Berta Cáceres era ambientalista, defensora de derechos humanos y líder indígena en Honduras. Resistió la construcción de una hidroeléctrica en lugares que se consideraban sagrados para las comunidades indígenas del pueblo Lenca. Fue distinguida a nivel internacional por su lucha en 2015. El 3 de marzo de 2016, en La Esperanza, Honduras, fue asesinada a balazos mientras dormía. Siete personas fueron condenadas por el asesinato en el que se involucró a referentes de la empresa Desa, que tenía a su cargo la construcción de la obra. De afirmaciones volcadas en el juicio por este homicidio es la frase “habrá culpables pero no justicia”. 

Su nombre es estandarte hoy de una distinción que se entregará por tercera vez este viernes en el Senado de la Nación a mujeres que en Argentina luchan por los derechos humanos, ambientales y de acceso a la tierra. Dos representantes de Salta recibirán este reconocimiento: María Tolaba y Lucía Ruiz. 

Estas mujeres se encontraron en la lucha por los derechos posesorios de los campesinos de Rivadavia Banda Norte. María, como técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF); Lucía, como referente del campesinado de la zona. La resistencia les costó consecuencias que al día de hoy persisten. María es una de las despedidas en abril de 2018 por el gobierno macrista. Lucía aún está encausada por empresarios que compraron “derechos de posesión” en zonas en las que viven campesinos. Las denuncias son sobre presuntos robos no comprobados.

Antes de encontrarse en el camino que hoy las une en la lucha por recuperar parte de la tierra apropiada por el agronegocio, las dos tuvieron historias distintas.

María

María nació en Salta Capital. Sus estudios en antropología la llevaron a participar en trabajos de extensión universitaria en Salta. En 2004, el ex gobernador y hoy senador nacional Juan Carlos Romero decidió desafectar los lotes 32 y 33 de Anta como reserva natural para venderlos (desmontarlos), y hacer rutas. Con los desmontes se visibilizó la vulnerabilidad de la comunidad wichí Eben Ezer, que vivía en la reserva. “Ahí conocí a los wichí y empecé a entender su realidad”, contó Tolaba a Salta/12.

Trabajó entonces con la Fundación Vida Silvestre y tiempo después entró a la SAF. Anta continuó siendo el territorio para desempeñarse. Lo hizo en el paraje La Albahaca, con familias campesinas criollas. Al menos dos generaciones habían trabajado la finca por años y vivían allí. Un día, el titular registral les hizo firmar algo, les dijo que era para darles chapas. Ellos no sabían leer. Lo firmado era un reconocimiento al titular registral que facilitaba su desalojo. La causa fue a juicio y con la representación del abogado Matías Duarte los campesinos pudieron quedarse. “A mí me marcó mucho ese proceso porque vi la alegría de la gente cuando se resolvió”, contó María.

De una comunidad de horticultores pasó a Salta Forestal, también en Anta, con criollos que crían ganados. Las tierras fiscales fueron otorgadas, también por Romero como gobernador, a privados para que las exploten. En este caso a Ecodesarrollo, empresa conformada por Néstor Cervera y su socio Alfredo Olmedo, padre del polémico diputado nacional con mandato cumplido que instaba a los más vulnerables a “agarrar la pala”. Luego las tierras pasaron por distintas manos hasta terminar la explotación en manos de las firmas CRESUD y Anta del Plata.

Los campesinos y sus vacas habían quedado encerrados con alambrados que limitaban pocas hectáreas. Con los reclamos vino la necesidad de organización, proceso en el que María intervino.

Más tarde la reubicaron para actuar en el norte provincial. El tiempo completo de trabajo se dividía entre las comunidades campesinas de la ruta 81 (entre San Martín y Rivadavia), y en Rivadavia Banda Sur.

“Yo aprendí de ellos”, afirmó María. Se refirió así a un grupo de campesinos de la ruta 81, entre los que estaba Lucía Ruiz, quienes visibilizaron aquello de lo que poco se hablaba. La primera gran lucha fue por las tierras de los Riera, en el pueblo de Hickman, sobre la ruta 81. Varias familias habían sido desalojadas. Algunas incluso por quienes administraban empresas de la familia Macri o eran cercanos y conocidos a ella. Resistieron los desalojos dictados por una justicia que denotaba parcialidad. Ese mismo grupo logró que algunos legisladores impulsaran la suspensión de desalojos, establecida en 2010 en la Ley Provincial 7654. 

La jueza Ana María de Feudis, en más de una ocasión relacionada con quienes administraban la finca de la familia Macri, concentraba todas las causas. En la mayoría, si no en todas, evitó fallar a favor de una familia campesina. Y pese a la existencia de la ley, continuó lanzando los desalojos. Se le pidió juicio político. Pero el gobierno de Juan Manuel Urtubey le concedió el privilegio de la jubilación como jueza en marzo de 2015.

Lucía

Cuando pasó lo de los Riera, ni María, ni Lucía, ni los Riera se conocían. Fue un encuentro en la lucha. Lucía viene de una familia campesina. “La tierra como concepto de libertad”. La definición enmarca su visión como campesina nacida en el paraje El Pértigo, ubicado a 25 kilómetros de Coronel Juan Solá, o Morillo, como se conoce más al pueblo cabecera del departamento Rivadavia Banda Norte.

“No tenemos que estar pendientes de un sueldo, o de cómo estar vestidos. Tenemos la carne, los frutos y lo que necesitamos para vivir… de alguna manera somos ricos”, dijo Lucía antes de recibir la distinción. La lucha por esa libertad trajo consecuencias pesadas. Como mujer sola en más de una ocasión tuvo que dejar a sus hijos mientras acompañaba a otros campesinos en los acampes contra los desalojos. 

Ya con una organización en ciernes para luchar por mejores condiciones de vida, que denominaron Unión y Progreso, Lucía conoció a los Riera en su lucha contra el desalojo. En esa organización vieron que los encargados del agronegocio comenzaron a tomarlos de otra manera. Desalojar a un campesino en soledad es una cosa. Pero un colectivo organizado era una pared un tanto infranqueable. Llegaba el momento de negociar.

Por esas luchas, que también desplegaron ante las amenazas de desalojos en Rivadavia Banda Norte, terminó encausada por el empresario Javier Vidizzoni, quien la acuso de robos. Lucía espera ahora el juicio en su contra.

La dirigente campesina empatiza con Berta Cáceres. Pero entiende que es necesario superar las distinciones que homenajean a alguien asesinada por sus convicciones, evitando que ello ocurra de nuevo. Esto, a su entender, podría involucrar el impulso de leyes que liberen a los campesinos de aquellas cadenas que aunque a veces no los alcanzan, siempre los golpean.

“Una de esas leyes sería que no se permita a los productores del agronegocio estar en política. O designar a personas que están al lado de quienes detentan los agronegocios”, dijo, conocedora de la realidad que a nivel político tuvieron que sortear en más de una ocasión.

Macrirresistencia

Un empresario que se jactó de “almorzar y cenar una vez a la semana con el gobernador” (en ese momento Juan Manuel Urtubey) fue a “pedir mi cabeza a la SAF”, contó María. Pero entonces fue contenida por su jefa, Cristina Sáenz, y sus compañeros, quienes repelieron al empresario, que se había enojado porque María había impedido que una comunidad de campesinos firmaran papeles de comodato que a futuro podían significar un desalojo.

La lucha de los técnicos al lado de quienes podían perder la tierra que trabajaban fue mal vista por el macrismo. Se cambiaron las políticas. Se les quitó algunos roles de organización de las comunidades. Se les pidió firmar proyectos que iban en contra de las comunidades. María, Lucia, campesinos y técnicos resistieron. La consecuencia fue entrar a una lista negra.

Quizás en este punto se puede encontrar una analogía con la frase que surgió del juicio de Cáceres: “hay culpables pero no hay justicia”. Se sabe quiénes fueron perseguidores y perseguidos. Y sobre todo, las razones. Hay reconocimiento nacional por esa lucha pero María sigue despedida y Lucía, encausada. ¿Hay justicia?