El Índice de Precios al Consumidor del Indec (IPC-GBA) fue diseñado de una forma que subestima los aumentos de precios derivados de las políticas actuales. Es por eso que se ha observado una diferencia respecto al IPC-CABA que opera en un territorio común y, en el último semestre, reflejó una suba 14 por ciento por ciento mayor (9,3 a 10,6). Más allá de que su medición está exenta de la manipulación en la selección y carga de datos como ocurría en la administración anterior, la divergencia seguirá ampliándose en los próximos meses si no hay cambios metodológicos relevantes. Así, en caso que el gobierno logre consolidar el uso del IPC-GBA para ajustar paritarias, el poder adquisitivo de los trabajadores podría caer por segundo año seguido, aun cuando para el Indec la suba salarial pueda ser equivalente a la inflación.
La razón básica de por qué el Indec mide menos se halla en la confección de la canasta de bienes y servicios utilizada para seguir la evolución de los precios. Los bruscos cambios en los precios relativos generaron una excesiva diferencia entre lo que el Indec asume que los hogares destinan de sus ingresos a cada uno de los rubros y lo que realmente gastan.
Básicamente, la canasta del Indec pondera muy poco el gasto en los servicios en los que el gobierno impulsó muy fuertes aumentos de precios y mucho en los rubros donde el modelo que aplica permite atenuar subas. Como buena parte del consumo de los servicios públicos no puede evitarse, éstos ganan participación en la canasta real y los gastos en otros rubros pierden preponderancia. Con recesión, la intensidad de esas sustituciones es aun mayor.
Por ejemplo, el Indec supone que sólo el 0,35 por ciento del gasto de un hogar se destina al pago de la factura de electricidad. Tomar ese parámetro como válido implica que una familia que, en enero pasado, gastaba 237 pesos de luz y así integraba el segmento de consumo más representativo según los datos del Ministerio de Energía, debería tener un ingreso de 67.714 pesos mensuales, muy lejos del promedio nacional de ingreso de los hogares que se ubica en torno de los 20.000 pesos. La ponderación del servicio eléctrico en el IPC-CABA (0,9 por ciento) también es baja en relación a lo que representa en el consumo de los hogares, pero está más cerca de la realidad. Por eso, el impacto de las próximas subas será mayor en el IPC-CABA, aunque también lo subestimará en parte.
Del mismo modo, la ponderación del rubro “agua y servicios sanitarios” es irreal; si un hogar paga 200 pesos o más, el Indec implícitamente supone que su ingreso debería superar los 62.000 pesos, dado que pondera un 0,31 por ciento en el índice. Otros casos absurdos y de alto impacto son el de “transporte público de pasajeros” y el de “combustibles para el hogar” (gas), que sólo representan el 2,77 y el 0,91 por ciento del gasto total de la canasta, respectivamente. Hoy es difícil que un hogar destine menos del 6 por ciento de sus recursos al transporte público: una familia de cuatro integrantes, con un ingreso total de 20.000 pesos, sólo en viajes en colectivo, si cada miembro realiza dos trayectos diarios con el boleto mínimo, gasta el 7,2 por ciento de su presupuesto, suponiendo que no ahorra.
Ponderadores
Otra característica de los rubros con ponderaciones subestimadas es que no pueden ser sustituidos por oferta externa. Si bien la mayor subvaluación se concentra en la tarifas públicas, hay más servicios que poseen ponderadores llamativamente bajos, como el alquiler de la vivienda y la educación, donde para el Indec se destina apenas el 3,6 y el 3,8 por ciento del presupuesto hogareño, respectivamente.
La contrapartida está en los gastos que se pueden postergar y reemplazar por bienes importados. El caso emblemático es el de la indumentaria; el organismo público infiere que ese gasto representa el 8,7 por ciento del ingreso familiar, una ponderación mucho más alta que la asignada por todas las canastas de consumo del resto de los países de la región (por ejemplo, es un 28 por ciento mayor que la de Uruguay, un 68 por ciento superior que la de Colombia o un 71 por ciento más alta que la de Chile). Con un crecimiento de la importación de ropa del 71 por ciento en enero pasado a un valor promedio por prenda que, en dólares, fue un 24 por ciento menor que en el mismo mes de 2016 será difícil que los precios puedan subir significativamente, sobre todo cuando los consumidores deben resignar consumo por la caída de su poder adquisitivo.
Metodología
La justificación técnica del Indec de la canasta elegida pasó desapercibida. Una de las decisiones metodológicas más importantes, carente de rigor técnico y que ha sido la más distorsiva en el sentido que aplaca el impacto de las subas de precios en el índice fue la selección del mes de base de sus mediciones: diciembre de 2015. Cualquier manual básico de estadística recomienda elegir períodos de estabilidad y con abundante información. Ese mes no cumplía las condiciones mínimas por la muy elevada volatilidad de todos los precios de la economía que implicó la brusca devaluación y la incertidumbre vinculada al cambio de gobierno.
A pesar de la evidente anomalía, el informe metodológico del Indec, publicado en agosto de 2016, no brinda explicación. Sospechosamente, en su anterior publicación, figura la base de abril de 2016. Adoptarla resultaba menos turbio, dado que las primeras variaciones de precios publicadas correspondieron a mayo de 2016.
Cómo el Indec imputó el alza de precios por rubro desde la toma de control de las nuevas autoridades es un misterio que el organismo debería develar, en especial porque fueron los meses más inflacionarios desde principios de los años noventa y por el gran interés público que genera conocer especialmente el comportamiento de los precios de los servicios públicos básicos que ahora están siendo nuevamente ajustados.
Es esencial observar también que el mes de base elegido fue el momento histórico de precios más bajos de los servicios públicos en relación al resto de los bienes y servicios. Esto provocó que sus ponderaciones en la canasta fuesen lo más pequeñas posibles y que quedaran desfasadas enseguida.
Cualquiera que hubiera conocido el plan económico, sobre todo en materia de tarifas y de apertura comercial, pero también de desaliento al consumo con aumentos salariales restringidos con engañosas metas de inflación, habría percibido que la base de cálculo del IPC-GBA iba a provocar la abrupta desactualización de la canasta. Una decisión a ese nivel no pudo haber sido también un error.
Canasta
Otra resolución metodológica que no generó polémica pero que determinó la confección de una canasta muy poco representativa fue la utilización de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGH), realizada entre 2004 y 2005. El Indec aclaró que descartó la más reciente ENGH de 2012/13 por “la alta tasa de no respuesta y la imposibilidad de evaluar la calidad de los datos” para obtener los ponderadores del IPC. De este modo, prevaleció un relevamiento de referencia de un atrasado modelo de gasto de los hogares.
Desde el momento en que se hizo la ENGH y hasta 2015, según el Indec, el consumo privado creció un 61 por ciento y el desempleo bajó a la mitad. En tanto, la pobreza cayó del 39 por ciento (promedio 2004/2005) al 20 por ciento, de acuerdo al Centro de Investigaciones de la CTA. También, en el medio, se generaron profundos cambios en los hábitos de consumo y una renovación tecnológica muy relevante, como el servicio de transmisión de datos vía Internet con teléfonos inteligentes que en el momento de la encuesta no existía.
El Indec señala que, para llevar a cabo el ajuste de las ponderaciones, se compararon los precios de los meses del relevamiento de la ENGH con los observados en diciembre de 2015. El esfuerzo para compatibilizar las variedades de productos de hace más de una década con las más actuales debió haber sido muy grande; inevitablemente, debieron haberse tenido que tomar muchas decisiones discrecionales no explicadas en el referido informe que posiblemente hayan alterado la estructura de gastos de los hogares en algún sentido. El hecho de comparar los precios de 15 meses (desde octubre de 2014 a diciembre de 2015) con los de un solo mes muy inestable seguramente también provocó otras arbitrariedades.
Estas inconsistencias deben formar parte de la explicación por la cual la publicación de la estructura de ponderadores por rubros en la canasta posee una muy pobre apertura (a sólo tres dígitos cuando el estándar internacional es a siete).
La escasa información brindada dificulta analizar el impacto de los aumentos de precios y cómo son computados en cada caso. Ninguna de estas cuestiones fueron aclaradas por el Indec y tampoco se fijó públicamente una fecha para su normalización.
Técnicos
Un hecho que contribuyó a validar la labor del Indec y moderó la discusión pública sobre sus mediciones fue que, cuando el organismo reincorporó a personal que había sido desplazado por Guillermo Moreno, y tomó las principales decisiones no se generaron conflictos ingobernables, más allá del despido de la Directora Técnica, Graciela Bevacqua, a solo dos meses de haber asumido.
Los técnicos, desgastados por el manoseo de índices de la gestión anterior y que incluso habían tenido que soportar persecuciones, a ciencia cierta, no podían conocer cuáles serían las políticas que adoptaría el nuevo gobierno y tampoco correspondía que las discutieran.
Otro factor relevante que también ha aportado credibilidad al IPC-GBA es que el menor resultado que arroja respecto a índices alternativos es módico, sobre todo en comparación con las diferencias registradas entre el IPC anterior y las otras mediciones. Estos aspectos permitieron reducir la controversia sobre el índice, excepto por las críticas de los economistas Marina Dal Poggetto y Miguel Bein sobre sus restricciones informativas, publicadas el pasado 19 de febrero en el diario La Nación.
Paritarias
Ahora bien, si el gobierno consigue sostener la legitimidad del IPC-GBA, a pesar de las inconsistencias, el combate contra la inflación, liberando precios y fijando techos a las paritarias, seguirá siendo en desmedro del ingreso real de los trabajadores y de la recuperación del mercado interno. Especialmente, perjudicará a los hogares de menos recursos no alcanzados por tarifas sociales que destinan una porción mayor de sus ingresos a servicios indispensables con precios que suben mucho más que el resto.
El otro eje sustancial en este proceso de desinflación artificial es el incremento del endeudamiento externo y el sostenimiento de altas tasas de interés en pesos. Así,el gobierno consigue temporalmente mantener bajo el precio del dólar, desincentivar más la actividad industrial y potenciar el reemplazo de productos fabricados en el país por importados. A través de la mayor desocupación y del deterioro del consumo que esas políticas implican,contrae la capacidad de negociación de los trabajadores.
La apuesta es que, una vez desactivada la puja distributiva, minimizada la industria y reducida significativamente la inflación, el gobierno pueda lanzar un índice que refleje metodológicamente de una forma mucho más realista los incrementos de precios. En ese momento, si el gobierno logra sus objetivos, el nuevo indicador habrá llegado demasiado tarde.
* Economista EPPA. Profesor UBA y Undav.
@marianokestel
