La Red de Mujeres Policías de Santa Fe, el espacio feminista que alumbraron en los últimos meses las fuerzas de seguridad en la provincia, volvió a expresar malestar del conjunto de trabajadoras que representan ante lo que consideran "una actitud indiferente" del gobierno de Omar Perotti para con los problemas que afrontan al interior de esas instituciones, la policía y el Servicio Penitenciario.

Desde el seno de ese colectivo de mujeres enumeran situaciones que lo llevan a replantear su opinión sobre la gestión del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, con quien habían empezado por la buena senda. En lo fundamental, según información que llegó a este diario, el reclamo al Ejecutivo apunta a que no se avanzó con los cambios prometidos en cuanto a introducir perspectiva de género en las fuerzas de seguridad provincial. 

La creación de la Subsecretaría de Bienestar y Género en la policía fue un buen indicio que a las miembros de la Red les alimentó expectativas. Sain abonó esa sensación con declaraciones alentadoras como “el rol de las mujeres policías en el mundo moderno es clave”. Pero les resultó contraproducente que para coordinar el área designó al frente de esa repartición a la investigadora de la UNL Natacha Guala, una profesional ajena a la institución policial. Enseguida convocó a las policías de la Red a una reunión en la que estas expusieron las demandas de base, trazaron líneas de trabajo a desarrollar durante la gestión, y ratificaron "el compromiso del Ministerio de Seguridad por garantizar la igualdad de derechos dentro de la institución y de trabajar la transversalidad con perspectiva de género", dijeron. Pero desde aquella reunión de diciembre nada más sucedió, según reprochan.

Las referentes del espacio feminista aseguran, mientras tanto, que suman más empleadas de la fuerza a la Red porque llegan bajo el peso de alguna de las variantes de la violencia machista que impera. Persecuciones y hostilidades varias y arbitrarias, cambios de horarios de trabajo, cambios de destino sin consulta previa, y sanciones indisciplinarias injustificadas, son situaciones que enumeran algunas integrantes de la Red como algo cotidiano.

La Red cobró suma notoriedad el año pasado cuando difundió una encuesta sobre 300 mujeres policías y penitenciarias que dejó al descubierto un vasto espectro de inequidades de género que interpelaba al Ministerio de Seguridad bajo la conducción de Maximiliano Pullaro. Variantes de violencia que van desde el acoso laboral y sexual por parte de jefes y compañeros (la mitad de las encuestadas lo padeció) hasta el relegamiento en la carrera policial (8 de cada 10 nunca ocuparon un puesto de mando) por un sistema de evidente corte patriarcal.

El sondeo empezó se hizo entre las 4000 empleadas policiales, del Servicio Penitenciario y del Instituto Autárquico de Industrias Penitenciarias (Iapip). Entre las respuestas, el 52,8% reveló haber sufrido violencia de género en su trabajo; en el 56% de esos casos, fue de índole psicológica, pero también simbólica (25,8%), sexual (8,1%), económica (4,4%) y física (5,6%). En su mayoría (69%) el agresor fue un jefe.

La difusión de la encuesta coincidió con la revelación de un caso extremo de abuso machista: la violación de una agente penitenciaria a manos de dos jefes de la cárcel de Coronda, un delito cuya investigación quedó inconclusa.

La Red continúa con ese relevamiento entre las agentes en la actualidad. Sus referentes aseguran que todo sigue igual.

La otra cuenta pendiente que las mujeres policías reclaman es la reactivación del proyecto de creación del Centro Integral con Perspectiva de Género (Cipgen), iniciativa de la Red de la que se hizo eco el año pasado la diputada provincial Alicia Gutiérrez. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, e iba a tratarse sobre tablas en el Senado a fin de año, pero el bloque justicialista liderado por Armando Traferri lo dejó fuera de agenda.