La Legislatura de Jujuy, el juez federal porteño Julián Ercolini y el Registro Civil de San Pedro, ajustaron los grilletes que desde hace catorce meses aferran a Milagro Sala y continuaron escribiendo una historia oficial alejada de la verdad. La Comisión Acusadora de la Legislatura rechazó sin abrir a investigación la denuncia presentada por Milagro Sala y por el diputado Juan Manuel Esquivel por la colusión entre la presidente del Superior Tribunal, Titina Falcone, el gobernador Gerardo Morales y el por entonces representante internacional de Derechos Humanos de la Cancillería Leandro Despouy, para engañar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y conseguir que consienta la detención arbitraria e ilegal de la fundadora de la Organización Barrial Túpac Amaru. La decisión se tomó por 20 votos contra dos. La denuncia se basó en los mails publicados en esta página el 15 de enero y dio lugar tanto a la solicitud de juicio político de Titina Falcone como a una causa penal en Comodoro Py.

Esos mensajes fueron remitidos desde el estudio Gil Lavedra, como apoderado del contador Morales, a la presidente del Superior Tribunal, al fiscal de Estado Mariano Miranda y a Despouy, proponiéndoles una reunión en febrero para coordinar el modo de conseguir que la CIDH reviera su solicitud de libertad inmediata de Milagro Sala, por la arbitrariedad de su detención. Los mails mencionan una reunión previa con el mismo fin realizada en diciembre. Ercolini se declaró incompetente con la velocidad del rayo y remitió la denuncia presentada por indicación de Milagro Sala por su abogada Elizabeth Gómez Alcorta a la justicia federal jujeña, pese a que Despouy era un funcionario del gobierno nacional con sede en la Capital Federal y que los mensajes fueron enviados desde el estudio porteño del ex juez, ex ministro y ex diputado Ricardo Gil Lavedra, el estratega de las maniobras de Morales para convalidar la detención arbitraria de Milagro Sala. Como juez Gil Lavedra firmó al concluir la dictadura fallos en defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos contra las arbitrariedades del poder. Como abogado asesora sobre la mejor forma de eludirlos. 

De acuerdo con el reglamento de la Legislatura el juicio político debía tramitarse en las sesiones ordinarias que se inician el 1º de abril, pero el gobierno del contador Gerardo Morales convocó a una sesión extraordinaria para archivarla sin investigar, pese a que la Constitución provincial de 1986 detalla un procedimiento de 90 días hábiles con intervención de una sala Acusadora, una Comisión Investigadora y una sala Juzgadora, cuyos procedimientos son públicos. El miércoles 8 los cinco miembros de la Comisión Investigadora recomendaron el archivo a la comisión Acusadora. Durante el brevísimo debate, los integrantes de la mayoría automática (que incluye al socialista y ex radical Ramiro Tizón) afirmaron que la prueba era inconstitucional porque provenía de la violación de correspondencia privada, se preguntaron con qué servicios o métodos fue conseguida y como ejemplo de métodos irregulares para conseguir pruebas mencionaron la tortura. También sostuvieron que no iban a permitir una cacería de brujas, dentro de la que englobaron mis notas sobre Titina. El legislador tupaquero Ariel Ruarte respondió que eran ellos quienes sometían a Milagro a la hoguera y que tan constitucional e importante como la inviolabilidad de la correspondencia eran la República y su división de poderes. Ruarte recordó que en mi última nota anticipé que si la Comisión me citara a declarar revelaría cómo obtuve el mail, por medios lícitos. Pero en los corruptos tres poderes jujeños nadie está interesado en saber, y menos en que se sepa. Por eso, la Legislatura resolvió que tampoco hubiera versión taquigráfica de la sesión en la que los compañeros lavaron el buen nombre y honor de la Bruja Titina y corrieron a escobazos a los alborotadores.  Los mandobles llegaron hasta San Pedro de Jujuy, donde está archivada la partida de nacimiento del hijo ajeno que la operadora judicial de Morales para la detención de Milagro Sala inscribió como propio. Titina habló con el jefe del Registro Civil de la provincia, quien ordenó a la jefa de la delegación San Pedro que no permitiera fotocopiar una vez más la prueba del delito. Y no hay escribanos en San Pedro que se animen a certificar lo que todos saben, para evitar que aparezca una inscripción marginal arguyendo cualquier disparate que enturbie la transparencia de esta supresión de la identidad y ocultación de un menor de diez años (artículos 139 y 146 del Código Penal) que tienen penas de reclusión o prisión de hasta 15 años.