La justicia porteña rechazó el recurso de apelación presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y convalidó un fallo del juez Andrés Gallardo que habilita el funcionamiento de la feria de artesanos instalada sobre la calle Perú, entre Rivadavia y Alsina. La decisión tomada, por mayoría, por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, le ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que otorgue los permisos pertinentes y regularice el funcionamiento de la feria. La medida favorece a los noventa artesanos censados en noviembre de 2018 por el Ministerio Público de la Defensa y a los que acrediten desarrollar la actividad en el lugar y que no hayan sido incluidos en ese relevamiento.

En su fallo, Gallardo había señalado que la actitud del gobierno porteño de desalojar a los artesanos y perseguirlos, es “ilegítima y arbitraria” debido a que atenta contra el derecho a trabajar. En su fallo, la Cámara recordó que la actividad tiene, también, importancia cultural y que “el propio gobierno (de la ciudad) reconoció el carácter de artesanos” de los demandantes mediante actos administrativos “aplicativos del marco regulatorio específico” de los que tienen sus puestos en la feria.

El juez Carlos Balbín señaló que “como es sabido, tales actos se presumen legítimos y no han sido revocados por el gobierno. A su vez, más allá de las decisiones singulares del gobierno, cierto es que el trabajo de los actores coincide con el concepto sobre artesanías y manualidades desarrollado en el espacio regulatorio respectivo”. De ese modo se descalificó la política oficial, destinada a perseguir tanto a los artesanos como a los vendedores ambulantes en general.

El camarista resaltó que “conforme el marco normativo (...) las guías detalladas, y las decisiones singulares del propio gobierno (según las constancias del presente proceso), cabe concluir que el grupo actor reviste el carácter de artesanos”. Agregó que “en consecuencia, el agravio” expuesto por las autoridades gubernamentales “debe ser rechazado por no existir controversia al respecto”, de manera tal que “los actores son artesanos y manualistas” cuyos derechos deben ser respetados, no sólo por el tipo de actividad sino por su condición de trabajadores. La postura fue acompañada por la jueza Fabiana Schafrik, con la disidencia de la doctora Mariana Díaz.

En el fallo original, de primera instancia, el juez Gallardo resaltó que la Constitución de la ciudad obliga al Ejecutivo a promover “todas las actividades creadoras”, proteger y difundir las manifestaciones de la cultura popular y garantizar “la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios”.

El artesano Gustavo Etimos le recordó a Página/12 que el conflicto de la feria de Perú, frente a la Legislatura porteña, comenzó en 2004, pero se intensificó en 2008, cuando Mauricio Macri asumió como jefe de Gobierno. “Apenas asumió, vino la primera partida de policías con inspectores a sacarnos”, precisó. El recurso de amparo que ahora fue convalidado por la Cámara se presentó para evitar el desalojo. En una de las instancias judiciales, el gobierno de la Ciudad propuso que la feria se mudara a la plaza Roberto Arlt, en Rivadavia y Esmeralda, pero alternativa fue rechazada porque “eso significaba matar a la feria”, sostuvo Etimos.