La médica Luz Díaz aseguró en Salta que el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) "se garantiza en los centros de primer nivel de atención con algunos efectores dentro del departamento Capital y en algunos lugares de la provincia". Dijo que en realidad "son muy pocos los lugares en que se está garantizando" y además hay "muchas y serias dificultades en el segundo nivel de atención, que son los hospitales más grandes". Como ejemplo, precisó que en el Hospital Materno Infantil hay una sola médica que garantiza la ILE. 

"En el Hospital Papa Francisco se evidencia una objeción de conciencia que mantienen profesionales que consideramos que son antiderechos y que desconocen lo que está presente en el Código Penal desde 1921. Se atenta contra la autonomía, la posibilidad de decidir y de planificar la vida sexual", manifestó la médica, quien señaló que de este modo no se respeta el deseo de maternar o de no hacerlo. 

Díaz participó ayer de una mesa panel que abordó los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, los recursos y las obstrucciones que se dan en la actualidad para el acceso dentro del sistema de salud pública. Los participantes cuestionaron el modelo de atención hegemónico y propusieron otro con abordaje integral y feminista.

"Poder decidir sobre nuestro cuerpo, la vida sexual y la salud", fue el nombre de la mesa que se realizó en el Complejo de Bibliotecas y Archivos y contó con las docentes de la Cátedra de Aborto legal Marce Butierrez y Mer Martínez, la médica Luz Díaz y la abogada Flavia Garagorri, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM). La actividad fue organizada por la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que integra Díaz; el OVcM y la Cátedra libre sobre Aborto Legal de la Universidad Nacional Salta.

En la charla se dijo que en el hospital Papa Francisco hubo denuncias por aborto ante la justicia.

La médica destacó que las maternidades forzadas son una tortura, sobre todo en las niñas, cuyos cuerpos no están preparados para gestar embarazos y que al imponerlos se ponen en riesgo sus vidas.

Explicó que el Protocolo ILE "es un conjunto de recomendaciones como guías médicas de acceso a un aborto seguro". En Salta está vigente el de 2017. Ante la falta de adhesión de la provincia al Protocolo Nacional de 2019, Díaz sostuvo que si el Gobierno no adhiere, deberá consensuar otro que no vaya en contra de las normas previstas por la Organización Mundial de la Salud. Dijo que espera que ante el debate por la legalización de aborto, la provincia adhiera al Protocolo.

Objetores de acceso a derechos

Díaz señaló que hay médicos y médicas que no solo se manifiestan objetores de conciencia respecto al aborto sino también al uso de los métodos anticonceptivos. 

La médica sostuvo que hay una "corporación médica" dentro de la salud pública que se evidencia en "una defensa con respecto al desconocimiento de derechos".

"Las leyes y convenios que mantiene la Argentina y la plata que se destina para la elaboración de programas y garantías de derechos están presentes y es por lo que nos regimos. Nos llama muchísimo la atención que (las objeciones a los métodos anticonceptivos) se desarrollen dentro de la esfera de la salud pública", manifestó.

"Pensamos que trabajar con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres que cuenta con espacio jurídico es empezar a registrar y denunciar", añadió la médica.

Contó que la Dirección Nacional de Salud Sexual Reproductiva está pidiendo a las provincias "que envíen un listado de objetores de conciencia para poder ver qué está pasando". "Quizás a partir de intervenciones nacionales en pos de garantías de derechos podamos asegurar que hayan profesionales que no sean objetores de derechos. Esperamos alguna repercusión efectiva", se esperanzó. 

La charla se dio en el contexto de vísperas de la disputa que se descuenta resurgirá en el Congreso cuando se vuelvan a presentar las iniciativas por la legalización del aborto. Este año se presentará una vez más el proyecto de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito consensuado con las organizaciones feministas y además habrá una propuesta del Poder Ejecutivo Nacional.

Díaz habló de la necesidad de "problematizar la violencia obstétrica que se evidencia como natural", cuestionó el modelo de atención patriarcal, biomédico y hegemónico que persiste dentro del sistema de salud pública y sostuvo la necesidad de un abordaje integral con perspectiva feminista. 

Salud feminista

"La mirada de salud feminista habla de una vida libre de violencias y de poder generar autonomía, reconocer que hay otros saberes aparte de los biomédicos occidentales eurocéntricos", explicó Díaz. La médica dijo que la salud no solo es ámbito de "profesionales" del campo científico. 

"Podemos encontrar una salud feminista dentro de organizaciones sociales, territoriales, de movimientos que van a ir transversalizando el poder decidir sobre el cuidado, la atención de nuestros procesos, no solamente de cuestiones físicas sino de salud integral. Uno de los ejemplos que existe de construcción de salud feminista que incide no solamente en la vida de las personas sino también cuestionando este modelo médico hegemónico y en las cuestiones académicas es el socorrismo", afirmó la médica quien también es parte de Socorristas en Red.

"La salud feminista tiene que tener una mirada amorosa, de respeto, de acompañamiento", sostuvo. Consideró que el modelo neoliberal y patriarcal es parte del ejercicio de las violencias. Habló de la necesidad de una mirada humanizada, "donde se tengan en cuenta las interseccionalidades, de racialización, de las disidencias, interculturales y de clases".

Martínez, quien también integra Socorristas en Red, sostuvo que en Salta durante 2019 han realizado alrededor de 600 acompañamientos para garantizar el acceso a la ILE, y a nivel nacional fueron 14.500.

Díaz destacó la importancia de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y de la Diversidad porque consideró que se va a poder trabajar de forma transversal y reforzar los equipos ILE en todas las provincias.

Demandas

La médica especificó que desde la Red de Profesionales está solicitando capacitación a efectores en el segundo nivel para resolver embarazos del segundo trimestre que no se están pudiendo garantizar en los centros médicos. Y pidió que no se discontinúe la provisión de métodos anticonceptivos y que se provea Misoprostol en todos los programas nacionales y provinciales. También reclamó la fabricación de mifepristona o la importación "ya que es el medicamento esencial en el caso de tratamientos farmacológicos (para abortos)".

Otro de los pedidos es que los Centros de Salud que garantizan la ILE lo informen y hagan visible. "Para nosotras es vital la posibilidad de estar más visibles, nunca elegimos la clandestinidad como un espacio de refugio. Estamos garantizando derechos, queremos poder habitar los medios, difundir cuáles son los espacios, hay un recursero público nacional", sostuvo Díaz.