del sector. Además, por el esquema de compensaciones, tres de cada cuatro productores de soja pagarán menos derechos de exportación. Sin embargo, la Mesa de Enlace fogonea el lockout.

Las modificaciones generan un esquema fiscal más progresivo, diferenciando entre pequeños y medianos productores, y grandes empresas exportadoras. La estructura del sector es altamente concentrado. Los 14.484 grandes productores de soja representan 26 por ciento del total del complejo sojero. Sin embargo, comercializan el 76 por ciento de la soja producida en el país. “Estos pagaban hasta ahora la misma alícuota de 30 por ciento que las pequeñas y medianas estructuras productivas y cooperativas, que mayoritariamente se sustentan en base a su producción primaria”, señala el informe de Proyecto Económico, que dirige la economista y diputada Fernanda Vallejos.

La exportación de productos oleaginosos y sus derivados (poroto de soja, pellets, harinas y aceite) alcanzó en 2019 a 13.956 millones de dólares. Con el nuevo decreto del Gobierno, las retenciones quedan segmentadas en siete categorías, con un esquema de derechos de exportación que se incrementa a medida que aumenta la cantidad de toneladas anuales producidas, con un 20 por ciento de derechos en la categoría más baja hasta 33 por ciento para la categoría que más producción concentra.

El resultado es que productores de hasta 100 toneladas anuales percibirán una compensación de 1836 pesos por tonelada producida y vendida al exportador, que irá gradualmente decreciendo en función de su categoría productiva. Esta medida apunta a subsanar el problema de la carga fiscal de manera progresiva, diferenciando a los pequeños y medianos productores rurales de los grandes productores y exportadores oleaginosos. En las economías regionales hubo rebajas en las alícuotas de entre 2 a 6 puntos porcentuales. En girasol, a valores de cosecha 2019, el exportador se hubiese reducido de 69 millones de dólares de pago de retenciones con el esquema anterior a 40 millones con la nueva reforma. En el caso del maní , para la misma simulación, el sector pagará 30 millones de dólares de retenciones y el año pasado pagó 51 millones. En la producción de harina de trigo el ahorro sería de 5 millones de dólares para igual cosecha este año.