El viernes a la noche, tras el fracaso de la negociación y el anuncio del Frente Gremial Docente de retomar el plan de lucha, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, anunció que dictaría una nueva conciliación obligatoria para frustrar la medida de fuerza. El funcionario aseguró que un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata hizo lugar a un recurso del Ejecutivo bonaerense contra la decisión del juez Luis Arias, quien había anulado la conciliación dispuesta el viernes pasado al cuestionar que el gobierno de María Eugenia Vidal fuera juez y parte en el conflicto. A la medianoche, cuando los portales comenzaban a difundir la explicación oficial, el propio Arias criticó la decisión judicial desde su perfil de Facebook. “Para que no queden dudas, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata no ‘revocó’ mi fallo acerca de la conciliación obligatoria, sino que, en un trámite inaudito y fuera de todo marco procesal, ‘suspendió’ la medida sin expedirse al respecto, tal como lo hizo con el aumento tarifario y otros fallos de mi juzgado”, escribió. “Los suspende, pero no decide, deja la controversia en un limbo, violando todos los plazos procesales. Lo aclaro, porque mañana seguramente será motivo de diversas operaciones de prensa”, se anticipó.
Arias argumentó en su resolución que el derecho de huelga no puede tener ninguna penalidad si no es declarado ilegal y recordó que la Constitución provincial establece que los conflictos entre estatales y gobierno deben ser resueltos por un tribunal independiente. Ese tribunal nunca se creó, pese a que la propia Corte Suprema bonaerense exhortó hace cuatro años a los poderes Ejecutivo y Legislativo. “El Poder Ejecutivo no puede actuar como juez y parte, porque el gobierno es parte del conflicto con los estatales; en consecuencia, no puede disponer la conciliación obligatoria, no puede disponer ninguna medida porque eso lo tiene que resolver un tribunal que no existe”, explicó. “De ninguna manera el ejecutivo puede adoptar ninguna medida en perjuicio de los docentes, porque esto tiene que ser decidido por un tribunal independiente”.
