El interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, presentó una denuncia penal contra su antecesor, Omar Zeidan por el nombramiento y pase a planta permanente de 417 personas dos días antes de las elecciones de octubre.

Según la demanda que ya está en los tribunales de Comodoro Py, Zeidan, conjuntamente con Raúl Guimard, ex Subgerente de Recursos Humanos de YCRT; Samir Zeidan, concejal de Río Turbio y Sergio Lumachi, ex Coordinador de YCRT conformaron una asociación ilícita “que habría causado un perjuicio patrimonial al Estado por la suma aproximada de 156 millones de pesos”

El pasado 27 de febrero, el ex jefe de gabinete revocó el contrato de 417 agentes, lo que generó un nuevo conflicto en la mina de la provincia de Santa Cruz. Según la actual intervención, se trató de designaciones “ilegales” y que “nada tuvieron que ver con el desarrollo productivo ni la consecución de los objetivos de YCRT, dado que la empresa estaba paralizada”.

En concreto, el último día hábil antes de las elecciones generales, a través la resolución “A” I – YCRT N° 95/19, se contrataron a 419 agentes, de los cuales 417 fueron pasados a planta permanente el 1 de diciembre de 2019, nueve días antes del recambio presidencial. En declaraciones públicas, Zeidán había justificado los nombramientos en base a las "inmejorables condiciones creadas por el gobierno" de Macri para el funcionamiento de la mina. Sin embargo, para la actual administración YCRT no contaba con las partidas presupuestarias para el ingreso de esas personas.

Lo llamativo es que el 24 de abril de 2018, la intervención macrista había solicitado ante el Ministerio de Trabajo el inicio de un procedimiento preventivo de crisis hasta diciembre de 2019. Durante todo ese período, fueron despedidos unos 500 trabajadores de la mina, con el argumento de la crisis económica de la empresa, mientras redujo horas laborales y congeló salarios. Sin embargo, en paralelo, realizó los nombramientos ahora judicializados.

Además, según la denuncia, el proceso administrativo para el ingreso de los agentes presentó serias falencias. Entre ellas, falta de documentación; falta de exámenes médicos y de los procedimientos pre-ocupacionales de rigor. Para las nuevas autoridades, “muchos de los contratados presentaron su documentación en el Honorable Consejo Deliberante de Río Turbio, a través de Samir Zeidan -concejal y hermano del ex interventor- en sedes políticas y a punteros políticos”.

La demanda que recayó en el juzgado Federal 9, a cargo de Luís Rodríguez y de la fiscal Alejandra Mangano, pide que se investiguen los posibles delitos de asociación ilícita, abuso de malversación de fondos, violación de los deberes de funcionario público y peculado.