Si faltaba algo era que aparecieran seis nuevos casos de coronavirus. Uno de los funcionarios que permanecía avanzada la tarde del viernes en la Casa Rosada ya se reía por la cantidad de variables que implica gobernar un país como Argentina en épocas de crisis. El presidente Alberto Fernández se quedó en Olivos donde no estaba claro si se había reunido o si sólo había conversado telefónicamente con el ministro de Economía Martín Guzmán para ultimar los detalles del decreto que determinará la deuda privada que se reperfilará, en un día que el riesgo país superó los 2.500 puntos y cayeron los bonos. Más temprano, en el encuentro del gabinete económico, Guzmán había adelantado que el monto a renegociar será un poco inferior a los 70 mil millones de dólares. Los bonistas, que conversaron con el ministro en el inicio de la semana, dejaron trascender por los medios su disconformidad con la propuesta, confirmando que la pulseada será muy dura. Respecto al campo, el Gobierno mantuvo la estrategia de no salir a confrontar y aseguraron ver al sector "fracturado", con mensajes públicos y privados de dirigentes en desacuerdo con el lockout de la semana que viene. Una expresión de eso fue la "libertad de acción" que resolvió la Federación Agraria para sus afiliados.

El gabinete económico se reunió cerca del mediodía en la Rosada, encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Hubo un repaso a la cuestión precios -que sigue preocupando pese al descenso de inflación de enero y febrero- y luego el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, comunicó de la nueva baja de la tasa de interés, que ahora se ubica en el 38 por ciento anual, el menor desde mayo de 2018. Pero, sin duda, quien acaparó la atención del encuentro fue el ministro Guzmán, quien detalló las conversaciones que mantuvo con los enviados del FMI, Julie Kozack y Luis Cubeddu, que terminaron ayer su nueva misión en el país. En el inicio de la semana, el ministro se había reunido en reserva con representantes de los fondos Blackrock, Fidelity, Pimco, Templeton y Greylock, que manejan buena parte de los bonos a renegociar.

A través de medios que suelen prestar atención a sus reclamos, representantes de estos fondos dejaron trascender su disgusto por cómo se habían desarrollado esos encuentros. Por un lado, como ya es conocido, porque Guzmán habla poco. Y, aparentemente, cuando habla no dice lo que ellos quisieran escuchar. Un funcionario de Economía mostraba divertido un chat en el que un periodista le comentaba que "fuentes de Wall Street" le aseguraban que Guzmán podía ser un obstáculo para la negociación adjudicándole desde escaso nivel técnico hasta una propuesta que implicaba una quita del 70 por ciento de la deuda. 

"Obviamente que es un escenario difícil. En unos días vamos a hacer una propuesta que para nosotros signifique darle sustentabilidad al plan económico. Sería mucho peor presentar una propuesta que sea aceptada más fácil y a los seis meses o al año haya que rehacer todo otra vez porque no se puede pagar", explicaban en la Casa Rosada. Respecto a la amenaza de no aceptación y default que dejaron trascender los bonistas que conversaron con Guzmán, en el Gobierno no se amilanaban. "'Default' es la palabra maldita que nosotros no vamos a salir a decir pero obviamente que la probabilidad existe. Será una negociación muy dura", agregaba.

Pese a que se lo esperaba en la Casa Rosada para la reinauguración del Salón de las Mujeres, Fernández permaneció en Olivos y lo reemplazó Cafiero. Una de las cosas en las que se quedó trabajando el Presidente, en una jornada en la que el riesgo país escaló otro peldaño y los bonos argentinos cayeron, fue en el decreto que determinará qué monto de la deuda con los bonistas entrará en la negociación. El paso está previsto en la ley de "Restauración de la sustentabilidad de la deuda pública externa" que el Congreso aprobó en las sesiones extraordinarias. Guzmán ya cumplió otro paso previsto en la norma, la designación de las instituciones que actuarán como coordinadores de la estructuración.

El Gobierno centró toda su estrategia de los primeros meses a conseguir una buena negociación, que en estos días dará sus pasos decisivos. Pero, en medio, al Ejecutivo le apareció una protesta de las entidades agropecuarias que los tomó por sorpresa porque -aseguran- nunca en los varios diálogos que mantuvieron en estos últimos días les advirtieron sobre esa posibilidad. Frente a la llamativa resolución de la Mesa de Enlace, Alberto Fernández dispuso no salir a responder para evitar que las entidades se abroquelen como sucedió en 2008. "No vamos a contestar. La medida es absolutamente legítima y es un hecho", respondían cerca del Presidente.

En el Gobierno contaron que durante el día recibieron mensajes de dirigentes de distintos sectores relacionados con la producción agropecuaria, quienes les transmitieron su desacuerdo con la protesta impulsada por un sector de grandes productores nucleados en las Conferaciones Rurales Argentina, pero a la que se adhirieron los demás, incluso quienes habían sido beneficiados con el nuevo esquemaa de retenciones. Algunos dirigentes del interior expresaron públicamente su rechazo, marcando que la segmentación para los pequeños productores era una demanda que llevaban adelante desde hacía años y que al fin se había visto escuchada. Ante ese panorama de fractura interna, la Federación Agraria emitió un comunicado dejando a sus bases "libres de acción" respecto al paro.

"Eso muestra que están fracturados. Nosotros estamos dispuestos a mantener el diálogo a través del ministro Luis Basterra, si quieren hablar de otras compensaciones. Pero la medida, que reivindicamos, ya está resuelta", insistían desde Olivos.