"Homicidio calificado por codicia", fue la imputación que el fiscal Adrián Spelta les achacó a Marcelo F., de 53 años, y Josefa R., de 57, acusados por el crimen de María Isabel Ruglio, cuyo cuerpo fue desmembrado y tirado al arroyo Saladillo en siete bolsas de basura. La pareja vivía al fondo de la casa de la mujer y para los investigadores el móvil del crimen está dado por el interés por apoderarse de la vivienda de la víctima. En la audiencia, Spelta mencionó testimonios de vecinos y familiares que indicaron que los imputados dijeron que la víctima estaba "de vacaciones", durante los días que preguntaban por ella, a mediados de febrero, y que si bien María les dijo que les vendería la casa, luego cambió de idea y les pidió que se fueran. "Entendemos que esta negativa de vender y el intento tal vez de expulsarlos de la vivienda llevó a este desenlace", dijo el fiscal. La acusada, de origen español, negó los hechos. Sin embargo, el funcionario judicial recordó que pericias realizadas en el lugar dieron resultado positivo sobre la presencia de sangre en una pileta del patio y en elementos cortantes encontrados. El juez Florentino Malaponte ordenó la prisión preventiva por el plazo de ley.
La investigación comenzó con el hallazgo de siete bolsas negras que salieron a flote en el arroyo Saladillo con diferentes partes del cuerpo de una mujer, entre el 10 y 11 de febrero pasado. Sin embargo, no había datos de quién podría ser, aunque sí se estableció que sería una mujer mayor. Las pruebas de cotejo dactiloscópico llegaron a principios de marzo a Fiscalía y arrojaron resultados compatibles con la identidad de María Isabel Ruglio, de 73 años. Con ese dato se llegó al domicilio de Uriburu al 500 donde la prueba de luminol -sustancia que detecta sangre lavada- dio resultado positivo. "La única finalidad era quedarse con la propiedad", dijo el fiscal cuando imputó al matrimonio acusado de haber cometido el hecho entre el 6 y el 7 de febrero.
María Isabel conoció a Josefa, alias Pepi, en un minimarket en el que ésta trabajaba, y como le contó que había tenido un accidente en moto y le costaba subir las escaleras para ingresar a su departamento en un Fonavi, la víctima le ofreció que vivieran con ella, porque se iba a desocupar una habitación en la parte de atrás de su casa. "No le gustaba estar sola. Le dijimos que no podíamos pagar un alquiler y dijo que compartiéramos gastos de impuestos", relató sobre lo acordado hace poco más de un año. "No había necesidad de hacer esto, no somos tan ambiciosos como para arruinarnos la vida de esta manera", aseguró la mujer que llegó desde España con el hombre oriundo de Rosario que vivió 12 años en el país europeo.
Tras la identificación de la víctima, surgió una denuncia de paradero del 21 de febrero, realizada por la imputada; y otra del 27 de febrero presentada por una vecina de María Isabel. El fiscal planteó que la presentación de la acusada fue después de que vecinos y familiares les preguntaran seguido por el paradero de la mujer. Y sumó que los acusados hacían uso de los espacios de la casa que correspondían a la víctima y hasta usaban su teléfono fijo.
La pareja tenía una verdulería en la parte delantera de la casa, donde se secuestraron bolsas de nylon "similares a las encontradas" en el arroyo con las partes del cuerpo de la mujer. Una vecina que tiene local en la cuadra contó que Pepi le pidió ver sus cámaras de seguridad, algo que resultó llamativo.
En tanto, el fiscal indicó que el preinforme de autopsia arrojó que la causa de muerte es "indeterminada" porque "los cortes post mortem en miembros superiores y cuello no pueden confirmar la causa". Sin embargo, dijo que se encontraron signos de golpes de consideración sobre todo en la zona de cráneo.
La defensa, en tanto, cuestionó el móvil del crimen y aseguró que los acusados sabían que cometiendo el hecho no podrían haberse quedado con la casa por una cuestión legal. Incluso, la misma imputada aseguró que la relación con la víctima era buena y que hasta fue la testigo del casamiento de la pareja.
