La última semana el gobernador Miguel Lifschitz firmó el decreto 392 por el cual ordenaba la renuncia del subsecretario de Transporte Gustavo Peirano. El trágico accidente de Monticas y su responsabilidad en el contralor del área lo eyectaron del sillón que ocupó en la última década. Esta semana su jefe directo Pablo Jukic deberá enfrentar a los presidentes de bloque de Diputados para aclarar diversos puntos. Entre otros "si se ha realizado el sumario para deslindar responsabilidades de los funcionarios que debían ejercer los controles y verificar el cumplimiento de los servicios de transporte antes del cese de funciones del Ingeniero Gustavo Santos Peirano como Subsecretario del Transporte" según plantea en un pedido de informes el bloque Frente Justicialista para la Victoria. De igual manera los legisladores quieren saber si "previo al cese de funciones se instruyó la investigación para determinar la responsabilidad civil, penal y/o comercial que pudiera caberle a los funcionarios provinciales del área". "Desgraciadamente, hoy muchas familias se ven destrozadas tanto por la desidia de la empresa, como por la cuasi complicidad por falta de control debido de parte de las autoridades que debían hacerse responsables del tema" dijo a Rosario/12 el diputado Héctor Cavallero. "Para nosotros surge la directa e ineludible responsabilidad del ingeniero Peirano que ha sido dejado cesante sin que se sepa a ciencia cierta si con esa acción se lo libera de responder a las responsabilidades que le caben por haber estado a cargo de los controles, no desde fines del año 2015 como lo expresa el mencionado decreto 0392, sino desde mucho antes ya que desde hace casi una década ejerció esas funciones". "Lamentablemente, las autoridades a cargo que debían velar por la seguridad de los pasajeros tuvieron que esperar a que la cantidad de muertos y heridos que produjo el accidente de febrero las decidiera a tomar la medida que tendría que haber sido tomada mucho tiempo antes" apuntó el legislador.

Cavallero encontró en una breve recorrida de expedientes algunos puntos interesantes: por ejemplo que el decreto 392 con el que el Gobernador dejó sin efecto el nombramiento de Peirano, "no se hace ninguna mención a la posible responsabilidad del funcionario en su gestión, ni si se han efectuado los correspondientes sumarios a los fines de deslindar responsabilidad por la situación que vive el sistema de transporte de la Provincia, previo al cese de sus funciones". El accidente de Monticas del 24 de febrero que sería el motivo de su despido dejó un saldo luctuoso de 13 muertos, y "debería haber sido evitado si se efectuaban los controles debidos en el área a su cargo", remarca el diputado. Para el legislador "sin embargo, este hecho no fue una situación imprevista ni aislada, sino que fue la consecuencia de la falta permanente de controles que debía realizar la dependencia a cargo del Ingeniero Peirano".

 

"Transporte reconoce más de 150 infracciones graves de la empresa que quedaron sin sanción acorde al protocolo".

 

El documento del bloque -que integran además Silvia Simoncini, Germán Baccarella, Roberto Mirabella y Patricia Chialvo- reseña un sinfín de situaciones irregulares de la empresa tras los cuales se fijó el fin del servicio de dicha firma. "Con motivo de la verificación de reiterados incumplimientos de servicios y horarios, utilización de unidades no matriculadas y problemas de funcionamiento de las unidades en cuanto a confort y estado general del coche" se le caducó a licencia. Este decreto 367 no asume ninguna responsabilidad por la suma de situaciones ni se refiere al mencionado accidente. Solo expresa que "la Subsecretaría de Transporte ha tomado conocimiento de denuncias de usuarios, de las que surge, mayoritariamente, que el motivo de la queja está relacionado con la mala prestación de los servicios".

En tal sentido las autoridades de aplicación de controles reconocieron que en 2016 se hicieron "176 actas de infracción a Monticas por diversas causas". El propio Peirano en una entrevista a Radio Casilda reconoció que "existe un protocolo de caducidad que se maneja en la secretaria, que ante la primera intimación y el no cumplimiento se procede a una segunda y después si es causal para la caducidad del servicio". "Sin embargo -dice Cavallero- sus actuaciones lo desmienten ya que reconocían más de un centenar y medio de infracciones graves sin sanción acorde al protocolo".