El estilo de Alberto Fernández no es confrontativo, pero la corporación de medios que respaldó a Mauricio Macri salió con los tapones de punta tras su discurso en la Asamblea Legislativa. Tampoco buscó la guerra con las patronales del campo que formaron parte del gobierno macrista, pero ellas se la declararon a él. Hay un núcleo duro conservador, histórico, que estuvo a la cabeza de la anterior gestión, que se puso más agresivo tras la la derrota electoral.

Hay dos climas opuestos que transcurren en paralelo. Mientras las encuestas hablan de que la imagen positiva del gobierno oscila entre el 60 y el 70 por ciento, la reacción intempestiva de las patronales rurales y la hostilidad mediática buscan crear la impresión de un rechazo extendido contra el gobierno.

La Mesa de Enlace quiere mostrar una gesta de reacción en cadena similar a la que se produjo en 2008 cuando apenas había asumido Cristina Kirchner, a raíz de la resolución 125. La propuesta había sido diseñada por el entonces ministro de Economía Martín Lousteau, que ahora se opone a una medida mucho más estudiada y cuidadosa que la de su inspiración.

Hay un gobierno peronista que recién asume y que ha lanzado una propuesta de aumento de las retenciones. Hasta allí llegan los parecidos y allí se acaban. La confrontación con las patronales rurales está planteada por ellos mismos como una disputa de poder. Es desmedida la relación entre el nivel de la protesta y las medidas del gobierno.

Es evidente que no se trata de los tres puntos que aumentan las retenciones a la soja, sino de las discusiones futuras sobre plazos para la rendición de divisas, el blanqueo de las transacciones y su control. La medida de fuerza se anunció cuando aún no se sabía cómo serán afectados los productores.

En el Gobierno hay cierto malestar porque aseguran que el diseño de la segmentación detallista entre cultivos, zonas geográficas y niveles de producción fue propuesta por la Federación Agraria. El Gobierno, afirman, se apropió de la propuesta de la FA, que ahora protesta contra las medidas que ella misma propició.

La que propuso el lockout patronal de cuatro días fue CRA y los demás organismos no estaban muy de acuerdo. La Sociedad Rural, incluso, dudaba por el momento político, pero Coninagro y la FA estaban en contra. Entonces la CRA se cortó sola y anunció el lock out para la próxima semana y terminó por arrastrar a los otros tres organismos que no quisieron forzar un rompimiento de la Mesa de Enlace.

La segmentación para impedir que fueran afectados los pequeños y medianos productores no pudo frenar la protesta rural, pero generó muchas diferencias en el frente interno. Resulta una incongruencia que la mayoría de los involucrados en la protesta no son perjudicados. De hecho, las seccionales de Pergamino y Tandil de la FA se declararon en contra de lo decidido por la dirección de la Federación. Y muchos otros representantes de pequeños y medianos productores empezaron a desmarcarse.

El conflicto de 2008 impactó en la sociedad porque pudo repercutir en las zonas urbanas. Pero era otra época. Ahora, la sociedad viene agotada por los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri que destruyó la economía y en el que las patronales rurales fueron corresponsables. La medida de fuerza, más que conflicto gremial, es la escenificación de una disputa de poder, es una medida política del macrismo.

En 2008, esas patronales, aliadas con las grandes corporaciones mediáticas, podían embellecer una opción política hacia la derecha. Aprovecharse de la potencia mediática que las respaldaba para instalar un sentido común donde sus representantes eran celebrados como los más idóneos y desinteresados. Pero esa gente destruyó la economía en estos cuatro años y ahora son impresentables.

Los productores rurales decretaron un conflicto político cuando son impotentes para plantear una alternativa política, porque la que podrían –el macrismo– está absolutamente desprestigiada. Con esa posibilidad tan limitada les será difícil hacer pie en las zonas urbanas, más allá de ese núcleo duro histórico de la derecha.

En contraposición al abroquelamiento del núcleo histórico de la derecha, el congreso del Partido Justicialista, que se realizó el jueves en el miniestadio de Ferro mostró un peronismo flexible para recomponerse, en un rumbo que parece definitivo. El PJ no cambió. Prácticamente al comenzar la reunión, la mención a la vicepresidenta Cristina Kirchner produjo una fuerte ovación. José Luis Gioja está al frente del partido desde 2016 y lo encabezó cuando se produjeron las escisiones que regresaron el jueves.

Fue notoria la presencia de los delegados de Córdoba, que no habían participado en nueve años. Así como la participación de la delegación completa de la provincia de Salta, que también se había alejado.

Gran parte de los votos que logró el gobernador Juan Schiaretti en Córdoba fueron a Macri a nivel nacional. Es difícil que este acercamiento de Schiaretti se hubiera producido si una parte de ese voto no cambiaba a una posición de aceptación o expectativa hacia el gobierno de Alberto Fernández.

Algunos medios explican este acercamiento porque el Presidente habría empezado a pagar la deuda de la Nación con la provincia. Pero esta explicación resulta insuficiente porque la confluencia no es solamente de los cordobeses, sino también de otros sectores que se habían distanciado. Otros de los que regresaron explican que con el gobierno macrista les era imposible hacer una oposición dura porque después eran represaliados.

Es probable que cada uno de esos fenómenos haya aportado al proceso de recomposición del PJ. Del congreso salió un partido fortalecido, lo cual favorece también a las fuerzas no peronistas del oficialismo. Y de la misma manera resultó favorecido el gobierno, que obtuvo un respaldo muy claro y sin condicionamientos.

El documento respalda todas las decisiones del Gobierno y puntualiza en la resolución de la deuda externa, al tiempo que expresó su preocupación por la cantidad de “detenciones irregulares” y mencionó al lawfare como una práctica que debe ser extirpada.

Si bien se ha prestado a polémica el término para referirse a los presos políticos del macrismo, la mención implica que el tema constituye preocupación oficial del PJ. El mismo día, el ex ministro Julio De Vido recuperó su libertad por decisión de un tribunal y Cristina Kirchner se refirió a las declaraciones del periodista de La Nación Carlos Pagni, quien reconoció que una tapa que había preparado ese medio para presionar a los jueces, disparó la escalada de prisiones preventivas irregulares.

La vicepresidenta agregó que La Nación buscaba una tapa sobre corrupción en el kirchnerismo para disimular el escándalo de los Panama Papers que estaba obligada a publicar. Cristina Kirchner se preguntó qué esperaba la Corte para tomar medidas. “Ya veremos en su momento lo que corresponda hacer”, respondió la jueza Elena Highton de Nolasco a la radio Futurock. En las encuestas sobre el prestigio de las instituciones, el Poder Judicial, la Corte y los jueces son de los que tienen peor imagen, sobre todo los jueces, que no pasan del 12 por ciento de imagen positiva.

La corporación de medios no puede sonreír cuando Alberto Fernández habla de lawfare, porque fue protagonista principal de ese mecanismo. Está obligada a darse por ofendida. Cada vez que en Clarín tienen que mencionarlo, dicen: “lo que los kirchneristas califican como lawfare”. La pésima imagen del Poder Judicial demuestra que la mayoría de la sociedad reconoce esa forma de corrupción de la información y la justicia.

Esta semana, el congreso del PJ confirmó al peronismo como fuerza popular transformadora. Menemistas y aliados del macrismo prácticamente han desaparecido. Esta semana la derecha histórica estuvo representada por los medios hegemónicos y las patronales del campo con un esquema sectario de bloquear puentes con el Gobierno pero sin propuesta alternativa. Estos medios critican al oficialismo, pero no se atreven a defender al macrismo que ellos respaldaron.