La jueza Elena Highton de Nolasco evitó pronunciarse sobre la pasividad de la Corte Suprema de Justicia luego de que un periodista de La Nación confesara que el uso indiscriminado de la prisión preventiva contra ex funcionarios al comienzo del gobierno de Mauricio Macri fue la respuesta de los jueces federales a la amenaza de directivos de ese diario con publicar sus fotos en tapa sindicándolos como “los responsables de la impunidad del kirchnerismo”. “Ya veremos qué corresponde hacer con los expedientes”, balbuceó la magistrada tras escuchar los cuestionamientos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien destacó que los cortesanos son testigos “de los escandalosos mecanismos del lawfare” sin que “se les mueva un pelo”. El mecanismo extorsivo que blanqueó el columnista de La Nación Carlos Pagni motivó la denuncia que presentó el diputado Rodolfo Tailhade y recayó en el juzgado que subroga Rodolfo Canicoba Corral y deberá ser investigada por el fiscal Guillermo Marijuán.
El uso del poder judicial para intentar legitimar el discurso anticorrupción machacado hasta el hartazgo por la oposición política y mediática a los gobiernos de CFK tuvo una inesperada confesión el lunes por la noche, en el programa en vivo que conduce Pagni en la señal La Nación +. “¿Por qué los jueces de Comodoro Py comenzaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva?”, planteó. “Porque el diario La Nación, un domingo, estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Py diciendo ‘Estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo’”, contó. “Y varios jueces dijeron ‘tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, metámoslo preso a Ricardo Jaime’ y así terminó Jaime preso”, agregó.
La ex presidenta enmarcó el episodio en “un plan sistemático” en el que medios de comunicación, actores judiciales y agencias del Estado se articulan “para atacar y destruir a opositores políticos”, y aportó un dato para explicar la urgencia de iniciar el show de detenciones: ese domingo, 3 de abril de 2016, “se iba a dar a conocer a nivel mundial el escándalo de los Panamá Paper’s” en los que figuraba Macri. “Fue por eso que el juez (Julián) Ercolini, el día anterior, ordenó la detención del ex funcionario”, apuntó. Como la noticia “no fue suficiente para tapar la magnitud del escándalo” que involucraba al presidente, dos días después se ordenó “otra prisión preventiva”, la del empresario Lázaro Báez, detenido ante las cámaras en el aeropuerto de San Fernando pese a que se aprestaba a declarar en Comodoro Py.
Tailhade denunció a Ercolini por prevaricato y por la privación ilegal de la libertad de quien fuera hasta 2009 secretario de Transporte y apuntó como “lo más insólito” el fundamento para justificar la detención: las sospechas sobre una “capacidad de relaciones residual para la facilitación de vías de transporte para eludir la acción de la justicia”, que al año siguiente se conocería como “doctrina Irurzun”. El diputado pidió que se investigue también a “las autoridades de La Nación” por el presunto “delito de extorsión o coacción, sobre todo porque el interés periodístico del que hablaba Pagni y que motivaba la tapa con los rostros de los jueces desapareció súbitamente” tras las detenciones.
El columnista, en un relato lavado de los hechos, escribió que “las consultas” de periodistas a jueces en aquellos días “despertaron en los magistrados la preocupación de que quedara expuesta su inacción de tantos años”. La nota que finalmente se publicó sin firma y en el interior del diario no hace sino confirmar el éxito del apriete. No se tituló, como había dicho “Estos son los responsables de la impunidad del kirchnerismo” sino “Los jueces federales recobran su centralidad”. “La Jsusticia federal ha recobrado en los últimos tiempos un lugar crucial en la vida política”, los elogió en la primera línea.
