En su mensaje del 1° de marzo, el Presidente anunció su intención de impulsar una nueva ley de educación superior. Lo cierto es que la 24.521 ya tiene un cuarto de siglo y es necesario analizar sus resultados y cómo mejorarla. En sus inicios, esta norma fue muy resistida dado el contexto en el que se dictó. Luego fue teniendo una aceptación cada vez mayor y, si bien hay expresiones aisladas en su contra, ha contribuido decididamente a conformar un sistema universitario.
Sin embargo, hay desafíos pendientes de larga data que no ha resuelto y deberíamos ver si una norma jurídica puede ayudar a resolver algunos:
1. Deserción en grado y posgrado. Indudablemente, el camino es lograr mayor cantidad de egresados y no menor cantidad de ingresantes, para que los porcentajes nos den mejor.
2. Articulación entre sistema universitario y educación secundaria. El capital cultural de nuestros ingresantes tiende a ser paupérrimo. ¿En qué podremos contribuir?
3. Estructura presupuestaria injusta dentro del sistema universitario público. Cuando se observan presupuestos por alumno, bibliotecas, comedores, aulas, laboratorios, encontramos injusticias enormes.
4. Carreras imprescindibles para nuestro futuro que tienen poca matrícula. Todas las carreras son necesarias, pero ¿en qué proporciones? Hoy las ingenierías están muy por detrás de lo que necesitaremos, si Argentina avanza. Otro tanto ocurre con las carreras de enfermero o las dedicadas a las ciencias agrarias.
5. Divorcio entre la institución que crea una carrera y el órgano que la financia. Ha de corregirse esta dualidad. Entiendo que para el nacimiento de nuevas carreras debería contarse con el acuerdo del Ministerio de Educación.
6. Existencia de profesores ad honorem, mecanismo utilizado para lograr financiamiento a partir de situaciones sobrevivientes y que lleva a una explotación de nuestros docentes.
7. Sistemas de ingreso excesivamente heterogéneos. Esta diversidad está expresando que nuestras universidades todavía conforman un sistema muy labil.
8. Colonización de las carreras acreditables por parte de las corporaciones profesionales. Las exigencias de lo que debe estudiarse en cada carrera no debe provenir de los respectivos colegios profesionales.
9. Sistema de acreditación que no asigna centralidad a los resultados de la enseñanza. El actual esquema de estándares basado en análisis de insumos y procesos, además de ser muy pesado y sobre el cual ya las universidades hemos “aprendido” cómo sortearlos, debe dar paso a un esquema más centrado en los resultados de la enseñanza.
10. Sistema de acreditación que tiende a homogeneizar excesivamente los planes de estudio. El actual esquema dificulta mucho la renovación de planes de estudio, los caminos novedosos en los mismos, y tiende a unificar los contenidos de cada carrera, en oposición al avance incesante del mundo científico.
11. Confusión entre los órganos deliberativos y ejecutivos dentro de las universidades. Dada la complejidad actual de nuestras instituciones, el cogobierno hoy exige una clara distinción entre las tareas de gestión cotidianas y las tareas de elaborar normas y planes propias de los órganos deliberativos.
12. Falta de paridad en materia de género en los órganos de gobierno. El avance femenino en la composición de la matrícula (cuestión que deberíamos también atender) no se refleja en los órganos de gobierno.
13. Mejora de la educación superior no universitaria para su actualización y elevación de su calidad. A pesar de su título, la ley 24.521 no ha logrado avances significativos en esta área tan sensible para la docencia en la educación secundaria.
14. Desarrollo insuficiente de la educación virtual. Todos, todo el día con el celular. Sin embargo, nuestras instituciones todavía tienen una dinámica que no aprovecha adecuadamente estas nuevas herramientas.
15. La experiencia del consejo de universidades para resolver cuestiones referidas al mundo de la educación superior ha sido una experiencia muy lenta. La norma debería establecer mecanismos más agiles.
16. Agilizar la dinámica del organismo de acreditación. Prácticamente el 90 por ciento de las carreras son objeto de acreditación público lo cual hace que una parte importante de la universidad trabajé para la acreditación en lugar de que la acreditación ayuda al sistema.
Seguramente esta lista de desafíos no es exhaustiva, pero creo ayuda a analizar los problemas que tenemos por delante, sin que por ello creamos que una norma jurídica lo puede todo.
Soy de los que creen que la educación es lo que son sus docentes. Sócrates no tenía tablets ni pizarrones electrónicos. Después de todo, lo que da, mejor dicho, lo que debe dar la universidad, es enseñar a pensar. Hoy los contenidos están en el mundo virtual. La cuestión es lograr profesionales al servicio de nuestro país y nuestro pueblo, que sepan pensar por sí mismos en función de las necesidades de todos. Las herramientas, las normas, la infraestructura ayudan, pero no resuelven.
* Rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche
