Desde Santa Fe

 “Me parecen que están un poco ansiosos”, les dijo ayer Alejandra Rodenas a los senadores peronistas y radicales tras una serie de fallidos y pifias en el reglamento. Un ansiolítico para bajar la tensión del día. El asunto en debate era la ley de Necesidad Pública que pidió Omar Perotti. “Un proyecto que ha generado muchas expectativas, por eso la Cámara está con estas características emocionales”, volvió a bromear la vice. La gracia sirvió para cambiar el clima, pero no el resultado: la ley, ahora con media sanción del Senado, salió con 11 votos a favor de los senadores del PJ, cuatro en contra de sus colegas de la UCR y dos abstenciones de los aliados de la Casa Gris: Hugo Rasetto y Leonardo Diana. Diez horas antes, los radicales habían anunciado su voto negativo y uno de sus jefes, Felipe Michlig, hasta pronosticó que la ley “no va a prosperar en la Cámara de Diputados”, donde el bloque de Miguel Lifschitz no sólo ya rechazó la primera emergencia, sino que la mandó al archivo.

Ayer, en el Senado, Rasetto repitió la alerta. “Es altamente improbable que este proyecto se convierta en ley”, dijo. Más directo: que la zancadilla legislativa del 30 de diciembre cuando el bloque de Lifschitz archivó la emergencia, puede repetirse. En la Legislatura, es final abierto. Ayer, uno de los que siguió el debate en el propio recinto de la Cámara alta fue el diputado Ariel Bermúdez, que responde al intendente de Rosario Pablo Javkin. El monitoreo no parecía casual. Y se entendió después cuando el senador del PJ Alcides Calvo defendió el proyecto del Poder Ejecutivo, que no es exactamente al que llegó desde la Casa Gris: la ley de Necesidad Pública era por un año y medio, hasta el 31 de junio de 2020. La que se votó reduce ese plazo a diez meses, hasta el 30 de diciembre de 2020, como planteaba Javkin. Pero también aprobó el salvataje financiero de municipios y comunas con apremios en caja. Lo más resonante de ese paquete es un régimen transitorio de financiamiento por 3.500 millones de pesos y el 60 por ciento de ese fondo (1.900 millones) estará destinado a Rosario y Santa Fe. “Serán 1.400 millones para Rosario, para atenuar el impacto de los anticipos de coparticipación (que Lifschitz le adelantó a la ex intendenta Mónica Fein en 2019 y vencen este año) y equilibrar la situación del intendente Javkin”, explicó Calvo. "Y los otros 500 millones para equilibrar (los números) del municipio de Santa Fe, que está complicado”, agregó. Llamó la atención que Calvo hubiera mencionado en su discurso a Javkin por su apellido. Calvo integra el círculo de confianza de Perotti, así que el mensaje al intendente de Rosario y a su colega de Santa Fe Emilio Jatón fue directo.

El resultado de la votación era cantado. Los 11 senadores del PJ a favor y los cuatro radicales en contra, que presentaron un dictamen de minoría para que se incorpore al legajo. Rasetto justificó su abstención y la de Diana en la falta de acuerdo político. Perotti mandó la ley el 12 de febrero. El Senado la despachó a cinco comisiones y prometió tratarla el 20. Y después, se tomó una semana más, hasta ayer. Un mes de cabildeos y negociaciones fallidas con la oposición que revelan que las diferencias políticas son más complejas que supuestos enojos por los dichos del ministro de Seguridad Marcelo Sain.

Rasetto dijo que es “altamente improbable que este proyecto se convierta en ley. Hay posiciones enconadas en la Cámara de Diputados”, con el gobierno de Perotti -denunció-. Por eso, “apostamos como última instancia al diálogo posible” y “a una ley posible para que le otorguemos al Poder Ejecutivo las herramientas financieras y económicas que necesita”.

El segundo de Rodenas en la Cámara, Rubén Pirola, pidió que quedara constancia que los 11 senadores del PJ habían votado a favor. “La ley tiene 11 votos positivos, cuatro negativos y dos abstenciones”. Michlig (el radical) solicitó lo mismo, que los cuatro votos en contra eran los de él y sus colegas Rodrigo Borla, Orfilio Marcón y Lisandro Enrico.

Calvo justificó los pedidos de Perotti para levantar la herencia de Lifschitz: el déficit de 2019 de 18.000 millones de pesos, la deuda flotante con contratistas y proveedores que ya llega a 32.000 y recomponer el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales con 16.000 millones (en cuotas) que el socialista dejó en cero. “Muchos números, pero fáciles de entender”, dijo. “Los recursos que pide la ley son el 75% por ciento para la provincia y el 25% para los municipios”. Eso es más que el reparto del presupuesto 2020 (el 78% al gobierno central y el 22% a los gobiernos locales). Lo que proponemos es una distribución equitativa, porque crisis de financiamiento que sufre la provincia, también impacta en los municipios”, concluyó.