Creado por Ley, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura que se encargará, entre otras cosas, de velar que no se vulneren los derechos humanos de personas privadas de su libertad, debía comenzar a funcionar plenamente este año. Pero desde el área económica del Ministerio de Gobierno de Salta, expresaron que no será posible hasta tanto se apruebe el presupuesto 2020, porque no existen partidas para designar a sus integrantes o cualquier otro gasto que implique.

Esta respuesta fue dirigida desde el Servicio de Administración Financiera de la cartera que encabeza Ricardo Villada, a la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, que había solicitado la designación de los tres miembros que ya fueron seleccionados.

La funcionaria se había reunido a fines de enero junto con Villada, con representantes de organismos de DDHH , quienes le plantearon la necesidad de designar por lo menos a los tres miembros ya elegidos, para que se ponga en marcha.

En esa oportunidad Cristina Cobos, futura integrante del Comité que estuvo presente en el encuentro, señaló que el ministro no estaba al tanto de este tema, por lo que se lo explicaron y Villada dijo que lo iba a considerar. En tanto Reyes se comprometió a invitar a Diputados y al Senado para que seleccionen a sus representantes.

El Comité fue creado por ley en 2012, en esa oportunidad lo integraban 10 miembros en carácter ad honorem, pero nunca tuvo un funcionamiento continuo.

Por ello, en el 2017 se sancionó la nueva Ley 8024, que modificaba la composición y profesionalizaba al Comité, en tanto que los cargos ahora serían rentados y de dedicación exclusiva.

Los integrantes surgen de un concurso público, dos de ellos son elegidos por las organizaciones de Derechos Humanos, uno por el Ejecutivo Provincial, uno el Senado y otro Diputados.

A principios del año pasado el gobierno de Salta lanzó los concursos para seleccionar a su representante y a los dos representantes de los organismos. Aunque fue invitada, la Legislatura prefirió no realizar todavía su concurso. 

El abogado Ricardo Nioi, ex director provincial de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, fue seleccionado por el Ejecutivo, mientras que el también abogado Rodrigo Sola y la especialista en archivología y militante de derechos humanos Cristina Cobos fueron seleccionados por los organismos de DDHH. 

Una vez elegidos, concluyeron en que el comité con tres miembros ya podía funcionar plenamente, hasta tanto se complete con los dos integrantes que aún faltan. Por ello solicitaron al gobernador Juan Manuel Urtubey que los designe, pero el gobierno saliente demoró este trámite con el argumento de que esa medida estaba atada a la aprobación del presupuesto 2020 , idéntica explicación a la que recurrieron ahora desde el gobierno.

La nota firmada por el titular del Servicio de Administración Financiera del Ministerio de Gobierno, Alejandro Casal, además de advertir a Reyes que no será posible designarlos, expresa que ya existen las partidas establecidas en el anteproyecto del presupuesto de este año, pero que primero tiene que ser aprobado en la Legislatura, a la cual todavía no fue enviado.

El Comité tiene la tarea de examinar periódicamente el estado de reclusión de las personas privadas de su libertad en lugares de detención, con miras a fortalecer la prevención de hechos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como detectar y denunciar su existencia.

También puede hacer recomendaciones a las autoridades competentes con el objeto de mejorar el trato y tiene potestades de adoptar  medidas especiales urgentes para el cese del mal trato y su posterior investigación, así como también para la protección de las víctimas frente a las posibles represalias o perjuicios de cualquier tipo que pudiera afectarlos.

En cuanto al aspecto económico la propia ley 8024 expresa que se le asignarán anualmente para su funcionamiento partidas que no serán inferiores al 0.5 % del presupuesto anual del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Salta. 

Dicha premisa es la que estaría contemplada en el anteproyecto presupuestario del  2020 tal como se menciona en la nota firmada por Casal.