Recientemente Amnistía Internacional publicó un informe que confirma una tendencia crítica para los Derechos Humanos en la región de las Américas, en particular, para aquellas personas que los promueven y defienden.

A nivel regional, Colombia, Honduras, México y Brasil son los países con las cifras más elevadas de homicidios de defensores y defensoras de Derechos Humanos.

En Argentina tenemos la suerte –y la desgracia- de contar con una historia que marcó fuerte nuestra sociedad y que impulsó la lucha de organismos como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio.

Estos organismos, que lideraron la defensa de los Derechos Humanos en contextos adversos de manera casi solitaria, lograron que hoy exista en nuestro país y en nuestra sociedad, un consenso en torno a la importancia de los Derechos Humanos, convirtiéndolo en un activo perteneciente a todas las argentinas y argentinos.

También debemos destacar la voluntad política de los gobiernos, que les dio a estos organismos un sostén necesario luego de años de luchar en soledad. Sobre todo la del gobierno de Néstor Kirchner, que pudo implementar y sostener en el tiempo una Política de Estado en materia de Derechos Humanos. Una política que continuó su compañera, Cristina Fernández, y que hoy el Presidente, Alberto Fernández, busca recomponer.

Sin embargo, cuando salimos de Argentina y analizamos la cuestión de los Derechos Humanos desde una perspectiva regional, el panorama es otro.

Cuando observamos las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, se evidencia el contexto crítico que asistimos, con desafíos y amenazas tanto a nivel institucional como a nivel personal en varios países de América Latina.

En Guatemala, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordan Rodas Andrade, ha atravesado difíciles momentos estos últimos meses. Ante acciones y recomendaciones elaboradas contra políticas del gobierno, el Procurador comenzó a sufrir hostigamientos, que fueron desde intentos de destitución hasta el desfinanciamiento de la Institución, impidiéndole depositar los salarios de diciembre de sus trabajadores. Recién con el cambio de gobierno en enero de este año se pudo viabilizar un camino para la normalización de la institución.

En Ecuador, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, tuvo días agitados durante las protestas que se llevaron a cabo a fines del 2019 en ese país, en la que la represión policial dejó más de 1300 heridos y 8 fallecidos. Luego de su ejemplar accionar en defensa de los derechos de los manifestantes, el Defensor se enfrentó a campañas de desprestigio y amenazas, no sólo a la institución que preside, sino también a su integridad y la de su familia, como sucedió con una amenaza de bomba en su propia casa.

En Chile, la Institución Nacional de los Derechos Humanos vivió una situación similar durante los meses de protestas, en las que observaba el accionar de las fuerzas represivas, pero también publicaba periódicamente la cantidad de heridos y detenidos, que permitían realizar un seguimiento de las protestas y las consecuencias del accionar policial. El INDH sufrió ataques frente a sus oficinas con panfletos y una duplicación de su cuenta de la red social Twitter con el objetivo de afectar su credibilidad.

En Bolivia, la Defensoría del Pueblo, a cargo de Nadia Cruz Tarifa, tuvo las mismas consecuencias luego de su accionar frente a las manifestaciones de protesta, antes y después del Golpe de Estado. Ahora, a casi dos meses de las elecciones, buscan reemplazarla e impedir su labor de supervisión de las mismas.

En nuestro país, también la política tiene una deuda pendiente, que esperamos se logren los consensos para saldarla, en la que hace más de 10 años que no se designa a una o un Defensor del Pueblo de la Nación.

Si a todas estas situaciones le quitamos el paraguas institucional. ¿Cómo es la realidad de las lideresas y líderes que defienden los derechos humanos en la región?

Desoladora. Tal como exhibe el informe de Amnistía Internacional.

Tan sólo recordar los casos de Berta Cáceres, en Honduras (foto); el femicidio de Isabel Cabanillas de la Torre, en México; el reconocido caso de Marielle Franco, en Brasil; las decenas de líderes y lideresas asesinadas en Colombia luego de la desmilitarización, dejándonos imágenes de niñas y niños huérfanos, llorando y golpeando sin entender por qué.

Sin dudas queda aún un largo camino por recorrer en la senda de los Derechos Humanos. Una agenda que, sin dudas, va a tener que considerarse seriamente en los procesos de integración regional a futuro.

Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador.