“La gestión socialista se caracterizó por la injerencia de las corporaciones de la salud”, sostiene un extenso comunicado redactado y firmado por la Coordinadora Provincial Justicialista de Salud, en el que se critica que “grupos de poder e interés”, sin hacer referencia a ninguno en especial, tuvieron una participación activa en la dirección de la política pública insignia del Partido Socialista. “Fue como poner el lobo a cuidar el gallinero y es una realidad que debe ser corregida”, reclamó el colectivo del PJ. Por otro lado, cuestiona que la administración que dirigió Miguel Lifschitz realizó “una serie de nombramientos” antes del 10 de diciembre y pone el ojo en "el incumplimiento del horario y directamente las ausencias laborales de los médicos en el sistema público".

El documento lleva la firma de la Coordinadora de Salud del partido que ahora gobierna la provincia. Dicho espacio, explican sus mentores, es un “ámbito movimientista de encuentro y coordinación de cuadros político-técnicos” interesados en contribuir al análisis, la elaboración de planes, conceptos, lineamientos y proyectos en el ámbito de la Salud en general. La Coordinadora surgió como resultado de la autoconvocatoria de militantes y autoridades institucionales peronistas. Uno de los pilares conceptuales del grupo está basado en los lineamientos de Ramón Carrillo, considerado padre del sanitarismo en Argentina, acerca de las tres dimensiones de la Salud: asistencial, sanitaria y social.

La supuesta “injerencia” de corporaciones privadas en la estructura del Ministerio de Salud se dio, según el informe, mediante la participación de asociaciones profesionales en los departamentos de los hospitales y salas de especialidades de los efectores públicos, “regulando de esta forma el funcionamiento del subsector público en función de los intereses que representan y no en función del interés general del pueblo de Santa Fe”. 

”Esto fue como “poner el lobo a cuidar el gallinero y es una realidad que debe ser corregida –afirma el documento–". Y marca la cancha para adelante: "Esta es una responsabilidad directa del gobernador ya que el Ejecutivo es unipersonal y, si bien puede delegar funciones en el ministro de Salud, esta es una cuestión netamente política que por los poderes implicados le compete definir ya que es responsable de esta situación por acción u omisión”, ampliaron desde el PJ.

En esa línea, el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) es, según este grupo de técnico justicialistas, “la caja dorada codiciada y usufructuada” por las corporaciones privadas de la salud, los proveedores de medicamentos, en particular oncológicos, y las asociaciones profesionales. “Esta obra social, la principal de la provincia con más de 600 mil afiliados, no solo debe ser recuperada de la rapiña a la que fue sometida y saneado su staff administrativo y directivo, sino que también debería crearse una sinergia entre ella y el subsector público asistencial”, plantearon, en un punto que suena a demanda para la gestión que ahora lidera Omar Perotti.

Además de acusar al socialismo de nombrar personal sobre el cierre de la gestión, el peronismo confió que se destinaron partidas “en forma arbitraria” para favorecer jurisdicciones gobernadas por el propio partido de la rosa, como también se modificaron plazos eleccionarios “para utilizar su poder en el Estado y dejar enclavada su gente dentro del sistema”. En ese sentido, desde la coordinadora ya iniciaron “denuncias e impugnaciones que deben ser consideradas”. A la vez, denunciaron que se desmantelaron estructuras “en forma arbitraria en función de reorganizaciones dudosas y cuestionables”.

Por otro lado, pone sobre la mesa la situación laboral de “muchos” trabajadores del sector, que “desde hace años” se encuentran en condición de contratados sin el correspondiente pase a planta permanente y de “muchos otros” prestadores de servicio bajo la figura del monotributo, que son sometidos legalmente a “una situación de injusticia laboral”. Las críticas no solo van por ese plano, en el documento también se pondera la “vulneración” de los derechos humanos de los pacientes. De ese modo, se habla de la demora en la obtención de turnos de atención en particular; cuando los pacientes tienen obras sociales en muchos casos son “obstaculizados” por el médico para ser atendidos en el sistema público e inducidos a realizar la atención en el sistema privado en clínicas y sanatorios que “muchas veces pertenecen al mismo médico o grupo privado de salud en el cual trabaja”.

“Muchos médicos con cargos jerárquicos son los que más incumplen los horarios laborales, poniendo seriamente en riesgo la salud del paciente y colocando en una situación de ilegalidad al médico residente que se ve obligado a realizar la prestación programada siguiendo las órdenes y directivas jerárquicas. El incumplimiento del horario y directamente las ausencias laborales de los médicos en el sistema público no sólo pone en riesgo la salud de los pacientes y restringe la prestación asistencial sino que también es una estafa al erario público. Esta realidad debe ser firmemente revertida y sancionada”, cerró el informe.