El presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso el proyecto de ley para la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la violencia y el acoso laboral. Fue uno de los puntos de la agenda de género de su discurso ante la Asamblea Legislativa pero quedó tapado, a pesar de su importancia, por la emoción del anuncio del proyecto de despenalización y legalización del aborto. Cuando entre en vigencia, el país deberá adecuar su legislación y tendrá rango constitucional, con el fin de prevenir y sancionar esa modalidad de violencia machista, que afecta mayormente a las mujeres y disidencias en sus espacios laborales.

Vergonzosamente, los empleadores argentinos se abstuvieron de apoyarlo, en la cumbre de la OIT, en Ginebra, cuando en 2019. El Convenio 190 contempla la extensión de lo que es lugar de trabajo: los mensajes de WhatsApp, lo que puede suceder en la calle entre trabajadorxs y sus superiores jerárquicos, o en un evento social vinculado al trabajo. Además, establece como regla en los procesos de reclamo, la inversión de la carga de la prueba, si procede, según el caso. “Sabemos que las situaciones de violencia y acoso laboral suelen ocurrir a puertas cerradas, sin testigos y es muy difícil para la víctima probar lo ocurrido. Este principio, que debe conjugarse con el derecho de defensa y el principio de inocencia, está expresado de forma novedosa y con clara perspectiva de género. Es decir, que basta con que la víctima aporte indicios de que sucedió lo que denuncia para que sea el denunciado quien deba probar lo contrario”, explicó a Página/12, la vicepresidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, Cynthia Benzion. Otro aspecto novedoso es que reconoce el impacto en el ámbito laboral de la violencia doméstica, es decir, la que sufre la trabajadora en su hogar y considera que el empleador debe tomar en cuenta esa situación.

El Convenio 190 se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales y alcanza tanto a trabajadores como trabajadoras -cualquiera sea su situación contractual-, pero reconoce que son ellas, las más expuestas a la violencia y al acoso laboral y sobre todo, las que se encuentran en situaciones más vulnerables, como quienes realizan tareas nocturnas o son migrantes.